La china Gezhouba sobrefacturó compras para las represas de Santa Cruz, pero la Aduana considera que no hay infracción

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La obra es fundamental para el país: dos represas sobre el Río Santa Cruz -se llamarán Presidente Néstor Kirchner y Gobernador Jorge Cépernic- que le sumarán al Sistema Interconectado Nacional (SIN) 1.740 megavatios de potencia, casi el 5% de la generación eléctrica nacional. El consorcio que ganó la licitación en 2013, compuesto por el gigante chino Gezhouba, Electroingeniería e Hidrocuyo, la obtuvo ofertando un presupuesto por debajo del oficial: $ 22.295 millones, casi u$s 2.600 millones de aquella época. 

Pero (siempre la parte más interesante arranca luego del pero) desde el 2015 la Aduana investiga sobreprecios de 20% sobre insumos, partes, piezas y maquinarias que se importan desde China. Esta típica historia aduanera lleva cinco años, tres voluminosos cuerpos de expediente, por lo menos dos funcionarias desplazadas, y un giro sorpresivo en los últimos tiempos. 

La División de Empresas Vinculadas de la Aduana detectó que efectivamente hay sobreprecio. Pero, como el mismo se dedujo luego que la propia Gezhouba lo advirtiera -o autodenunciara- al comienzo de la obra, considera que no hay infracción al famoso artículo 954 del Código Aduanero. En consecuencia, lo pasó a la subdirección general de Fiscalización de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a cargo de un inexperto -no lleva ni siquiera un año en el organismo- Julián Ruiz. Es decir, el expediente parece estar a un paso de ser desechado.

Pagar de más, sin que sea considerado infracción

El expediente se abrió en julio de 2015, cuando a través de una autodenuncia, la UTE constructora de las represas advirtió que su accionista más importante, el gigante chino Gezhouba, se compraría parte de las maquinarias e insumos necesarios para la obra a su propia casa matriz, ubicada en China. De esta forma, se pagaría a sí misma algunos bienes a un precio 20% superior al precio de mercado. 

El artículo 954 del Código Aduanero establece que hay infracción cuando se “efectuare una declaración que difiera de lo que resulte de la comprobación (…) y que haya una transgresión de un importe pagado o por pagar”. Con el argumento de la autodenuncia, y que no hubo salida de divisas debido a la sobrefacturación, la División de Empresas Vinculadas acaba de decidir que no hay infracción ni delito aduanero. Pero, como quizás no sea lo mismo con los impuestos dependientes de la Dirección General Impositiva (DGI), le giró el tema a la subdirección de Fiscalización, para que allí se tome la decisión final. 

Una obra con idas y vueltas, como la investigación

Las represas arrancaron, se pararon durante los primeros años de la presidencia de Mauricio Macri, se reactivaron hacia el final de la misma, y ahora se trabaja a todo ritmo. En el medio de todo ello cambió la composición accionaria, quedando Gezhouba con la mayoría accionaria; desplazando en parte a Electroingeniería aprovechando que uno de sus dueños -Gerardo Ferreyra- estuvo preso por la “Causa Cuadernos”; tomando los chinos el control de todos los costos y compras. Entre ellos, los que investiga la Aduana. 

La investigación de la Aduana sobre Gezhouba, que arrancó en 2015, comenzó como la unión de 13 sumarios de “investigación de valor”, como se llama a la sospecha de sub o sobrefacturación en importaciones o exportaciones. Esos sumarios se sustanciaron en la División de Empresas Vinculadas, un área de la Aduana que funciona en su sede central, el histórico edificio de Azopardo, entre Belgrano y Moreno. En tanto que los 13 sumarios se unificaron en el expediente 13681-148-2015. 

La investigación, llevada adelante por una funcionaria de carrera, avanzó fuerte en 2016. Hasta que tomaron intervención Pablo Allievi, subdirector general de Control Aduanero (jocosamente, los empleados del organismo le decían Descontrol al área), y el primer titular de la Aduana en la Era Macri, Juan José Gómez Centurión. Justo los dos apuntados internamente por la famosa causa “Mafia de los Contenedores”. También habría intervenido el coronel retirado Federico Sidders, que formaba parte del esquema de inteligencia que armó Elisa “Lilita” Carrió, aliada pública de Gómez Centurión, en la Aduana.

Tras la intervención de Allievi, Gómez Centurión y Sidders, el tema se frenó, y la funcionaria que llevaba adelante la investigación fue separada de la misma. Con las represas de Santa Cruz apenas avanzando, todos se olvidaron del tema. Hasta que una breve publicación periodística reactivó el tema. “Nos vino bien, porque si no, el tema prescribía a fin de año, y merece ser investigado”, confesó una fuente de la Aduana involucrada en el tema.

Los chinos, el socio desplazado, y un capitán de marina mercante

La obra, un proyecto de larga data para aprovechar el caudal del río Santa Cruz, fue ganada por Gezhouba, Electrocuyo y Electroingeniería. Esta última empresa fue la que más impulsó el tema, de la mano de su socio Gerardo Ferreyra, un emaoísta que compartió cárcel con Carlos Zannini y tiene vínculos con la República Popular China. Se suponía que tener a Electroingeniería dentro de la UTE le otorgaba cierto control al país, pues los chinos ofrecieron financiar la obra, pero finalmente la paga el Estado Nacional.

Durante la presidencia de Macri, Electroingeniería comenzó a arrastrar problemas judiciales, que culminaron con Ferreyra preso, y ufanándose de no arrepentirse de nada, por la Causa Cuadernos. Los chinos aprovecharon el gobierno de Macri, cuyo padre tuvo muchos vínculos con ese país, para quedarse con más porcentaje de la obra, desplazando a Electroingeniería. En privado, Ferreyra se queja porque sintió que le soltaron la mano; pero en público defiende a Gezhouba.

Con Ferreyra preso y Electroingeniería perdiendo participación, este gigante corporativo chino abarcó todas las fases del proceso importador: es el que vende, embarca, factura, como también el que compra. Paga el Estado Nacional argentina. Un tema que al gobierno de Macri no lo desveló ni un poquito. “Ellos presentan certificados de avance de obra y cuánto gastaron para llegar a eso, luego paga el Estado Nacional”, apunta alguien que conoce muy bien la operatoria. El director de Suministros, cargo clave para todo el proceso, sería Sergio Vidas, un capitán de barco de la marina mercante. 

Algunos dicen que es contramaestre primero, y no llegó a recibirse de capitán de ultramar. Pero el propio interesado afirma que sí. Vidas, que responde a un chino cuyo apellido es Xion, manejaría además la logística entre llegada al puerto y a la obra. “Camiones, puertos, aeropuertos, todo está a cargo de él. Hubo peleas en Santa Cruz porque sólo entraban camiones de una firma”, agrega la misma fuente. El tema inclusive fue publicado en la prensa local. 

En definitiva, toda la parte de suministros, controladuría y finanzas está en manos de los chinos. Para los argentinos sólo quedó la dirección de la obra.