Detención de Julio De Vido en el marco de la Causa Cuadernos: tensiones judiciales, presión mediática y reclamos por sus condiciones de salud
La detención de Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal durante los gobiernos kirchneristas, volvió a colocar a la denominada Causa Cuadernos en el centro de la escena política, mediática y judicial. El contexto se presenta atravesado por varios elementos: un nuevo impulso al expediente tras años de estancamiento, fuertes cuestionamientos sobre el rol de la prensa —particularmente del diario La Nación, medio de línea crítica al kirchnerismo y origen de la investigación periodística que dio origen al caso— y denuncias de su esposa, Alessandra Miniccelli, sobre las condiciones en las que el ex funcionario permanece detenido.
La Causa Cuadernos, iniciada en 2018 tras la publicación de una investigación de La Nación basada en los cuadernos del chofer Oscar Centeno, transitó desde entonces un recorrido marcado por incidentes, planteos, nulidades y dilaciones. Y si bien el expediente avanza hacia su instancia oral, la discusión en torno a la modalidad del juicio, su ritmo y la presión mediática sobre el Tribunal Oral Federal N°7 (TOF7) vuelven a escalar.
Un expediente bajo presión: críticas al rol de La Nación
Días después de una audiencia clave, un abogado penalista publicó una columna de opinión en la que describe el modo en que —según su mirada— sectores mediáticos, y en particular La Nación, buscan incidir directamente en el desarrollo del juicio. Sostuvo que el diario “emerge —una vez más— como guionista y actor del propio proceso”, en referencia al seguimiento editorial que el medio hace del caso desde su origen.
Según ese análisis, la publicación no solo relata los movimientos del expediente, sino que también “pretende conducirla”. La crítica apunta a que una de las notas del diario, publicada tras la última audiencia, funcionaría como una pieza que “describe, presiona, celebra y amonesta”, y que vuelve a exigir al tribunal mayor celeridad, presencialidad obligatoria para determinados imputados y exposición pública de quienes integran la causa.
El abogado plantea que la influencia mediática de La Nación tiene un peso singular en este expediente debido al rol que el propio medio tuvo en el surgimiento de la causa: “Sin Cabot, sin la puesta en escena, sin la amplificación mediática original, los cuadernos nunca habrían tenido vida procesal”. En ese sentido, señala que más que periodismo, existió una forma de “participación en la arquitectura del caso”.
Pero el eje de su análisis no se detiene allí. El autor sostiene que, a diferencia de lo ocurrido en etapas previas, esta vez encontró un tribunal que “no se dejó disciplinar”. Describe que los jueces Germán Castelli, Fernando Canero y Enrique Méndez Signori expusieron durante la audiencia argumentos estrictamente jurídicos y administrativos: la necesidad de preservar garantías constitucionales, la falta de recursos materiales para afrontar un juicio de estas características y la imposibilidad de someter el calendario judicial a urgencias externas.
El texto remarca que el TOF7 lleva años reclamando recursos básicos para gestionar un expediente que involucra a 87 imputados, miles de fojas y numerosas incidencias procesales, sin haber recibido respuestas. En esa línea, cuestiona que se exija ahora, ante el renovado clima público, acelerar un proceso que no avanzó con la misma intensidad durante seis años.
El análisis también subraya que la decisión del tribunal de sostener instancias remotas o mixtas no es arbitraria: “La Corte, desde 2020, avala la realización de audiencias remotas; los juicios complejos en todo el país se sostienen con modalidades mixtas”, señala. Y agrega que la presencialidad se reserva para actos de especial gravedad jurídica, como indagatorias o declaraciones directas de los imputados.
Sin embargo, señala que ese planteo técnico fue traducido por La Nación “en clave política”. Desde esa óptica, el diario “necesita la escena: imputados entrando por Comodoro Py, cámaras, escraches, réplicas virales, titulares”. El autor interpreta que la publicación busca recuperar el impacto mediático de 2018 y sostiene que el fondo político de esa presión es “proscribir al peronismo”, manteniendo abierto un proceso que genera desgaste público sin sentencia firme.
Uno de los pasajes más críticos se dirige hacia la figura del chofer Oscar Centeno, a quien define como un “dispositivo narrativo” más que como un testigo tradicional. Plantea interrogantes sobre su rol y la falta de ciertos elementos materiales: “Faltan los cuadernos. Faltan fechas consistentes. Faltan respaldos físicos”. Y señala que su silencio durante años deja abiertas incógnitas sobre su posición penal, que —según sostiene— nunca fueron respondidas ni por la Justicia ni por la prensa.
En su conclusión, el análisis celebra lo que denomina la autonomía del tribunal y plantea que, en la medida en que el juicio se realice “con reglas y no con titulares”, quedará expuesta la fragilidad estructural del caso.
La detención de De Vido y los reclamos de su esposa
Mientras el debate en torno al juicio oral se intensifica, la situación personal de Julio De Vido abrió otra línea de tensión. Su esposa, Alessandra Miniccelli, difundió un texto en el que describe la situación en la que se encuentra el ex ministro desde su detención, ocurrida el jueves 13 de noviembre por la tarde. Según su relato, visitó a De Vido el 14 de noviembre en el Hospital del Penal de Ezeiza (HPD) y encontró un panorama que definió como “gravísimo”.
Miniccelli sostiene que el ex ministro no había tenido acceso a sus pertenencias y que se encontraba “con una camiseta térmica y hacía 30 grados”, dado que su bolso aún estaba bajo revisión. También afirmó que la comida brindada “no responde a una dieta para diabéticos/insulino dependientes”: “en el desayuno le habían dado 5 panes”, señaló, lo cual califica como “veneno para él” debido a su condición médica.
Entre los puntos denunciados agrega que durante la mañana pidió agua caliente “para un mate cocido y no le dieron”, que solicitó bañarse y “no lo dejaron”, que solo cuenta con un teléfono público con tarjeta al que “puede acceder una sola vez hasta las 20 hrs y nadie le explica cómo funciona”, y que “no accede a su medicación”.
La esposa del ex funcionario informó que ya realizaron una presentación judicial y que el juez envió un oficio al HPD para intervenir en la situación: “TODO MAL!!! Veremos qué pasa”, expresó. También se refirió al incidente vinculado al pedido de prisión domiciliaria: pese a que —según indica— presentaron un informe de salud completo y certificado, se ordenó una nueva pericia médica y un informe socioambiental en su domicilio, trámites que aún no fueron realizados.
Miniccelli destacó la edad de su esposo: “Julio cumple 76 años el 26 de diciembre, es decir que el 27/12 ES EL PRIMER DÍA DE SUS 77 años”. Y cerró con un interrogante sobre el origen del trato que denuncia: “Quisiera poder saber quién/ quiénes o por qué LO ESTÁN MAL TRATANDO ASÍ y por qué”.
Un caso que vuelve a concentrar el foco público
La detención de Julio De Vido reabre un expediente que, más de siete años después de su inicio, continúa generando fricciones entre el poder judicial, la política y los medios. Mientras el TOF7 sostiene que avanzará con criterios propios y en función de garantías constitucionales, sectores mediáticos reclaman acelerar el proceso y recuperar un juicio presencial que consideran necesario para la transparencia pública.
En paralelo, las condiciones de detención del ex funcionario abren una nueva capa de debate, especialmente ante los cuestionamientos familiares y las presentaciones judiciales ya realizadas.
El avance de las próximas semanas será clave tanto para el desarrollo del juicio como para definir la situación de salud y el tratamiento carcelario de uno de los imputados más relevantes del caso.
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