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Durante una prolongada reunión de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Acción y Salud Pública que se extendió más de cuatro horas, los diputados avanzaron este jueves con el proyecto de ley sobre marco normativo destinado a la protección de la Salud Pública estableciendo las medidas sanitarias generales de prevención, contención y disminución de los casos por Covid-19. La iniciativa otorga facultades especiales al presidente y los gobernadores para tomar medidas de acuerdo a la situación sanitaria, determinada por el número de casos de Covid-19.

Durante la reunión se firmó un dictamen de mayoría que cosechó 36 rúbricas, correspondientes al Frente de Todos y al diputado Eduardo “Bali” Bucca, que firmó en disidencia parcial. El dictamen de minoría tuvo 32 firmas, de Juntos por el Cambio y Beatriz Avila, en tanto que Graciela Camaño anticipó la presentación de otro dictamen.

El encuentro, que originalmente se iba a desarrollar en el mismísimo recinto, tuvo lugar finalmente en el Anexo de Diputado, con un arranque bastante tardío respecto de la hora acordada. En efecto, con 40 minutos de atraso el diputado pampeano Hernán Pérez Araujo -titular de Asuntos Constitucionales- dio inicio a la reunión, pidiendo -sin mayor éxito- moderación en el uso de la palabra.

A continuación, el titular de Salud, Pablo Yedlin, defendió el proyecto, recordando el inicio de la pandemia, con “un sistema de salud que se encontraba debilitado” y destacó la aprobación legislativa de todos los DNU admitidos hasta el presente. Apuntó además que desde la oposición se pedía siempre una norma que permitiera tratar el tema de las restricciones en forma de ley. Atendiendo a ello, y a la judicialización de uno de los últimos decretos, destacó la intención oficial de apelar ahora a una ley.

“Básicamente el proyecto define un semáforo epidemiológico de gravedad creciente, para que las restricciones a la población tengan una lógica sanitaria”, reiteró Yedlin, puntualizando a continuación las características de la norma. “No hay en la delegación de facultades un intento de saltear la autoridad real, sino todo lo contrario: poner en blanco sobre negro cuales son los indicadores en donde las provincias” definen qué hacer, aclaró el tucumano, que a la hora de dar ejemplos, sostuvo que indicadores de distritos opositores como CABA y Mendoza vienen “dando en descenso”.

“Lo que tenemos que intentar hacer entre todos es tener la menor cantidad de enfermos y muertos por esta enfermedad; el objetivo de esta ley va en ese sentido”, precisó Yedlin, admitiendo que el índice de mortalidad en nuestro país “lamentablemente es alto”. Y en ese sentido advirtió que “la peor provincia argentina en mortalidad es CABA. Tiene 302 muertos por cada 100 mil habitantes, muy por arriba de las siguientes”, precisó sobre el final de su exposición en la que buscó dejar claro que esta ley “no delega superpoderes en nadie”.

La diputada María Luisa Montoto (Frente de Todos – Santiago del Estero) señaló que “este es un Gobierno de consenso al cual me enorgullezco de pertenecer”, y se preguntó “¿a quién se le ocurre que el Gobierno quiera cerrar las escuelas?”, llamando por el contrario a “buscar el aporte positivo” en este debate.

La radical Soledad Carrizo (Córdoba) consideró “nefasta la decisión de no tener clases”, por lo cual “siento que hay una sensación de importancia, de utilizar este micrófono para decirles a los argentinos que esta ley que se intenta plantear con buenas intenciones no puede ir en contra de las reglas constitucionales”. “Está evidenciado que esta ley lo que busca es generar un maquillaje para seguir otorgándole superpoderes al Poder Ejecutivo Nacional, y de este lado no van a encontrar acompañamiento”, garantizó.

El jefe del bloque Coalición Cívica, Juan Manuel López, consideró al oficialismo “una máquina de proponer conflictos”, aunque le concedió al Frente de Todos que “es difícil elegir el modo de regular esto”. Pero  aclaró que “con el conflicto no lo van a poder regular”. Y remarcó que “el principio, la regla, es la libertad; incluso en el estado de excepción”.

“Siempre se caracteriza el kirchnerismo por, en envases edulcorados, perfumados, mostrarnos su peor rostro -arrancó diciendo el diputado Jorge Enríquez (Pro – CABA)-. Hablaron, cuando estaba vivo Néstor Kirchner, de ‘Concertación Plural’, y lo que querían era ‘concentración singular’; hablaron de ‘democratización de la justicia’, y lo que querían era ‘cooptación de la justicia’; hablaron de ‘sintonía fina’, era ‘ajuste salvaje’. Y hoy bajo este edulcorado nombre: ‘Parámetros epidemiológicos y sanitarios regulatorios de la emergencia Covid-19’, la pucha… superpoderes, la suma del poder público”.

El radical Fabio Quetglas pidió reflexionar sobre cómo se gestionó la pandemia, e hizo comparaciones por ejemplo con Australia, que tuvo “40 veces menos de muertos”. “Salimos con la bandera de decir ‘el Estado te salva’ y sabemos que es hipócrita porque sabemos que los ministros y los secretarios bajan las palancas y el Estado no funciona”, comentó.

Otro radical, Alejandro Cacace (San Luis) se quejó de la dispersión en materia de testeos entre las provincias argentinas, señalando que ese error se extiende a la letalidad, porque la capacidad para detectar los casos e informarlos desde las provincias es muy dispar. Y esto lleva a que aquella provincia que tiene menor capacidad para detectar los casos, testear y reportar, termina teniendo -no deliberadamente, claro, pero a partir de esta falencia- una subdeclaración en esos casos informados y a partir de eso no es consignada en las zonas de mayor riesgo epidemiológico y por ende tiene menos restricciones”. Dio ese ejemplo para exponer sus reparos a la norma, al remarcar que aquellas provincias con menos capacidad de detección y de reporte de los casos quedarían fuera del foco de riesgo epidemiológico “porque simplemente no fueron capaces de confirmar sus casos.

Silvia Lospennato (Pro – Buenos Aires) puso énfasis en las dificultades de la educación virtual. “Hay muchos chicos sufriendo en la Argentina por no ir a la escuela”, remarcó la legisladora en el mismo sentido de lo expresado al inicio de la reunión, recordando que en la provincia de Buenos Aires “hace un año y medio que estos chicos están en esa situación”.

Con relación a la ley debatida, aclaró que “no da muchas certezas”, siendo la única que a su juicio daba es que el artículo que dice que a partir de la sanción de esta ley, los pocos chicos que hoy asisten en algunas jurisdicciones a las clases presenciales, se van a quedar sin ellas. Hay una certeza para los chicos de la Ciudad de Buenos Aires y seguramente para los de otros distritos del país de que si se sanciona esta ley se van a quedar sin clases presenciales. Eso sí es cierto y está escrito en esta ley. Ninguna interpretación se necesita para saber que esta es una ley para cerrar escuelas”.