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Por Antonio D'Eramo

El día que se aprobó la propuesta del renovador Sergio Massa en Diputados, fuera del Congreso, el sector del juego movilizó al gremio que agrupa a los trabajadores de bingos y casinos, previa a una andanada publicitaria en los medios gráficos que criticaba a Cambiemos por la idea de gravar impositivamente a un sector que gozó de numerosos beneficios durante todas las administraciones justicialistas. La explosión del juego comenzó durante la segunda presidencia de Carlos Menem y se consolidó durante la "década ganada" kirchnerista.

Dentro, según confiaron fuentes parlamentarias, los teléfonos de los operadores, lobbistas de Cristobal López, no dejaron de llamar a los diputados que podían influir sobre otros legisladores, para moderar un impuesto que en el sector del juego descuentan que se va a crear. Se trata de minimizar el impacto del gravamen y a esa tarea se abocaron los asesores de López.

Recordemos que la propuesta inicial de Cambiemos, no aprobada en la sesión del miércoles 7 de Diciembre, preveía una recaudación, de $6 mil millones. Y se buscaba gravar el capital, o sea las máquinas tragamonedas, cerca de 80 mil operativas en el país según un relevamiento que hizo la AFIP, de Alberto Abad, y, además, las propias apuestas. Massa, que ante los micrófonos aparece como el "cruzado" contra el juego había estimado en declaraciones que se podía recaudar mucho menos que los $6 mil milllones del oficialismmo. El Frente Renovador pensaba en recaudar para el Estado unos $2800 millones.

El Gobierno de Macri proponía gravar a las empresas y no a los apostadores o a los premios que éstos ganen. Por ejemplo, si usted lector, compra un billete de la lotería nacional y gana con su número, deberá pagar un impuesto del 30% sobre el premio con el que ha sido beneficiado. No sucede lo mismo si gana el bingo o la quiniela o cuando gana en los casinos o bingos. Allí se está exento. El proyecto oficial buscaba que las empresas de casinos bingos y similares casas de recaudación de efectivo paguen impuestos y no los jugadores. Hay que recordar que muchas de estas empresas ya pagan un canon provincial o de Ingresos brutos con altas tasas.

Finalmente, el proyecto que resulto aprobado con media sanción en diputados y que juntó alrededor de una misma mesa a renovadores, justicialistas disidentes y kirchneristas grava al sector del juego, es dífícil llamarlo industria, en un 7,5% a las apuestas online y un 10% a las máquinas de juego sobre su valor. Indudablemente, se trata de una mejora para los empresarios del juego, con respecto al proyecto de Cambiemos que iba por mas dinero de un sector que ha sido criticado por representantes del Gobierno Nacional, Elisa Carrió y Gabriela Michetti, a la cabeza, y por referentes del Episcopado, que vienen criticando, principalmente, la adicción que provocan las máquinas tragamonedas, verdadero filón de los casinos y bingos.

Un informe realizado por el periodista Jorge Lanata relevó que en 2003, había 230 salas de juego, mientras que, en la actualidad, esa cifra dio un salto a 502 salas. Las máquinas tragamonedas, que representan la principal fuente de ingreso en el negocio de la timba, pasaron de 1.340, en 2003, a 6.031 maquinitas en la Capital Federal. En Provincia de Buenos Aires, en 2003, había 6.488 tragamonedas pero ese número trepó a 21.870 en 2014.

En DIputados explicaron a Minuto de Cierre que las llamadas a nombre de Cristobal Lòpez y de otros bingueros poderosos no se producían sólo a Diputados o a secretarios de estos. También se producían a los gobernadores e intendentes donde están estos establecimientos de entretenimiento. Muchos gobernadores provinciales no sólo reclamaron por no quitar Ganancias sino que de paso pedían que no se graven a sus empresarios amigos. Nada parece conformar a algunos gobernadores justicialistas.