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En el marco de una serie de medidas vinculadas a la política migratoria, el Gobierno anunció que los hospitales públicos estarán autorizados a cobrar por la atención médica a ciudadanos extranjeros. Además, se endurecerán las condiciones para acceder a la ciudadanía argentina y se implementarán reformas en materia de seguridad que permitirán la expulsión de inmigrantes condenados por delitos.

La noticia fue confirmada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante su conferencia de prensa habitual. Allí precisó que los inmigrantes ilegales y los residentes transitorios “deberán pagar por los servicios de salud” en centros médicos públicos.

Asimismo, señaló que se exigirá a los extranjeros que ingresen al país la presentación de un seguro médico como condición para garantizar su capacidad de pago. “Quienes ingresen a la Argentina tendrán que presentar un seguro médico para garantizar la capacidad pago”, sostuvo.

Al justificar la decisión, Adorni afirmó: “Están los inmigrantes que vienen a utilizar servicios públicos gratuitos que no tienen en sus países y que tampoco contribuyeron a financiarlos con sus impuestos”. Y agregó: “Están los tours sanitarios: vienen al país, se atienden en un hospital público y vuelven a su lugar de origen”.

En ese contexto, compartió datos oficiales sobre el gasto en atención médica: “Solo en 8 hospitales nacionales se gastaron 114 mil millones de pesos en atender pacientes extranjeros”.

Las universidades también podrán cobrar a extranjeros

Además del sistema de salud, el Gobierno contempla cambios en el ámbito educativo. Según explicó el vocero presidencial, las universidades públicas podrán aplicar aranceles a estudiantes extranjeros. No obstante, aclaró que “se respetará la autonomía universitaria”, por lo que será cada casa de estudios la que decidirá si avanza o no con esa medida.

Cambios en el acceso al DNI y la ciudadanía

Adorni también se refirió a la reforma migratoria que afectará los requisitos para acceder al Documento Nacional de Identidad (DNI) y a la ciudadanía argentina. Según explicó, se elevarán las exigencias para quienes deseen obtener la residencia permanente o la nacionalidad.

“Van a ser más severos los requisitos para obtener la residencia permanente y la ciudadanía argentina", adelantó el vocero.

A partir de ahora, la ciudadanía se otorgará únicamente a quienes acrediten una residencia continua de dos años en el país sin interrupciones. “Quienes entren o permanezcan de forma irregular, no van a ser recompensados con la ciudadanía como ocurría hasta ahora”, afirmó Adorni, quien además es candidato a legislador porteño por La Libertad Avanza.

Reformas en seguridad y expulsión de extranjeros condenados

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también participó de la conferencia en la que se anunciaron medidas centradas en la seguridad migratoria. Allí se comunicó que cualquier persona con antecedentes penales que intente ingresar al país será rechazada en la frontera.

“Cualquier condenado que intente ingresar a través de la frontera será rechazado por las autoridades migratorias. Y quienes sean encontrados en flagrancia en pasos no habilitados o mientan en cualquier información que propicie su ingreso, serán expulsados”, informó Adorni.

A su vez, se impulsará la deportación de todos los extranjeros condenados por delitos, sin importar la gravedad de la pena. “Argentina no será tierra fértil para la llegada de delincuentes”, afirmó el portavoz presidencial. En la misma línea, aseguró que se acortarán los plazos de apelación para las expulsiones, actualmente considerados excesivos. “El que las hace, las paga”, remarcó.

Adorni también cuestionó la legislación vigente en materia migratoria: “Tenemos una normativa inmigratoria que invita al caos y al abuso de muchos vivos”. En ese sentido, criticó que el país no expulse a quienes violan la ley. “Hoy la Argentina tampoco expulsa a quienes infringen la ley. Cualquier inmigrante condenado con una pena menor a cinco años puede vivir en la Argentina", aseguró.

Delitos cometidos por extranjeros y cifras en la Ciudad

Durante la conferencia, el vocero detalló los delitos por los que se encuentran detenidos algunos extranjeros que no fueron deportados. Mencionó casos de “abuso sexual simple, privación ilegítima de la libertad, violación de domicilio, hurto, robo, daños agravados, resistencia a la autoridad, falsa denuncia, encubrimiento y usurpación legal de tierras”.

Por último, a pocos días del cierre de la campaña electoral porteña, Adorni compartió estadísticas referidas a la Ciudad de Buenos Aires: “De los 4300 extranjeros en la ciudad detenidos, el 40% fueron por robo y hurto. Entran delincuentes, siguen delinquiendo y nadie hace nada”.