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La Cámara de Diputados comenzó el análisis en comisión del proyecto de reforma a la Ley Penal Juvenil que busca la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, además de proponer un nuevo esquema de sanciones para menores involucrados en delitos.

La iniciativa cuenta con el respaldo del Gobierno nacional y de bloques considerados dialoguistas como el PRO, la UCR, Innovación Federal, la Coalición Cívica y algunos representantes de Encuentro Federal. En conjunto, estos espacios impulsan una actualización del régimen penal juvenil vigente.

En contraposición, la propuesta genera un fuerte rechazo por parte de Unión por la Patria (UxP), los bloques de izquierda y diversas organizaciones de Derechos Humanos. A ese grupo opositor se sumó el último domingo el presidente de la Comisión de Pastoral Social, Dante Braida, quien expresó: «No nos parece que bajar la edad sea lo adecuado. Poner en situación de encierro a un chico no soluciona el problema de raíz».

Baja de la edad de imputabilidad: qué establece el proyecto

Si bien en un principio desde el oficialismo se había planteado reducir la edad de imputabilidad hasta los 13 años para los delitos de mayor gravedad, en la actualidad hay un acuerdo mayoritario para establecer el nuevo límite en los 14 años. Esta postura es compartida incluso por legisladores de la oposición como Ramiro Gutiérrez (UxP), quien también impulsa un modelo más rígido frente al delito juvenil.

Uno de los puntos clave del proyecto es que se excluye la posibilidad de aplicar la pena de reclusión perpetua a menores. El máximo de condena que podrá imponerse será de 20 años, incluso si se tratara de varios delitos acumulados que, en el régimen general, superarían ese tope.

La propuesta contempla además una serie de medidas orientadas a la reintegración social del joven infractor. Para ello, prevé programas educativos, actividades deportivas, formación en ciudadanía y tratamientos médicos, según las necesidades de cada caso.

Otro aspecto destacado del texto es la inclusión de una figura específica: el "supervisor". Este rol estará encargado de acompañar al menor durante su proceso de rehabilitación, con el objetivo de facilitar su regreso a la comunidad y evitar la reincidencia.

Además, el proyecto permite la revisión judicial de la pena una vez cumplidos los dos tercios de la condena. En caso de una evaluación favorable, el tiempo restante podrá ser purgado bajo modalidad domiciliaria.

Para los delitos de menor gravedad, se proponen sanciones alternativas a la prisión. Estas incluyen la prohibición de acercamiento a la víctima, tareas comunitarias, monitoreo electrónico o comunitario, y mecanismos de reparación del daño ocasionado.