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Una directora general que tuvo su primera experiencia en el organismo a los 68 años, su yerno y el hermano con sueldos que rondan los 400.000 pesos, un sistema informático -María o Malvina- que hace tres semanas se cayó, brote de COVID-19 en el Aeropuerto de Ezeiza, escaso o nulo control en puntos fronterizos clave. A pesar de las expectativas que despertó originalmente el cambio de gobierno, la Aduana conducida por Silvia Traverso, e indirectamente por la administradora federal Mercedes Marcó del Pont, se caracterizó hasta ahora por incidentes que la alejan de lo que podría considerarse una gestión exitosa.

En esa línea, acaba de sumar una decisión que al kirchnerismo de otra época, con la inflación desatada y los supermercados con poca actitud colaborativa, no se le hubiera pasado: le habilitaron un depósito fiscal a la cadena Coto, cuyo dueño es el homónimo Alfredo Coto. A pesar de un antecedente que tuvo gran repercusión mediática. En noviembre del 2018, “Don Alfredo” y su hijo -Germán Alfredo- fueron procesados por el arsenal de armas que se encontró en una sucursal de Caballito. Además, el juez federal Sebastián Ramos los embargó por 3 millones de pesos, acusándolos de “tenencia ilegítima de materiales explosivos, inflamables, asfixiantes, tóxicos o biológicamente peligrosos, sin la debida autorización legal o sin que medien razones que justifiquen dicha tenencia”.

En su declaración indagatoria por esta causa, iniciada en mayo de 2017 por los fiscales Franco Picardi y Jorge Di Lello (recientemente fallecido), Alfredo Coto se excusó diciendo que las armas se las guardaba a las fuerzas de seguridad ante la posibilidad de eventuales saqueos. Una posibilidad más propia de crisis profundas y barrios marginales, no de Caballito. En el depósito de Paysandú al 1800 se encontraron sin declarar 227 granadas, 41 proyectiles de gases, 27 armas de fuego y 2 de lanzamiento, 3.886 municiones, 14 chalecos antibala, 22 cascos tácticos sin número visible, un silenciador y 9 escudos antitumultos.

. Legalidad dudosa y torpeza política

De acuerdo al Código Aduanero, no corresponde otorgarle un depósito fiscal a personas físicas o jurídicas que hayan sido judicialmente procesadas, como es el caso de Germán y Alfredo Coto. Sin embargo, la última disposición general sobre depósitos fiscales, vigente desde 2018, no establece nada específico sobre el tema. La misma puede leerse completa en este link: https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-4352-2018-317312/texto

Por otra parte, el procesamiento de fines del 2018 recayó sobre Germán y Alfredo Coto, mientras que la razón social del nuevo depósito fiscal habilitado es Coto Centro Integral de Comercialización S.A. En definitiva, hay argumentos para negarle el depósito fiscal a Coto, como también para otorgárselo. La Aduana de Marcó del Pont y Traverso eligió este último camino.

La resolución correspondiente, del 4 de marzo pasado, detalló que la decisión se tomó sobre la base de un informe, un memorándum, notas y distintos documentos de la Aduana. Entre las divisiones que favorecieron esta decisión se cuentan la Dirección de Gestión del Riesgo y la División Control Operacional. También la subdirección Técnico Legal Aduanera, la División Dictámenes en Régimen Tributario Aduanero y el Departamento Asesoramiento Aduanero de la Dirección de Asesoría Legal Aduanera. 

Según la resolución, de acuerdo a lo que expresaron estas áreas de la Aduana, y especialmente la subdirección de Asuntos Jurídicos, “se encuentra debidamente acreditada la legitimidad de la representación legal invocada en autos”, por lo cual “dicho servicio jurídico no tiene objeciones que formular para dar continuidad al trámite de habilitación del depósito fiscal particular” de “Coto Centro Integral de Comercialización S.A. (CUIT N° 30-54808315-6), ubicado en la calle Los Andes 1381, de la Localidad de Monte Grande”, que posee más de 5.300 metros cuadrados.

Hasta ahí lo formal. La cuestión es cómo se hubiera comportado la Aduana en otra época. Por ejemplo a fines del 2005, cuando el presidente Néstor Kirchner acusó a Alfredo Coto de “cartelizador de precios”, y luego lo tuvo varios años colaborando con las políticas implementadas desde la Secretaría de Comercio Interior que condujo Guillermo Moreno y luego Augusto Costa.

. Quiénes le habilitaron el depósito fiscal

A diferencia de esas épocas, muchos funcionarios aduaneros con cargos importantes tiene poca trayectoria en el organismo, y sus comportamientos no difieren mucho de la época en la cual presidía el país Mauricio Macri. En este caso, la responsabilidad más importante recae sobre la subdirección General de Técnico Legal Aduanera, a cargo de Germán Eduardo Muiño, sin cuya aprobación Coto no tendría su depósito fiscal. 

Cada vez más, circula en la Aduana la versión según la cual los “solucionados de problemas” son Muiño y Rodrigo De Dios, director de Reingeniería de Procesos Aduaneros. Tanto Muiño como De Dios comparten dos características. Por un lado, llegaron a la Aduana recomendados por el kirchnerismo, y rápidamente se hicieron “traversistas” (por Silvia Brunilda Traverso) de la primera hora. Además, amparados en el paraguas político de la vicepresidenta, reciben a todas las empresas que necesiten zanjar algún problema. Entre ellas, el supermercado al cual hace algunos años se le descubrieron armas en un depósito.

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