El Senado aprobó la nueva Ley de Discapacidad: qué cambia en las pensiones, el empleo y las prestaciones
El Senado convirtió en ley el nuevo régimen de discapacidad, que mantiene las pensiones no contributivas en el 70% del haber mínimo, permite compatibilizar el beneficio con el trabajo registrado bajo un límite de ingresos y establece nuevos requisitos, auditorías y mecanismos de financiamiento para los prestadores.
El Senado aprobó definitivamente la Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, que introduce modificaciones en el acceso a las pensiones no contributivas, establece condiciones para mantener esos beneficios cuando sus titulares trabajan y dispone nuevas reglas para actualizar y financiar las prestaciones del sector.
La nueva normativa apunta a reemplazar el esquema de emergencia por un régimen permanente. Para eso, incorpora requisitos específicos para los beneficiarios, controles periódicos y herramientas para garantizar el funcionamiento del sistema.
La sanción se produjo en el contexto del próximo vencimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad 27.793, previsto para el 31 de diciembre de 2026. Con la aprobación del nuevo régimen, el Gobierno tendrá un marco legal para sostener las pensiones y las prestaciones, aunque bajo condiciones determinadas.
Pensiones por discapacidad: cuánto se cobra y cuáles son los nuevos requisitos
Uno de los aspectos centrales de la ley es la continuidad de las pensiones no contributivas por discapacidad, cuyo monto equivale al 70% del haber mínimo jubilatorio. La prestación seguirá actualizándose según la movilidad previsional y estará destinada a las personas que no tengan cobertura previsional y reúnan las condiciones establecidas.
Para acceder al beneficio, los solicitantes deberán presentar el Documento Nacional de Identidad y acreditar el Certificado Único de Discapacidad (CUD). También tendrán que ser argentinos nativos, por opción o naturalizados. En el caso de los extranjeros, se exigirá una residencia legal, mínima y continuada de al menos cinco años antes de iniciar el trámite.
Otro requisito será no tener ingresos netos iguales o superiores a dos salarios mínimos, vitales y móviles. Para determinar si se cumple con ese límite, se tendrán en cuenta los ingresos individuales y no los del grupo familiar.
Además, los solicitantes no podrán percibir otra jubilación, retiro o pensión, ya sea contributiva o no contributiva. Tampoco podrán cobrar la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad ni la asignación familiar correspondiente.
La normativa incorpora una evaluación socioeconómica para determinar si corresponde otorgar la pensión. En el caso de quienes sean propietarios de una vivienda, deberán demostrar que se trata de su única vivienda familiar. Por su parte, las pensiones por invalidez laboral continuarán regidas por las disposiciones específicas de ese régimen.
Trabajo registrado y pensiones: cuándo se suspende el beneficio y cómo recuperarlo
Uno de los cambios más importantes de la nueva Ley de Discapacidad es la posibilidad de compatibilizar el cobro de una pensión con el empleo registrado.
A partir de esta modificación, las personas con discapacidad podrán incorporarse al mercado laboral formal o inscribirse en el monotributo sin perder automáticamente la prestación. Para conservarla, deberán mantener sus ingresos individuales por debajo del límite de dos salarios mínimos.
Si superan ese tope, la pensión quedará suspendida durante el tiempo en que se mantenga esa condición.
La ley también contempla la posibilidad de recuperar el beneficio una vez que cambie la situación laboral o económica del titular. Cuando finalice la relación de trabajo o los ingresos vuelvan a ubicarse por debajo del límite establecido, la persona podrá solicitar la rehabilitación de la pensión.
La restitución comenzará a regir desde la fecha en que se presente el pedido. Por lo tanto, no se prevé la recuperación automática de los pagos correspondientes al período durante el cual la prestación permaneció suspendida.
Otro punto incorporado es la implementación de auditorías periódicas para verificar que los beneficiarios continúen cumpliendo las condiciones de acceso. La Secretaría Nacional de Discapacidad, dependiente del Ministerio de Salud, estará habilitada para cruzar datos con distintos organismos públicos, entre ellos ANSES, ARCA, la Secretaría de Trabajo, el Registro Nacional de las Personas y el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social.
Los controles deberán realizarse mediante un procedimiento de notificación. Si se detecta un posible incumplimiento, el organismo tendrá que comunicar los motivos y conceder un plazo para que el titular pueda presentar su descargo. Una vez finalizado ese período, podrá resolver la suspensión preventiva de la prestación.
En cuanto a la cobertura de salud, la normativa garantiza que las personas que cobran pensiones por discapacidad o invalidez laboral mantengan el acceso a las prestaciones médicas a través de Incluir Salud o del programa que lo sustituya. La cobertura incluirá las prestaciones básicas previstas en la Ley 24.901.
El Certificado Único de Discapacidad continuará siendo el documento central para acreditar la condición y acceder a los beneficios correspondientes.
Prestadores de discapacidad: actualización de aranceles y pago de deudas
La nueva legislación también establece cambios vinculados con los prestadores de servicios para personas con discapacidad. En este aspecto, mantiene el nomenclador único y dispone que los aranceles tengan una actualización automática y periódica, de acuerdo con el índice de movilidad jubilatoria.
El objetivo de este mecanismo es evitar que los valores de las prestaciones queden desactualizados frente al incremento de los costos y mantener un esquema común de pagos para todo el sistema.
Además, se incorporó un procedimiento para regularizar las compensaciones que se adeudan a los prestadores. El Poder Ejecutivo deberá fijar un cronograma de cancelación dentro de los 30 días posteriores a la sanción de la ley y completar los pagos en un plazo de 90 días, según las condiciones previstas en el proyecto.
Respecto del financiamiento, los gastos del nuevo régimen se cubrirán inicialmente con partidas del Ministerio de Salud. Si esos fondos no fueran suficientes, podrán utilizarse compensaciones de la Jurisdicción 91, correspondiente a las Obligaciones a Cargo del Tesoro.
Por último, la ley establece una garantía presupuestaria para asegurar que los recursos destinados al área no sean inferiores, en términos reales, a los correspondientes al ejercicio anterior.
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