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El II Congreso Tributario Internacional, organizado por la Universidad Austral y la AREF en Ushuaia, fue la ocasión para que tributaristas de la Argentina y otros países discutieran a fondo el conflictivo vínculo entre Estado y contribuyentes, tanto corporativos como personales. El contador Arturo Capellano, además de ser uno de los organizadores del evento, expuso en él mismo. Mantuvo una entrevista exclusiva con Minuto de Cierre, en la cual dejó “el cassette” de lado y brindó sus opiniones.

-En el actual contexto económico, de recesión y conflictividad económica general, ¿cuál es el principal desafío de las administraciones tributarias provinciales?

-La clave es controlar a todos los contribuyentes que estén bajo nuestra órbita. Tras la Ley de Consenso Fiscal, vigente a partir de este año, las jurisdicciones provinciales resignaron gran parte de sus recursos propios. En algunos casos, como el nuestro (Tierra del Fuego), recuperamos parte de eso con el convenio multilateral. Algunos contribuyentes declaraban facturación de nuestra provincia en Córdoba o Buenos Aires, porque allí tenían saldo a favor, y perdíamos una buena cantidad de recursos. Esto ocurría especialmente con firmas industriales. Con fiscalización, las multas correspondientes, y elevando la percepción de riesgo, pudimos dar vuelta esto. Fue nuestra forma de combatir la planificación fiscal nociva, que en definitiva es un conjunto de picardías para evadir o eludir impuestos. 

-¿El Consenso Fiscal va a continuar, o las provincias plantearán cambios?

-No lo sé, pero si continúa las provincias tendrán que seguir resignando recursos propios.

-¿Cómo le va a la AREF frente a la actual crisis nacional?

-Ante cada crisis económica, los primeros impuestos que el contribuyente deja de pagar son los municipales y provinciales. Esto ocurre tanto con personas físicas como jurídicas. De alguna forma, Tierra del Fuego no se ve tan afectada por este contexto. Tenemos dos municipios grandes. La caída de actividad y recaudación de Río Grande, nuestra ciudad de perfil industrial; se ve compensada por la revitalización turística que le trajo la devaluación a Ushuaia. La temporada dura 8 o 9 meses ahora, así que compensamos la pérdida del nivel de actividad de Río Grande. Nos va mejor que al promedio nacional. 

-¿Las moratorias y los planes de pago funcionan?

-Según el momento y las circunstancias de implementación. En nuestro caso, la gobernadora Rosana Bertone propuso dos moratorias (que la Legislatura votó), una en 2016 y otra al año siguiente, y se plegaron todos. Necesitábamos recaudar y se cumplieron los objetivos. 

Con respecto a los planes de pagos, nuestra estrategia es simple: tenemos uno que es permanente, en 24 cuotas y con el 1,96% mensual de interés, tasa negativa con respecto a la inflación. Es el plan de pagos más barato del país. La ventaja es que, al ser permanente, evitamos mecanismos discrecionales como el artículo 32 de la Ley de Procedimiento Fiscal, que data del año 1933, por el cual el administrador federal de Ingresos Públicos otorga facilidades a sola firma y sin criterio objetivo alguno. Es decir, sólo a quien quiere brindarle ese beneficio.