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El Gobierno nacional impartió órdenes reservadas para que el Ejército y la Armada comiencen a movilizarse hacia la frontera norte, con el objetivo de reforzar las tareas de vigilancia. Esta iniciativa, enmarcada en el “Operativo Roca”, se lleva adelante en coordinación con la Gendarmería y autoriza la detención transitoria de civiles únicamente en casos de flagrancia.

El operativo fue formalizado el 15 de abril, respaldado por el Decreto 1112/2024 y la Ley de Defensa Nacional. Según lo establecido, se implementará un despliegue flexible que se adaptará a las distintas situaciones que puedan surgir en la frontera norte.

Los efectivos recibieron capacitación específica mediante ejercicios prácticos basados en las “Reglas de Empeñamiento”, directrices que rigen la conducta del personal militar durante su intervención en el terreno. Además, los uniformados contarán con nuevo equipamiento de protección individual. Estas reglas buscan estructurar la actuación de las tropas cada vez que son movilizadas.

En el marco del operativo, más de 10.000 efectivos del Ejército participan de las acciones, con aproximadamente 1.300 militares desplegados de manera permanente en las zonas de intervención. Para las tareas de control y monitoreo, se utilizan drones, radares móviles, helicópteros, sistemas de comunicación y un avión Diamond destinado a tareas de reconocimiento.

Qué dijo el Gobierno sobre la controvertida medida que permite a militares detener civiles 

De esta manera, el gobierno de Javier Milei continúa avanzando en la incorporación de las Fuerzas Armadas a tareas de seguridad interior, pese a que se trata de funciones distintas, más allá de que ambas impliquen el uso de armas. El tema ha generado controversias. En ese contexto, el ministro de Defensa, Luis Petri, defendió la medida.

"Sí, es una medida controversial para todos los que defienden narcos, terroristas y violentos delincuentes. Elijan de qué lado van a estar”, escribió en su cuenta de la red social X. 

El funcionario también señaló: “La ley autoriza a las Fuerzas Armadas a reforzar el control de fronteras. La posibilidad de detención en flagrancias está prevista en todos los Códigos procesales de las provincias y la nación”. Y añadió: “Sólo el sesgo ideológico canceló y maniató a nuestras fuerzas. Todos los países limítrofes con Argentina usan a sus fuerzas armadas para el control y vigilancia de sus fronteras, EEUU lo acaba de anunciar en enero, ¿por qué acá algunos se escandalizan?”, remató.

De acuerdo con la resolución oficial, el propósito de esta nueva medida es “restringir el uso de la fuerza a acciones que el personal militar deba desarrollar circunscribiéndolo a su defensa y a la de terceros en caso de agresiones inminentes que pongan en riesgo la vida, la integridad física o del cumplimiento del deber”.

Sin embargo, la normativa prohíbe explícitamente “el uso de armas en contra de vehículos o personas sospechosas que huyan o traten de huir de un puesto de control, acceso a instalaciones, recintos, destacamento, aun existiendo sospechas fundadas de un acto ilícito”.

Qué dice el Código Penal sobre la detención de civiles 

Aunque la medida puede generar polémica, el artículo 287 del Código Procesal Penal de la Nación ya establece que cualquier ciudadano está habilitado para detener a una persona que esté cometiendo un delito, siempre con el objetivo de entregarla rápidamente a la policía.

El Código Procesal contempla tres situaciones específicas en las que un civil puede actuar:

• Delito flagrante: Cuando alguien es sorprendido en el acto de cometer un delito.

• Urgencia extrema: Cuando hay riesgo inmediato para la vida de una persona o bienes materiales, como en casos de incendio, explosión o inundación.

• Ingreso ilegal a una vivienda o local: Cuando se ve a una persona ingresando con aparente intención de delinquir.

Tras realizar una detención de este tipo, los ciudadanos deben informar de inmediato a las autoridades policiales sobre cómo se produjo el arresto, sus motivos y todos los datos necesarios para dar inicio al proceso judicial.