El Senado rechazó el veto de Milei y dejó firme la Ley de Emergencia en Discapacidad
El Senado de la Nación rechazó este jueves el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, lo que obliga al Gobierno a implementar la norma que declara la emergencia en todo el país hasta diciembre de 2026 y actualiza los valores de las prestaciones.
La última vez que el Congreso desconoció un veto presidencial había sido en 2003, cuando el expresidente Néstor Kirchner anuló artículos del presupuesto sancionado durante la gestión de Eduardo Duhalde.
Cómo se aprobó la Ley de Emergencia en Discapacidad
La oposición reunió los dos tercios necesarios para revertir el veto de Javier Milei, dejando firme la iniciativa que había sido aprobada por unanimidad en el Senado el pasado 10 de julio, con 55 votos a favor, siete más de los 48 necesarios.
La sesión fue convocada por la oposición, mientras el Gobierno había amenazado con judicializar el tema. La Cámara de Diputados ya había insistido con la sanción de la norma, también con mayoría especial.
Ahora, la Agencia Nacional de Discapacidad, atravesada por la polémica tras la filtración de audios de su extitular Diego Spagnuolo sobre presuntos pagos de coimas, deberá aplicar la ley y garantizar la distribución de fondos.
Qué establece la ley
La norma declara la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), su impacto fiscal será del 0,22% al 0,24%.
Además, ordena cancelar deudas con los prestadores de salud, actualizar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral y obliga a que "el Poder Ejecutivo informe públicamente sobre la ejecución presupuestaria y las políticas implementadas en el marco de la emergencia".
El respaldo en la votación incluyó a bloques de Unión por la Patria, UCR, Unidad Federal y PRO, y se espera que el apoyo se mantenga firme en futuras instancias parlamentarias.
Otros temas en debate en el Senado
En la misma sesión, la Cámara alta también prevé aprobar convenios internacionales, una modificación en el reglamento sobre retiros anticipados y un proyecto clave para reformar la Ley de DNU.
El dictamen de la comisión de Asuntos Constitucionales propone incorporar a la Ley 26.122 el artículo 21 bis, que establece que "ambas Cámaras podrán abocarse aun durante el período de receso parlamentario al expreso e inmediato tratamiento de los decretos". Si Diputados y Senado no convalidan un DNU, este pierde validez.
Asimismo, se precisa que "si la situación invocada requiriera el dictado de normas en más de una materia, cada una de ellas deberá ser objeto de un decreto individual". Esta modificación apunta directamente al mega DNU 70/23, que en diciembre de 2023 dispuso más de 300 derogaciones y desregulaciones, pero que aún no fue tratado por Diputados.
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