La conexión argentina del Cartel de los Soles: las maniobras de Federico Virasoro con la empresa National Shipping
En una investigación que atraviesa fronteras y niveles de poder, agencias de inteligencia de Estados Unidos, Europa y América del Sur analizan una red financiera y logística con posibles vínculos argentinos y paraguayos al Cartel de los Soles, la organización criminal asociada al régimen de Nicolás Maduro.
Una de las principales líneas de investigación apunta a Federico Virasoro, presidente en Consorcio de Cooperación Naviero (integrado por los armadores Naviera Sur Petrolera y National Shipping). Se analizan maniobras irregulares con National Shipping, a partir del descubrimiento de dudosa documentación sobre la supuesta navegación intercontinental de buques que en realidad están abandonados.
Asimismo, de acuerdo con fuentes de inteligencia, los financistas argentinos Mauro Ezequiel Vicioso, Diego Hernán Izus y Fernando Gabriel Colantonio están bajo seguimiento por sus movimientos financieros y migratorios, y por supuestos lazos con el gobernador formoseño Gildo Insfrán, cuya provincia limita con Paraguay, una de las rutas más activas del contrabando regional.
Federico Virasoro y National Shipping: el eje argentino bajo la lupa
Según informó el medio Último Cable, una de las líneas más sensibles de la investigación apunta directamente a la compañía National Shipping, una firma de capitales argentinos con conexiones tanto con Caracas como con los gobiernos kirchneristas.
De acuerdo con documentos internos y registros marítimos, la empresa habría operado con Federico Virasoro y el empresario petrolero Horacio Sambucetti en maniobras presuntamente irregulares, utilizando documentación de los buques Juana Azurduy y Eva Perón. Estas naves, inconclusas y abandonadas por PDVSA en el Astillero Río Santiago, figurarían sin embargo navegando hacia Europa desde el puerto de Ushuaia, una situación que despertó alertas en agencias de control marítimo y financiero.
En paralelo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) mantiene bajo observación a los empresarios Nahel Di Pascale y Federico Román Laffouillere, considerados personas de interés en causas vinculadas al lavado de activos y transferencias internacionales sospechosas.
La pesquisa se desarrolla en un contexto internacional de alta tensión. En julio de 2025, el Departamento del Tesoro de EE. UU. declaró al Cartel de los Soles como organización terrorista global (SDGT) bajo la Orden Ejecutiva 13224, formalizando la acusación de que el régimen venezolano facilitó el tráfico de drogas, oro y armas con protección estatal. La medida reactivó sanciones, recompensas por información sobre Maduro y nuevas vías de cooperación judicial con países de la región.
Paraguay, un territorio clave en la ruta del dinero
Mientras tanto, Paraguay se convirtió en un punto estratégico para rastrear los movimientos financieros del cartel. El país mantiene una deuda de más de u$s 300 millones con PDVSA, pero las negociaciones colapsaron tras la ruptura diplomática decretada por Caracas en enero de 2025.
Desde 2023, según agencias occidentales, el régimen de Maduro habría contratado a un grupo de abogados paraguayos vinculados al poder político y al club Cerro Porteño para proteger bienes y activos del cartel ante la Justicia local. Entre ellos se menciona a Ariel Martínez, exministro de Justicia de Horacio Cartes y asesor del actual presidente Santiago Peña, junto con Santiago y Claudio Lovera Velázquez, María Chiara Pérez Leguizamón y Humberto Daniel Berni Brítez, todos señalados por un repentino incremento patrimonial vinculado a sus honorarios profesionales.
Fuentes judiciales en Asunción sostienen que este grupo operaría bajo la apariencia de litigios comerciales para mantener a flote sociedades relacionadas con PDVSA, como Naviera Conosur, Fluvialba Paraguay y PDVSA Paraguay S.A., hoy prácticamente inactivas, pero con antecedentes de pagos, embargos y operaciones difíciles de justificar frente a sus balances.
La trama fluvial: barcos varados y maniobras sospechosas
Estas compañías, nacidas durante la etapa de “integración energética” entre los gobiernos de Hugo Chávez y Néstor Kirchner, quedaron en estado de abandono. Sin embargo, sus nombres continúan apareciendo en operaciones de venta de chatarra, pago de acreedores y transferencias millonarias, lo que despertó las alarmas de la SEPRELAD, la Unidad de Inteligencia Financiera de Paraguay, ante posibles maniobras de lavado de dinero.
Informes judiciales y marítimos confirman que siete embarcaciones del grupo Fluvialba permanecen hundidas o varadas en la Hidrovía Paraná-Paraguay, sin esfuerzos de reflotamiento, mientras que el resto de la flota podría estar siendo vendido irregularmente a compradores argentinos con vínculos a exfuncionarios de PDVSA.
Tanto la Fiscalía estadounidense como el Tesoro de EE. UU. siguen de cerca estas operaciones. El objetivo es determinar si PDVSA o sus filiales regionales han funcionado como vehículos de blanqueo de dinero del Cartel de los Soles, mediante una red de empresas fantasma, activos marítimos y estructuras legales repartidas entre Paraguay, Argentina y Uruguay.
Un entramado regional de poder, corrupción y lavado
Lo que alguna vez se presentó como un proyecto de integración energética latinoamericana hoy se revela como una trama de corrupción, lavado y complicidades políticas. Entre los nombres que destacan, el de Federico Virasoro y la empresa National Shipping se posicionan en el centro del mapa argentino de una red que conecta al poder político, las rutas del narcotráfico y los restos de la estructura empresarial de PDVSA.
Mientras Estados Unidos intensifica la presión sobre el Cartel de los Soles, las investigaciones en Paraguay y Argentina podrían exponer una red continental de corrupción que mezcla negocios marítimos, sociedades inactivas y operaciones financieras opacas.
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