28 de Abril de 2026 - 09:12

La "Banda de San Isidro Chico", acusada de estafa por un desarrollo inmobiliario en Costa Rica, sumó otra denuncia por administración fraudulenta

La investigación judicial vinculada a irregularidades en desarrollos inmobiliarios en Costa Rica, de "La Banda de San Isidro Chico", sumó un nuevo capítulo en Argentina. A la causa contra los "desarrolladores" de “Air Homes”, se agregó en las últimas horas una nueva denuncia penal por administración fraudulenta, presentada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°1, Fiscalía 31 de la Ciudad de Buenos Aires,  bajo la carátula “defraudación por Administración Fraudulenta”, con pena de hasta 6 años de prisión en caso de confirmarse el delito.

Los inversores del desarrollo "Ara Homes" en Costa Rica no encuentra solución a sus problemas. Por ahora perdieron todo su dinero, y quienes lo recibieron, que no invirtieron un solo ladrillo de lo que prometieron, siguen sin pagar consecuencias. La supuesta estafa fue planteada con claridad por Minuto de Cierre en una investigación anterior (https://www.minutodecierre.com/nota/2026-4-14-18-12-0-la-banda-del-barrio-de-san-isidro-chico-que-vendio-un-desarrollo-inmobiliario-en-costa-rica-trucho-y-terminaron-denunciados-y-allanados), que incluyó amenazas de uno de los apuntados hacia los damnificados. En una de las fotos de esta nota se muestra a Rodrigo Rossetto en actitud amenazante.

A toda esta saga, ahora se sumó una presentación judicial que amplía el foco de la investigación, ya que no solo apunta a los emprendimientos en el exterior, sino también a la operatoria de características similares de una sociedad con nombre “Ara Homes SRL” radicada en Argentina. Entre los denunciados figuran Rodrigo Rossetto, Lisandro Aloi y Javier Zlatkis. Según registros judiciales y cobertura periodística, de los cuales uno de los socios estuvo preso recientemente con intervención del fiscal Ramiro González y el juez Sebastián Casanello, en el marco de una causa penal bajo la carátula “trata de personas con fines de explotación sexual agravada, asociación ilícita, aborto no consentido y tenencia de drogas”.

Según la información difundida previamente por medios periodísticos, el caso se originó a partir de denuncias de inversores que habrían aportado fondos para desarrollos inmobiliarios que, en varios casos, no se habrían concretado o presentarían inconsistencias sustanciales, promesas de rentabilidad que no se cumplieron. La justicia incluso ordenó allanamientos en el marco de esa investigación ya que en 5 años a pesar de los retiros de dineros por parte de los desarrollistas el terreno nunca dejó de ser un terreno baldío en 4 años desde que tomaron el dinero.

La nueva denuncia incorpora además cuestionamientos sobre la administración de unidades ya construidas o en explotación. Según el escrito judicial, los responsables de “Ara Homes SRL” Rodrigo Rossetto, Lisandro Aloi y Javier Zlatkis, habrían gestionado propiedades sin brindar rendiciones de cuentas respaldadas a los propietarios, pese a reclamos formales reiterados sin respuesta.

Uno de los aspectos más sensibles que se describen indica que, aun luego de ser notificados para cesar en la administración de ciertas unidades, se habrían continuado utilizando las propiedades incluyendo el acceso mediante copias de llaves, con el objetivo de alquilarlas sin conocimiento de sus titulares y percibiendo los ingresos derivados de dicha explotación.

Asimismo, se dejó constancia mediante acta notarial de la presunta utilización de espacios comunes para el funcionamiento de oficinas vinculadas a la empresa Ara Homes S.R.L. sin autorización ni contraprestación económica, lo que es interpretado por el denunciante como parte de un esquema de aprovechamiento indebido de bienes de terceros en beneficio propio y en detrimento de los derechos económicos de los propietarios. …”’Básicamente usurparon los espacios comunes del edificio para instalar sus oficinas durante años y ni los servicios pagan todo afanado, pasándose de vivos y utilizando la administración para seguir enriqueciéndose, lo peor es que ni cayéndoles con un escribano y labrando un acta para que se vayan los puede corregir en su comportamiento delictivo, se aprovechan de cada cosa que pueden son parásitos”… manifestó el denunciante

En paralelo a esta nueva denuncia, los involucrados, recientemente difundieron un comunicado en el cual niegan responsabilidad en los hechos investigados sobre Costa Rica, mientras los damnificados sostienen que llevan más de cuatro años reclamando explicaciones sobre una serie de irregularidades que, según afirman, nunca fueron respondidas de manera satisfactoria. Entre ellas señalan:

– La toma de una hipoteca por USD 485.000 sin notificación previa a los inversores, en contradicción con los acuerdos societarios vigentes.

– La falta de claridad sobre el destino de dichos fondos.

– Supuestos aportes en efectivo estando en Argentina hacia Costa Rica sin trazabilidad por alrededor de USD 400.000.

– La simulación de aportes ficticios por más de USD 2 millones, que habrían sido aprobados en balance unilateralmente en beneficio de los desarrolladores, sin autorización y en presunta violación de la cláusula de unanimidad.

– Retiros de fondos de los desarrolladores por aproximadamente USD 300.000 descubiertos hasta la fecha y presuntamente realizados en contraposición con el acuerdo de accionistas.

– La falta de entrega de documentación respaldatoria y rendiciones contables, lo que estaría dificultando la verificación del destino de los fondos. En ese contexto, los denunciantes plantean dudas sobre la posible utilización de documentación irregular, extremo que deberá ser analizado en sede judicial.

– El condicionamiento de la entrega de acciones a los inversores con fecha 2022, a la firma de una renuncia a todo derecho de reclamo penal y comercial por parte de los damnificados.

Según la denuncia, una de las damnificadas habría sido víctima de amenazas y actos de coacción por parte de Rodrigo Rossetto, presuntamente dirigidos a forzarla a firmar un documento mediante el cual renunciaba a ejercer todo reclamo penal y comercial vinculado a la protección de su capital. Ante su negativa a suscribirlo, la situación habría escalado al punto de que la justicia ordenó la causa penal bajo la caratula “ROSSETTO, RODRIGO LUIS S/COACCIÓN”, radicada ante el Juzgado de Garantías N°1 de San Isidro. Imponiendo a Rossetto la prohibición absoluta y el cese inmediato de todo acto de hostigamiento.

Por el momento, la nueva causa en Argentina se encuentra en etapa inicial, quedara ver si este es el principio de una cadena de nuevas denuncias que se van sumando ante el conocimiento de la gente mientras el avance de los expedientes serán clave para esclarecer si se trata de un sistema de maniobras fraudulentas en perjuicio de quienes depositan su confianza en estos supuestos desarrollistas.

Como dato adicional, según registros públicos, Rodrigo Rossetto y Lisandro Aloi figurarían inscriptos en categorías impositivas de baja escala, lo que resulta difícil de conciliar con los montos millonarios mencionados en los desarrollos bajo análisis. Este contraste no solo llama la atención, sino que plantea serios interrogantes sobre la consistencia de la estructura económica. ¿Habrán admitido todas estas operaciones y transferencias millonarias y propiedades en su declaración jurada? Será un capitulo aparte.
 

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