El Gobierno modificó la reglamentación de la Ley de Modernización Laboral y cambia las reglas para los aportes sindicales
El Gobierno nacional oficializó una nueva modificación en la reglamentación de la Ley de Modernización Laboral mediante el Decreto 612/2026. La norma flexibiliza el esquema de las cuotas solidarias ordinarias, aunque prohíbe expresamente la aplicación de descuentos gremiales sobre las sumas no remunerativas.
La medida, publicada este lunes en el Boletín Oficial, introduce cambios relevantes en el funcionamiento de las relaciones laborales y redefine aspectos centrales del financiamiento sindical y de las negociaciones salariales.
El decreto lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello. Además, modifica el marco reglamentario de la Ley 27.802 de Modernización Laboral con vigencia inmediata, alterando los criterios establecidos previamente y generando un fuerte impacto sobre las paritarias que comenzarán a negociarse en las próximas semanas.
Según el Ejecutivo, el objetivo es brindar mayor certeza jurídica y facilitar el control de legalidad antes de la homologación de los convenios colectivos.
Qué cambia el Decreto 612/2026 para las cuotas solidarias y los aportes sindicales
La nueva reglamentación llega después de la controversia generada por el Decreto 407, publicado a fines de mayo y atribuido al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
Aquella norma había establecido que la base de cálculo de las cuotas solidarias y los aportes convencionales debía limitarse exclusivamente al salario básico convencional. Esa decisión reducía los recursos sindicales y se diferenciaba de lo aprobado por el Congreso en el artículo 133 de la Ley 27.802, que modificó el artículo 9 de la Ley 14.250 fijando un límite del 2% sobre las remuneraciones, sin restringir la base al salario básico.
Con el nuevo decreto, el Ejecutivo introduce una flexibilización parcial. A partir de ahora, la base imponible incluirá también las sumas remunerativas normales, habituales y mensuales de origen convencional.
No obstante, la norma incorpora una restricción clave: prohíbe que los sindicatos apliquen descuentos sobre las sumas no remunerativas.
El texto oficial del Decreto 612/2026 detalla cuáles son los conceptos que forman parte de la base imponible y cuáles quedan excluidos de cualquier retención gremial obligatoria.
“No integrarán la base de cálculo los conceptos que no constituyan retribuciones normales, habituales y de percepción mensual correspondientes a la categoría convencional del trabajador, tales como premios, bonos, participación en las ganancias, horas extras, sueldo anual complementario, plus vacacional, sumas no remunerativas y todo otro concepto, cualquiera fuere su naturaleza jurídica, origen o denominación, que no se abone en forma normal, habitual y mensual”, expresa el decreto.
De esta manera, se restringe la posibilidad de aplicar aportes sindicales sobre conceptos que anteriormente, en muchos casos, integraban la totalidad del recibo salarial.
El impacto en las paritarias y el primer desafío con Comercio
Uno de los principales efectos de la modificación recaerá sobre las negociaciones paritarias que actualmente se encuentran en marcha. Desde ahora, la Secretaría de Trabajo no podrá homologar convenios colectivos que contemplen descuentos sindicales sobre sumas no remunerativas, lo que modifica el funcionamiento habitual de las mesas de negociación.
Durante los últimos años, las asignaciones fijas y los incrementos no remunerativos se consolidaron como una herramienta frecuente para mejorar el ingreso de bolsillo de los trabajadores sin superar las pautas salariales impulsadas por el Gobierno y evitando, de manera transitoria, determinados aportes previsionales.
El primer caso que pondrá a prueba la nueva reglamentación será la negociación salarial de Empleados de Comercio (Faecys), prevista para esta semana. Actualmente, el gremio mantiene una suma fija no remunerativa de 120.000 pesos que durante julio pasará a integrar el salario básico. La imposibilidad de efectuar retenciones sindicales sobre futuras sumas no remunerativas obligará al sindicato a revisar su estrategia habitual de negociación.
Si bien la doctrina judicial y laboral suele debatir el carácter indemnizatorio de estos conceptos, los convenios colectivos acostumbraban establecer aportes sindicales sobre esas sumas, una práctica que el nuevo decreto elimina.
Cómo queda el financiamiento de los sindicatos
Al mismo tiempo que limita los descuentos sobre conceptos no remunerativos, el Decreto 612/2026 introduce una aclaración considerada favorable para las organizaciones gremiales. La norma ratifica que las contribuciones a cargo de los empleadores acordadas en convenios colectivos no forman parte del límite del 2% previsto por la Ley de Modernización Laboral para las cuotas solidarias que pagan los trabajadores.
En consecuencia, los aportes patronales destinados a fines sociales, asistenciales, previsionales o culturales quedan excluidos de ese tope, preservando recursos como los que el sector mercantil destina al Inacap o al fondo previsional La Estrella.
Esta exclusión resulta determinante para el sostenimiento del sistema de salud y asistencia sindical, afectado por recurrentes problemas financieros. Uno de los ejemplos mencionados es el de Camioneros, cuya obra social recibe una contribución empresarial de 5.000 millones de pesos por mes, originada en el aporte de 25.000 pesos por trabajador previsto en el convenio colectivo.
Como contrapartida, el Gobierno exige que esos recursos sean administrados de manera independiente de los fondos generales de cada sindicato, con una contabilidad diferenciada.
Las negociaciones políticas detrás del decreto
La publicación del Decreto 612/2026 es el resultado de varias semanas de negociaciones reservadas entre referentes dialoguistas de la CGT y funcionarios de la Casa Rosada.
Tras la publicación del Decreto 407, dirigentes como Gerardo Martínez (Uocra) y Cristian Jerónimo intensificaron los contactos con el asesor presidencial Santiago Caputo y los dirigentes Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem. Las conversaciones cobraron mayor impulso luego de la designación de Diego Santilli como jefe de Gabinete.
De acuerdo a información de Comercio y justicia, distintas fuentes reconstruyeron que, Santilli, junto a los Menem, convenció a Karina Milei de avanzar con esta nueva reglamentación para atender parte de los reclamos de la CGT, preservar un canal de diálogo con la central obrera y contribuir a la estabilidad política mientras el Gobierno busca fortalecer su posición de cara a las elecciones nacionales de 2027.
Como resultado de esas gestiones, los sindicatos lograron preservar el financiamiento gremial y mantener aspectos centrales del sistema de convenios colectivos. Gerardo Martínez afirmó que pudieron sostener las cuotas solidarias y eliminar el artículo que quitaba a las empresas su rol como agentes de retención, una modificación que, según sostuvo, habría debilitado la estructura sindical.
En ese contexto, dentro de la CGT interpretan que el nuevo decreto representa un revés político para el ministro de Desregulación, quien impulsa un modelo basado en sindicatos y convenios por empresa para reducir el peso del sindicalismo tradicional.
La oficialización de la medida también coincide con la movilización convocada por la CGT para este miércoles frente al Congreso en respaldo a los jubilados. Si bien la central obrera había advertido con impulsar un esquema de protestas similar al aplicado en Francia en 2023 contra Emmanuel Macron, las negociaciones concluyeron con una movilización sin paros sectoriales ni rotativos, en un escenario que inaugura una nueva etapa en las relaciones laborales.
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