La banda del barrio San Isidro Chico que vendió un desarrollo inmobiliario en Costa Rica, “truchó” el Google Maps y terminaron denunciados y allanados

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Para la banda del prestigioso barrio San Isidro Chico, Costa Rica siempre estuvo cerca. Para los vecinos que confiaron en ellos para invertir, sin embargo, quedaba lejos pero con una promesa de rentabilidad, hasta que descubrieron que el dinero no se había aplicado a las dos supuestas líneas de negocios: Air Tesoro (departamentos para el alquiler turístico) y Air Homes (viviendas) en Tamarindo, una de las zonas más bellas de ese país.

Air Tesoro y Air Homes fueron presentados como parte de un mismo Masterplan inmobiliario, con fuerte proyección de valorización y retorno en dólares. Sin embargo, hubo renders, promesas y hasta fotos subidas en Google Maps; pero el dinero nunca se invirtió. Esa es la base de la denuncia que presentó la damnificada por casi u$s 1,5 millón contra el arquitecto Lisandro Aloi y sus dos socios: Rodrigo Luis Rossetto y Juan Pablo Issel. Como además no se trataría de la única damnificada, abrieron un email para recibir información: estafadosgorgolas@gmail.com. La referencia es al apellido de Damasia Fernández Górgolas, que trabaja con los tres denunciados.

Según la demanda por estafa, presentada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 49, la damnificada confió sus “ahorros con el fin de adquirir parte del desarrollo inmobiliario que ellos emprendían pero, finalmente, se apropiaron de mis dineros, jamás me entregaron tierras ni las acciones correspondientes a las personas “jurídicas titulares del emprendimiento y encima hoy padezco las amenazas de parte de uno de los acusados, lo que motivó que la justicia penal de San Isidro le impusiera una prohibición de contacto y el inmediato cese de actos de perturbación y hostigamiento”.

Por este último hecho, que incluyó entre otras agresiones, golpearle la ventanilla de su auto a los gritos. Siempre según la denuncia, las intimidaciones no se limitaron a un hecho aislado: incluyeron mensajes y advertencias vinculadas directamente al avance de la causa, lo que generó un estado de temor en la denunciante y motivó la intervención judicial. En ese contexto, el juzgado dictó una medida cautelar que prohíbe a Rossetto acercarse o mantener cualquier tipo de contacto con la víctima.

“Se robaron su dinero, no quieren dar explicaciones y encima amenazan”, confía un amigo de la perjudicada. “Además -agrega- tanto Rosetto y Aloi vecinos en San isidro Chico, no sólo viven plácidamente sino que además hacen alarde de trabajos realizados, como también de un proyecto en curso en Punta del Este, que inclusive fue publicado en la Revista Forbes”.



Padre rico, hijos sin valores, inversión fantasma



El hombre clave de la supuesta estafa es Lisandro Carlos Aloi, recibido de arquitecto a pesar de una vida desordenada. Para equilibrar la balanza a su favor, Aloi siempre la “espalda” de su padre, de quien dicen que “siempre le tapó los quilombos a sus hijos, gracias a conexiones empresariales, políticas y judiciales”. El patriarca, Alberto Aloi, le “resolvió” a otro de sus hijos, una denuncia del 2014 por atropellar supuestamente alcoholizado a un peatón, además de y demandas por estafas inmobiliarias en Estados Unidos.

En comparación, las andanzas de otros de sus hijos, Lisandro, parecen una cosa menor. Pero nadie se explica por qué no resuelven este conflicto de forma privada. Sobre todo, considerando que la fortuna del Clan Aloi, generada por Alberto y dilapidada por sus hijos, aun así ronda los u$s 100 millones. “Es una cuestión cultural y de educación más que de dinero. Actúan como un clan, salen impunes siempre -hasta ahora- y van por ahí como ciudadanos respetables”, apunta alguien los conoce bien y se considera un “ex amigo” del patriarca Alberto.

A medida que avanza la investigación del Juzgado Criminal y Correccional 49, comienza a reconstruirse un entramado que, según el expediente, combinó una presentación profesional —con renders, planos y promesas de alta rentabilidad— con una ejecución que no se materializó. En la denuncia se afirma que tampoco se habría formalizado la participación prometida -en participación accionario- ni se devolvió el dinero invertido.

Además, como si la supuesta estafa de Air Homes no fueron suficiente escándalo, uno de los socios de esta firma, estuvo preso por trata de mujeres en la cárcel de Ezeiza. Aunque no está vinculado al "emprendimiento" de Costa Rica, muestra el tipo de socios que pueden tener los Aloi, Issel y Rossetto. Bajo el lema "Sé tu propia jefa", y prometiendo pagos de 500 a 1.000 dólares por quincena, una banda que operaba en Buenos Aires y Rosario captaba mujeres a las que luego obligaba a prostituirse. En octubre de 2023, cuando se aceleró esta causa, con la intervención del fiscal Ramiro González y el juez Sebastián Casanello, se terminó procesando a 10 acusados por "trata de personas con fines de explotación sexual agravada, asociación ilícita, aborto no consentido y tenencia de drogas". Como jefes y organizadores, González y Casanello detuvieron a Javier Zlatkis, Manuel Frías, Michael Rivas Grisales. Además de Laura R., María Fernanda T.P, Andry B., Macarena A., Edwin R., Luis Fernando S. P. y Thifani B.

Con respecto a la supuesta estafa en Costa Rica, debido a la claridad de las pruebas, en un tiempo relativamente breve, la Justicia dispuso un allanamiento el 10 de abril, que se efectivizó en Costa Rica 4564 Piso 2, donde funciona la firma SANO-ARA, para secuestrar “todos los documentos vinculados con los proyectos inmobiliarios a nombre de AIR TESORO S.A., AIR HOMES DOS, 3-101-816800 S.A., SANO-ARA en relación a los desarrollos inmobiliarios en la ciudad de Tamarindo, Costa Rica. Incluyendo constancias de los aportes, transferencias bancarias, acuerdo de accionistas, órdenes de pago, facturas, recibos, libros sociales y/o contables de esas tres firmas. Como muestra una de las fotos de esta nota, el rostro de Rossetto muestra la sensación que se terminó la impunidad, una situación extensiva a sus socios Juan Pablo Issel y Lisandro Aloi.

 

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