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Por desgracia, indiosincracia, ser nacional, o la explicación que se prefiera, los sobreprecios pueden ser una realidad habitual en las obras públicas. Sin embargo, admitir los mismos mediante una especie de autodenuncia, ante la Dirección General de Aduanas, es una excepcionalidad que tiene nombre y apellido: el conglomerado chino Gezhouba, para la construcción de dos represas sobre el Río Santa Cruz. 

Esto surge la lectura del expediente unificado bajo el número 13681-148-2015, a la cual Minuto de Cierre tuvo acceso. Allí, luego de una larga explicación, la Unión Transitoria de Empresas (UTE) entre Gezhouba, Electroingeniería e Hidrocuyo admite que “en la mayoría de los casos, los precios facturados son superiores a los que habrían sido fijados si esos mismos bienes hubiesen sido objeto de una venta al contado, celebrada entre partes no vinculadas, y la única prestación asumido por el vendedor chino hubiese sido la transmisión de dominio de la mercadería objeto de la venta”. 

En otras palabras, Gezhouba admite que se compra a sí misma, que lo hará por u$s 1.105 millones, y que por ello -además de un decreto del ministerio que manejaba Julio De Vido- tiene permitida la sobrefacturación. Según la versión que se escuche, por entre 8 y 140 millones de dólares, que serán financiados por el gigante chino, pero en definitiva pagados por el Estado Nacional argentino. Es decir, los contribuyentes con sus impuestos. 

El expediente, en el cual Gezhouba se apura a admitir la sobrefacturación, fue ingresado a la División Empresas Vinculadas de la Aduana, a nombre de su titular (contador Horacio Alonso), el 24 de julio del 2015. Para un embarque que llegaría tres días después. “Se trata de un primer embarque, que corresponde a equipos para movimiento de suelos, tales como motoniveladoras, excavadoras, retroexcavadoras, topadoras, camiones y equipos similares. 

La presentación del expediente por parte de Gezhouba, apenas tres días antes de ingresar la primer importación, huele a medida de apuro. Según diversas fuentes, una denuncia de origen anónimo habría llegado a la División de Empresas Vinculadas, y Gezhouba quiso autodenunciarse para tener acceso a la información que manejaba -y maneja- la Aduana sobre el tema. 

. Camiones italianos caros y dos despachantes bajo examen

En el mismo expediente, de voluminosos tres cuerpos, Gezhouba admite un sobreprecio del 150% en la compra de “tres camiones con sistema de proyección (sprits Systems) de concreto/hormigón de fabricación italiana, marca CIFA, modelo CSS-3, equipados con bombas PAS307”. 

El precio facturado por los mismos, según admite Gezhouba en el expediente, fue de u$s 830.695,14, “establecido por la Secretaría de Obras Públicas como precio de certificación, en función de los precios contractualmente fijados en el Contrato de Obra Pública para estos equipos”. Mientras que, luego de un "ajuste a incluir sobre" el valor FOB, con el flete incluido, el precio de los camiones fue de u$s 330.104,21. Es decir, hubo un sobreprecio del 150%, cuya autorización corrió por cuenta de José López, el ex secretario de Obras Públicas que terminó preso luego de tirar bolsos con nueve millones de dólares en un convento de monjas de clausura. En tanto que su superior jerárquico era el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. 

En el esquema de importación de insumos y equipos siempre es central la figura del despachante de Aduana, un profesional especializado en el tema. En el expediente, Gezhouba descarga esa responsabilidad en Raúl Osvaldo Jorja, con domicilio profesional en la Ciudad de Córdoba, de donde es originaria Electroingeniería.

Según fuentes aduaneras, los manejos de Gezhouba terminaron excediendo la capacidad de maniobra de Jorja. Ahí empezó a ganar espacio un despachante del agrado de los chinos: Cristian Grünewald, quien además tendría una sociedad con una empresaria del país de Oriente, de apellido Jing.

. Grünewald, Wan, Vidas y la caja que cambiaría de “dueño”

Durante la presidencia de Mauricio Macri, Gezhouba aprovechó la ofensiva judicial contra Electroingeniería (que inclusive llevó a estar preso a Gerardo Ferreyra) para ganar participación accionaria en la UTE, pero especialmente para tener un manejo absoluto de las compras y el presupuesto de la obra. A sus socios argentinos apenas les quedó la obra civil.

Sin embargo, esto podría cambiar a favor de Electroingeniería. Pero, mientras tanto, los que manejan gastos y precios a su antojo son el despachante Grünewald, un gerente chino de apellido Wan y el marino mercante -él se dice capitán, otros creen que apenas es contramaestre- Sergio Vidas. 

No se conforman con la importación de maquinaria y equipos desde China. Vidas se encarga de los transportes desde la llegada de mercadería a puerto, hasta la obra. Grünewald también participaría de ese esquema, y Wan es el gerente que autoriza todo. Algunos creen que se les pegó el vicio del sobreprecio, y que el mismo abarcaría todos los costos de la obra. Que en definitiva serán pagados por los argentinos. 

Con esta información, que incluyó protestas y paros en Santa Cruz (por problemas con los fletes), el manejo de las compras podría pasar a manos de Electroingeniería. Pero, por una cuestión política, los empresarios de origen cordobés no quieren empujar esta decisión exhibiendo al sol los trapitos sucios que Gezhouba les impuso.

Más allá de los manejos de esta obra, China es un aliado estratégico para la Argentina, un rol que posiblemente crezca en los próximos años. Si se muestran sobreprecios en una obra tan importante, la sospecha se extenderá sobre granjas de cerdos, obras futuras e incluso la ambición china sobra la Hidrovía.

Los chinos, Wan, Vidas y Grünewald siguen manejando las compras. Electroingeniería hace equilibrio entre su sociedad con Gezhouba y los pedidos políticos para que ejerza el control de costos que su socio no quiere hacer. Mientras tanto la obra avanza, y los costos que ya se sobrefacturaron serán pagados por todos los argentinos.