Denuncian la represión frente al Congreso y piden investigar por la presencia de policías de civil armados
El operativo de seguridad realizado frente al Congreso durante la manifestación contra la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada quedó bajo investigación judicial. La denuncia apunta contra la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, y el comisario inspector de la Policía Federal Argentina Gustavo Antonio Gauna por el accionar de las fuerzas de seguridad durante la jornada del 6 de agosto.
La presentación fue realizada por el abogado Gregorio Dalbón, quien pidió que se investigue tanto a los funcionarios mencionados como a “todos aquellos funcionarios públicos y efectivos de las fuerzas federales que resulten responsables”, en calidad de autores, coautores, partícipes o por las responsabilidades funcionales que pudieran corresponder.
Uno de los principales puntos de la denuncia está relacionado con la presencia de policías de civil armados durante el operativo. Según sostiene el escrito, Gauna aparece en imágenes difundidas públicamente vestido de civil, con un arma larga y efectuando disparos durante la manifestación.
“Lo que surge de los registros difundidos es la participación activa de un funcionario policial armado, sin uniforme visible, en una intervención de naturaleza coercitiva”, sostiene la presentación.
En ese marco, Dalbón solicitó que el efectivo sea apartado preventivamente de sus funciones mientras se desarrolla la investigación.
La denuncia busca determinar qué arma utilizó Gauna, qué munición tenía, quién autorizó su portación, cuál era la tarea que debía cumplir y bajo qué órdenes actuaba durante el operativo.
Un operativo con 820 efectivos y denuncias contra las fuerzas de seguridad
La presentación judicial sostiene que aproximadamente 820 efectivos de la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura fueron desplegados en las inmediaciones del Congreso.
De acuerdo con el relato incorporado a la denuncia, la manifestación se inició de manera pacífica y, posteriormente, las fuerzas de seguridad avanzaron sobre los sectores donde se encontraban los manifestantes.
Entre los recursos utilizados durante el operativo se mencionan gases irritantes, proyectiles de goma, camiones hidrantes y desplazamientos físicos de personas.
El escrito también dedica un apartado a las agresiones denunciadas contra trabajadores de prensa que se encontraban cubriendo la movilización.
“Uno de los aspectos más preocupantes de la jornada fue precisamente la afectación de periodistas, fotógrafos y camarógrafos que se encontraban desarrollando su actividad profesional”, afirma la presentación.
Entre los casos mencionados figura el de una fotógrafa que sufrió un traumatismo craneal durante los incidentes. Además, la denuncia señala que se difundieron registros de otros trabajadores de prensa que habrían sido alcanzados por proyectiles.
Para Dalbón, el conjunto de imágenes y videos difundidos permite analizar los hechos como una secuencia y no como situaciones aisladas.
“La multiplicidad de registros resulta significativa porque permite advertir que no se trató de un único episodio aislado, sino de una secuencia prolongada de intervenciones policiales”, sostiene.
Qué investiga la denuncia sobre Alejandra Monteoliva
La presentación también solicita investigar el rol de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, a partir de su responsabilidad como máxima autoridad política de la cartera de la que dependen las fuerzas federales que participaron del operativo.
El planteo aclara que la denuncia no atribuye de manera automática a la funcionaria responsabilidad por cualquier conducta individual de los agentes. Sin embargo, considera relevante analizar las decisiones adoptadas antes, durante y después de la jornada.
“Su posición institucional resulta relevante porque la Ley de Seguridad Interior N° 24.059 atribuye al Ministerio de Seguridad, por delegación del Presidente de la Nación, la conducción política del esfuerzo nacional de policía”, señala el escrito.
Por ese motivo, la investigación deberá establecer si desde el Ministerio de Seguridad se impartieron, autorizaron o toleraron instrucciones que pudieran resultar incompatibles con las normas que regulan el uso de la fuerza.
Uno de los interrogantes centrales planteados en la denuncia es quién autorizó la participación de policías de civil armados durante la manifestación.
En ese sentido, se solicita determinar si la intervención de agentes vestidos de civil había sido contemplada previamente dentro del dispositivo de seguridad y, en caso de haber sido así, qué autoridad la autorizó y cuál fue el marco normativo utilizado.
La denuncia pide además que el Ministerio de Seguridad informe si esa modalidad estaba prevista, cuál era su objetivo y si los agentes estaban autorizados a portar y eventualmente utilizar armas de fuego durante la protesta.
En relación con Gauna, se solicita a la Policía Federal que precise si estaba afectado al operativo, qué función tenía, quién era su superior inmediato y qué autoridad ordenó o autorizó su participación.
También se requiere información sobre la eventual asignación de un arma de fuego: qué arma era, su calibre, número de serie, cantidad de munición entregada y registros sobre posibles disparos efectuados durante la jornada.
La investigación sobre el uso de armas de fuego
Otro de los ejes de la denuncia es la utilización de armas de fuego durante el operativo. La presentación cita la Resolución 125/2024 del Ministerio de Seguridad, que establece el Reglamento General para el Empleo de las Armas por parte de los miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad.
Según el planteo, esa normativa establece que las armas deben utilizarse únicamente cuando sea estrictamente necesario y que las armas de fuego solamente pueden emplearse cuando otros medios no violentos hayan resultado ineficaces y bajo determinadas circunstancias.
Por eso, en caso de confirmarse que Gauna utilizó un arma de fuego mientras se encontraba vestido de civil y sin identificarse como funcionario, la Justicia deberá establecer si su accionar se encontraba comprendido dentro de alguna de las excepciones contempladas por la reglamentación.
“No se trata aquí de sostener que la sola utilización de vestimenta civil torne ilícito el accionar, sino de establecer si, al momento de recurrir al arma, se cumplieron las condiciones sustantivas y formales exigidas por la normativa que regula el empleo de la fuerza”, aclara la presentación.
Qué delitos podrían investigarse
La denuncia plantea, en principio, la posible comisión de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, contemplados en el artículo 248 del Código Penal.
También menciona las figuras de vejaciones y/o apremios ilegales, previstas en el artículo 144 bis, inciso 2°, y eventualmente el artículo 249, referido al funcionario que ilegalmente omite, rehúsa hacer o retarda un acto propio de su función.
El abogado sostiene que durante la investigación deberá establecerse si las órdenes impartidas para el operativo fueron legales y si los efectivos actuaron dentro de los límites correspondientes a sus funciones.
“La existencia de una orden superior no convierte automáticamente en legítimo cualquier acto ejecutado en su cumplimiento”, advierte el escrito.
Las pruebas que pidió la denuncia
Para avanzar con el expediente, Dalbón solicitó distintas medidas de prueba. Entre ellas, que el Ministerio de Seguridad entregue el operativo completo, sus anexos, modificaciones, órdenes complementarias e instrucciones.
También pidió identificar a los funcionarios que participaron en su elaboración, aprobación, coordinación y supervisión.
A la Policía Federal le reclamó todos los registros audiovisuales del operativo, incluyendo cámaras corporales, cámaras instaladas en vehículos y registros de los centros de monitoreo.
Además, solicitó las cámaras de seguridad del Congreso y los archivos originales de fotografías y videos de los medios de comunicación, especialmente aquellos registros que permitan determinar la actuación de Gauna y de otros efectivos de civil armados.
La presentación también reclama que se tome declaración testimonial a periodistas, fotógrafos, camarógrafos, manifestantes y otras personas que hayan presenciado los hechos.
Piden la indagatoria de Monteoliva y Gauna
Como parte del petitorio, Gregorio Dalbón solicitó que Alejandra Monteoliva y Gustavo Antonio Gauna sean citados a prestar declaración indagatoria.
El pedido fue incluido junto con las distintas medidas de prueba solicitadas para avanzar en la investigación sobre el operativo de seguridad desplegado frente al Congreso el 6 de agosto y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder por el accionar de las fuerzas federales.
NOTAS RELACIONADAS
