La jueza Preska rechazó suspender el fallo por YPF y Argentina evalúa apelar a la Corte Suprema de EE.UU.
El Estado argentino sigue en disputa con Burford Capital por la expropiación de la petrolera en 2012
La jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, desestimó el pedido del Gobierno argentino de suspender el cumplimiento de la sentencia que obliga al país a entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos de inversión que litigan por la expropiación de la empresa realizada en 2012.
El fallo, emitido por el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ratifica la orden de transferencia de acciones a favor de los demandantes, pero aún quedan recursos legales disponibles para Argentina. En ese sentido, se mantiene abierta la posibilidad de una apelación ante la Corte Suprema de Estados Unidos, aunque el proceso podría extenderse por al menos dos años.
Negociaciones en marcha y reunión clave en Nueva York
Este martes por la mañana se desarrollará un encuentro decisivo entre las partes en la ciudad de Nueva York. La expectativa del Gobierno argentino es que algún tribunal superior revierta la decisión, mientras que los fondos especulativos buscan avanzar con una negociación directa con funcionarios del Ejecutivo nacional para resolver el conflicto.
Argentina mantiene actualmente el 51% de participación en YPF, acciones que adquirió a la española Repsol durante el proceso de nacionalización impulsado en 2012. Sin embargo, la empresa Burford Capital, que compró los derechos de litigio de los grupos Petersen Energía e IEASA (ex Enarsa), exige una compensación millonaria por presuntas irregularidades durante ese proceso.
El reclamo de Burford y el fallo de Preska
En abril de 2024, Burford solicitó a la jueza Preska que autorice la transferencia del paquete accionario de YPF que está en manos del Estado argentino. El pedido se basó en el incumplimiento de un fallo anterior, dictado en 2023, que condenó a la Argentina a pagar u$s16.100 millones.
En línea con ese pronunciamiento, la jueza ordenó recientemente que el país transfiera sus acciones Clase D de YPF a una cuenta de custodia en el Banco de Nueva York Mellon (BNYM) en un plazo de 14 días desde la fecha de la orden. Una vez depositadas, BNYM deberá entregarlas a los demandantes o a quienes estos designen, en un día hábil.
Este fallo se suma a otras exigencias previas hacia el Estado argentino, como la obligación de brindar información sobre distintos activos, entre ellos reservas de oro del Banco Central y acciones de empresas públicas.
Estrategia legal argentina y argumentos de apelación
La defensa argentina ya había anticipado la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos en caso de que el resultado de la apelación fuera desfavorable. En su presentación, se argumenta que la orden de Preska infringe el derecho federal norteamericano, además de violar la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) y principios de cortesía internacional.
También se destaca como un punto clave la Declaración de Interés del Departamento de Justicia de EE.UU., que fue interpretada como un gesto de respaldo del entonces gobierno de Donald Trump hacia la postura argentina.
Entre las objeciones presentadas por la defensa figura, además, la denuncia de un "ejercicio inconstitucional de jurisdicción extraterritorial", al considerar que la jueza excede sus atribuciones al intervenir sobre activos de un Estado soberano fuera de su territorio.
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