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Ante el inminente rechazo que tendría el proyecto que llegó de la Cámara Baja, los senadores que apoyan la legalización del aborto, junto con los integrantes de la Campaña por el Aborto Legal, aceptaron introducir cambios al proyecto y así 'construir una mayoría'. 

La decisión se tomó un día antes de que se firmen los dictámenes de comisión que serán puestos a votación el 8 de agosto y luego de que Ángel Rozas, María Belén Tapia e Inés Blas anunciaran su rechazo, lo que aumentó la cantidad de votos en contra del proyecto.

El motivo de los cambios es que si lo que llegó de Diputados se rechaza en el Senado, no podría ser tratado hasta 2019, año de elecciones y donde las Cámaras tendrían la misma composición. Al término de la reunión que se llevó a cabo en el Salón de las Provincias del Senado, el jefe del Bloque Justicialista, Miguel Ángel Pichetto, anticipó que "va a haber un dictamen por el sí con modificaciones". 

La organizaciones que integran la Campaña Nacional, han entendido la importancia de hacer cambios que no van a alterar el espíritu de la ley", afirmó Pichetto y agregó: "Hay que tener la inteligencia y la flexibilidad para construir una mayoría. Lo peor es que la ley se pierda".

De la reunión participaron referentes de la Campaña como las diputadas Victoria Donda, Karina Banfi y Cecilia Moreau, y la dirigente del Frente Renovador Malena Galmarini. Uno de los principales cambios es la reducción del plazo en el que se autorizaría la interrupción voluntaria del embarazo de 14 semanas de gestación a 12. 

Otra de las modificaciones sería la objeción de conciencia institucional, reclamada por algunas clínicas y hospitales vinculados financieramente con la Iglesia Católica, que podrían negarse a practicar abortos por su dogma religioso. El proyecto original aprobado por la Cámara baja permite únicamente objeción de conciencia individual, a la que podrían acogerse los médicos que previamente se inscriban en un registro de objetores.

También se establecería en el proyecto un período de 180 días de adaptación del sistema de salud para comenzar a implementar la ley y se eliminaría la pena de prisión para los médicos que "obstaculicen o dilaten" la realización de un aborto.