El caso del hachís vía courier: la Cámara confirmó el procesamiento de Klug y el rol clave de Diego Santelia, pero revocó el procesamiento de los Bouza

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El llamativo caso de los casi 126 kilos de hachís, importados a través del sistema de courier vía Ezeiza, sigue su camino. Además del fallo de primera instancia, a cargo del juez -en lo Penal Económico- Alejandra Cattania, la instrucción continúa y arrojó nuevos resultados. Pero además, con tanto rapidez como el fallo de primera instancia, se produjo el dictamen de la Cámara Penal Económico, a cargo de los magistrados Roberto Hornos y Carolina Robiglio; que fue publicado este martes 1° de julio.

Este fallo, en sintonía con el de primera instancia, ratifica el procesamiento y embargo del importador Miguel Ángel Klug y su firma Primater S.R.L., que “tuvieron una intervención directa en el hecho, en tanto su accionar permitió la importación de los envíos que contenían sustancia estupefaciente oculta en su interior”. Además, señala que Klug “fue quien se encargó de distintas gestiones vinculadas a la importación de la mercadería a nuestro país, facilitó los nombres y datos de las de la personas que figurarían en las guías como destinatarios de las mismas a cambio de un pago de 70 dólares, recibía la mercadería en el domicilio de Primater S.R.L. y la entregaría como en los casos anteriores a Leandro Laureano Santelia, sin pedir documentación, recibo o remito alguno.

Con respecto a los Santelia, confirma el procesamiento y embargo de Leandro, en tanto que Diego -organizador clave- continúa prófugo, aparentemente en los Estados Unidos. Según el fallo, “Leandro Laureano SANTELIA, no solo es quién encargó los envíos de autos a través de Daniel Ferreiro de DACOL CORPORATION, para ser retirados una vez en la Argentina del domicilio de PRIMATER S.R.L., donde serían entregados por Miguel Angel KLUG, sino también que el 1º de mayo de 2025, se comunicó con DACOL CORPORATION consultando por la carga retenida, lo cual evidencia su directo interés en los envíos que contenían la sustancia estupefaciente oculta”. También destaca que, apenas realizado el descubrimiento, dio de baja su línea telefónica; mientras consigna que sus acreditaciones bancarias “no resultan razonables ni vinculadas a la actividad comercial que expresó en su declaración indagatoria”: casi $ 288 millones el año pasado y cerca de $ 443 millones en el curso del 2025.

 

Los Bouza: fallo “prematuro” y procesamiento revocado

 

Con respecto a los responsables del courier RSI, Roberto “El Hurón” y Facundo Bouza, el fallo de cámara revoca la decisión de primera instancia. Tanto en cuanto al probable conocimiento de la importación de estupefacientes; como al típico delito aduanero de “comprar nombres” para saltear el máximo de tres envíos anuales por persona a través del sistema de courier.

El fallo de cámara considera “cuanto menos prematuro en función de las pruebas incorporadas”, considerar que “Facundo Bouza y Roberto Claudio Bouza habrían tenido una intervención culpable presunta en el hecho investigado, en tanto habrían facilitado el ingreso al país de la mercadería en cuestión mediante la utilización del régimen simplificado de Courier, permitiendo su entrega a una persona distinta y en un domicilio diferente al consignado en los envíos”. El fallo apunta que “no puede sostenerse que la mercadería hubiera sido sometida a un tratamiento aduanero distinto, ni que hubiera existido un obrar doloso” de ambos.

Tras señalar eso, el fallo les revoca el procesamiento. La situación judicial de los Bouza se alivia a partir del fallo de Hornos y Robiglio. Sin embargo, aquí las aguas se dividen. No hay cuerpo probatorio para incriminarlos en el delito de narcotráfico. Tampoco consta que conocían la maniobra de su cliente -el importador Klug- para comprar nombres -a 70 dólares el envío- para burlar los límites del sistema de courier.