Tweet 0 COMENTARIOS

El Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal se pronunció sobre los incendios.

El Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (IMBIV), perteneciente al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y a la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), difundió un comunicado en el que señala a la gestión de Juan Schiaretti y a la gestión anterior por "desinversión en políticas de prevención", ante el desastre ambiental ocasionado por los incendios.   

"Las áreas quemadas en la provincia corresponden básicamente a zonas de alta prioridad de conservación, y esta pérdida ambiental no es consecuencia del clima sino al proceso de desinversión en políticas de prevención", consideraron desde el instituto de investigación a través del manifiesto publicado el fin de semana.  

Extractivismo, soja y desastre ambiental intencional 

El IMBIV señaló, además, que "estamos ante una emergencia socioambiental causada principalmente por el avance de las distintas actividades socioproductivas asociadas a un sistema extractivista, de las cuales los incendios intencionales son parte".  

En un informe presentado por la investigadora Erika Barzola, en 2018 explica que la deforestación y el desmonte son dos de las consecuencias del modelo extractivista sojero que se expandió en varias provincias desde la década del ´60. 

Córdoba, en ese sentido tiene un 70% de su territorio destinado a la producción y siembra de soja. Barzola explica que, las consecuencias de este modelo son "la deforestación acelerada, erosión de los suelos, contaminación del aire, agua y suelos, pérdida de biodiversidad, concentración de la tierra, y condicionamientos en los patrones de migración rural/urbana". 

En relación a la desforestación, "el avance de la soja generó el desmonte de grandes superficies de bosque nativo principalmente en áreas de baja pendiente y suficientes precipitaciones anuales", explica la investigadora.  

Es más, el Banco Mundial (2016) señala que entre los años 2001 y 2014 Argentina perdió más del 12% de sus zonas forestales, lo que equivale a un campo de futbol por minuto, y lo que llevó a colocar al país en el puesto 9 en la escala de pérdida forestal mundial.  

Por eso, en el documento del IMBIV, expresaron "preocupación respecto a las declaraciones realizadas por las autoridades provinciales que indicarían que los incendios responden a las condiciones climáticas, cuando todo indica que son consecuencias humanas e intencionales en la mayoría de las casos". 

"Hace casi 40 años nos dedicamos a generar conocimiento sobre los diversos socioecosistemas de la provincia, con gran énfasis en el análisis de cómo las distintas actividades humanas impactan sobre éstos, sus beneficios ecosistémicos y los bienes comunes implicados; y entendiendo que preservarlos es parte de cuidar en todas sus dimensiones a la actual comunidad cordobesa y a futuras generaciones, decidimos hacer públicas nuestra preocupación", manifestaron. 

Así, apuntaron que las declaraciones de las autoridades locales evidencian "un desconocimiento alarmante respecto a las causas del inicio de la mayoría de los incendios registrados en la provincia de Córdoba, determinadas como humanas e intencionales en la mayoría de los casos (como se desprende de los informes de Defensa Civil e información de prensa)"  

"Si bien los ambientes del centro y norte de Córdoba presentan históricamente un patrón estacional en las precipitaciones, con un invierno seco y ventoso altamente favorable para la propagación del fuego, tal vez agudizado por el cambio climático, resulta inadmisible atribuir los presentes incendios a causas naturales como, por ejemplo, la caída de un rayo", cuestionaron. 

En este sentido, agregaron que "preocupa la inacción de todo el arco político y judicial para determinar quiénes son los responsables materiales e intelectuales de estos incendios que constituyen delitos socioambientales gravísimos en contra de la sociedad". 

Falta de políticas socioambientales 

El segundo aspecto que analizaron fue sobre la falta de instrumentación de políticas socioambientales. "En particular, la actualización de la planificación asociada a la ley provincial de ordenamiento territorial de bosques nativos (OTBN), que ya lleva 5 años vencida y que no vislumbra ningún tipo de acción asociada a propiciar la instancia participativa necesaria para que se concrete", cuestionaron. 

"Nos preocupa la falta de instrumentación de distintas áreas protegidas de la provincia, lo cual inhabilita que las mismas cuenten con el apoyo económico y el personal adecuado para cuidar de los bienes comunes de todos los cordobeses. Este punto resulta de suma importancia si tenemos en cuenta que las áreas quemadas corresponden básicamente a zonas de alta prioridad de conservación", apuntaron desde el IMBIV. 

Desinversión en prevención de incendios 

Otro factor que con el correr de los días está quedando cada vez más expuesto en el país, es el proceso de "desinversión respecto al Plan de Manejo del Fuego" en los últimos años.  

"En Córdoba, la eliminación del porcentaje del impuesto provincial de rentas destinado al financiamiento de dicho plan, esencial para la prevención de incendios, ha llevado a que no exista un sistema de alerta temprana adecuado y a la gran falta de medios económicos y materiales para combatir la propagación de dichos fuegos". 

Explicaron desde la institución que los incendios registrados en los últimos días en la provincia de Córdoba se encuentran entre los de mayor magnitud de los últimos 12 años (en cuanto al área quemada en un solo evento). 

En tal sentido, desde el IMBIV reclamaron "que los estados municipales, provincial y nacional se hagan responsables de propiciar, financiar e implementar las medidas necesarias para restaurar las áreas degradadas por los incendios, teniendo en cuenta que los dueños de las áreas particulares quemadas se encuentran obligados por ley a restaurar y que el uso y destino de las superficies de bosque nativo que fueron afectadas por los incendios no pueden cambiar respecto al que tenían antes de producirse los mismos, debiendo mantener la categoría de conservación asignada por el ordenamiento territorial de los bosques nativos de la jurisdicción correspondiente (ARTÍCULO 22b bis, ley 27.353)". 

Por otro lado, instaron a que "el estado provincial convoque al proceso participativo necesario para discutir la actualización de la planificación de la ley provincial de OTBN (en función a lo normado en el artículo 6 ley 26.331)" 

Además, pidieron "los estados municipales, provincial y nacional garanticen a toda la ciudadanía el acceso a la información que surgiese de la implementación de cualquier plan de manejo del fuego que se derive en el futuro,  sus costes y sus vías de implementación.