El Senado convirtió en ley el nuevo Régimen Penal Juvenil y la edad de imputabilidad bajó a 14 años
El Senado convirtió en ley el nuevo Régimen Penal Juvenil y le dio al Gobierno otro triunfo parlamentario en el cierre del período de sesiones extraordinarias. El eje central de la norma es la reducción de la edad de imputabilidad, que pasa de los 16 a los 14 años, en línea con parámetros que ya rigen en distintos países de la región.
La iniciativa fue aprobada con 44 votos positivos y 27 en contra, tras un acuerdo del oficialismo con bloques aliados. Si bien La Libertad Avanza no logró avanzar con su planteo original de fijar la edad de punibilidad en 13 años, consiguió los apoyos necesarios de la UCR, el PRO y fuerzas provinciales para sancionar el texto definitivo.
El debate fue seguido desde los palcos por familiares de víctimas de delitos cometidos por menores, quienes mantuvieron encuentros con la jefa de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, y con legisladores de otros espacios que respaldaron la reforma.
La sesión comenzó con un cruce reglamentario cuando el senador Gonzalo Guzmán (LLA/Salta), miembro informante del proyecto, leyó gran parte de su exposición. La senadora Juliana Di Tullio cuestionó a la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, por no hacer cumplir la norma que impide la lectura de discursos en el recinto.
"No se puede leer porque alguien tiene que estudiar las leyes complejas que el Ejecutivo envía y si no tienen a nadie que las estudie y las lea, es una vergüenza", protestó la legisladora, mientras exhibía el reglamento y la Constitución.
La respuesta llegó de parte de la senadora libertaria María Emilia Orozco, quien cuestionó las interrupciones del peronismo. "Estamos solucionando los problemas que ustedes nos dejaron y si respetarán la normativa no tendrían a la máxima referente condenada con una tobillera", afirmó, en alusión a Cristina Kirchner.
Más allá de la discusión reglamentaria, Guzmán sostuvo que la Argentina se adecua con esta ley a estándares internacionales en materia penal juvenil. La edad de imputabilidad en 14 años ya se aplica en Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Venezuela y República Dominicana. En Brasil, Ecuador, Costa Rica, El Salvador y Panamá el límite fue establecido en los 12 años.
Baja de edad de imputabilidad y financiamiento
Durante el debate, sectores de la oposición reclamaron garantías presupuestarias para la implementación del nuevo régimen. El senador Jorge Capitanich advirtió que sin fondos específicos estas leyes "quedan en letra muerta y constituyen una frustración colectiva si se mantiene la política de ajuste del Gobierno". En una línea similar se expresó el radical Flavio Fama.
Orozco volvió a responder a las críticas y pidió a los gobernadores que comiencen a "hacer un uso óptimo de los recursos y no le tiren la pelotita a la Nación".
Para alcanzar previamente la media sanción en la Cámara de Diputados, donde el proyecto obtuvo 149 votos a favor y 100 en contra, el Ejecutivo se comprometió a destinar más de $ 23.700 millones para financiar el nuevo sistema y permitir que las provincias suscriban convenios con la Nación para su aplicación.
Nuevas penas, reinserción y creación de institutos
El debate incluyó momentos de tensión, como el cruce entre el senador peronista Carlos Linares (Chubut) y la legisladora libertaria Nadia Márquez. Linares sostuvo que la reforma será un fracaso "si no hay contención" y acusó a la diputada de "carroñar el dolor de la gente" por mencionar casos de víctimas de delitos cometidos por menores.
El cordobés Luis Juez defendió la iniciativa y cuestionó al peronismo por hacer "politiquería". "Les pido vayan a carroñar ahí con esos padres que perdieron todo. A ver si se animan después a sentarse acá", expresó.
Desde el oficialismo, la senadora Belén Monte de Oca argumentó que la nueva legislación responde a "un proceso social que se viene dando desde hace larga data y que exige respuestas concretas por parte del Estado". Y agregó: "Este proyecto es urgente e impostergable, la sociedad demanda con énfasis su tratamiento y sanción”.
En tanto, la radical Carolina Losada definió el Régimen Penal Juvenil como "una gran herramienta" y afirmó: "Las madres de los soldaditos en Rosario me dicen que si aprobamos la baja de la edad imputabilidad vamos a salvar más chicos".
La norma incorpora programas educativos, laborales y recreativos con el objetivo de garantizar la reinserción social de los jóvenes. Para delitos con penas de hasta 3 años y aquellos de 3 a 10 años que no incluyan muerte o lesiones graves, se prevén modalidades como prisión domiciliaria, tareas comunitarias, inhabilitación para conducir y reparaciones económicas.
En el caso de delitos graves —como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros— la pena máxima se reduce de 20 a 15 años de prisión. Además, se dispone la creación de institutos especiales para alojar a los jóvenes, con personal capacitado en infancia y adolescencia, y se establece de manera expresa la prohibición de convivencia entre menores y detenidos adultos.
Con esta sanción, el Gobierno cerró el período extraordinario con uno de los proyectos más sensibles de su agenda legislativa ya convertido en ley, en medio de un debate que combinó argumentos técnicos, reclamos presupuestarios y fuertes cruces políticos en el recinto.
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