La empresa de Vitalcan está cerca de una demanda y suspensión por parte de la ex AFIP: una planta industrial armada con materiales prohibidos

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Vitalcan, marca de alimentos para mascotas, es un muy conocida. Bastante más que la razón social detrás de ella, Com & Log S.A., o los dueños Nicolás Marcos (mayoritario) y Juan Martín Marcos (minoritario), con más de 34 y 15 millones de acciones respectivamente. Sin embargo, los problemas que esta compañía enfrenta con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP) pueden afectar su funcionamiento y hasta provocar el cierre del establecimiento instalado en el Parque Industrial de Río Grande (Tierra del Fuego).

La maniobra, que se compuso de varios pasos, fue posible gracias a que la actual gestión de ARCA organizó un equipo de investigación ad hoc, sin que sea formalmente la antigua Dirección de Inteligencia Fiscal y Aduanera (DIFA). El actual titular de la Dirección General Impositiva (DGI), Andrés Vázquez, integró la recordada DIFA y conoce la efectividad de este tipo de equipos de trabajo.    

Por un lado, hay una demanda que ARCA está preparando. Pero también, esperando la decisión política de cómo tratar el tema, en la agencia que comanda Juan Pazo sospechan que hubo un entramado de corrupción. “Por un lado, las estructuras prefabricadas de material prohibido fueron importadas con el sistema de las SIRA (Sistema de Importaciones de la República Argentina), que sabemos tenía una alta dosis de discrecionalidad”, apunta el investigador que más conoce el tema. “Además -agrega- las SIRA eran manejadas parte desde la Aduana, pero también desde la Secretaría de Comercio, que consiguió habilitar las importaciones de acero contaminante”.  

 

Una planta que funciona, pero sería ilegal

 

Para aprovechar las ventajas impositivas del subrégimen industrial de Tierra del Fuego, que no funciona sólo para electrónicos, la empresa de la marca Vitalcan montó una planta de procesamiento de alimentos para mascotas en el Parque Industrial de Río Grande. La misma fue anunciada como “una inversión en equipamiento de alta tecnología en procesamiento de alimentos para lograr estándares internacionales y exportar al mundo”.

El problema es que, según la avanzada investigación de ARCA, la fábrica fue armada con estructuras prefabricadas hechas de acero contaminante, y que por ello no tienen la aprobación del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Por ejemplo, una importación oficializada el 15 de julio del 2023, por más de 811.000 dólares, declara como mercadería “estructura de hierro o acero y paredes exteriores constituidas esencialmente por estas materias. Las demás construcciones prefabricadas”.

De acuerdo a lo que señalan autoridades de ARCA, cuando se detecta este tipo de material, hay dos medidas posibles. Una es la destrucción del mismo, y la otra el reenvío a origen, que lógicamente es la República Popular China. “Para que dejaran entrar este material, es obvio que hubo corrupción en la Aduana”, apuntan desde la sede central del organismo. En cualquiera de los dos casos, esto llevaría al inmediato cierre de la planta, con el consecuente impacto negativo para sus trabajadores y la ciudad industrial de la provincia isleña, Río Grande.

De acuerdo a toda la documentación disponible, parte de la cual se presenta en esta nota, ARCA podría realizar una denuncia penal, aunque está por verse si la misma comprenderá sólo a Com & Log  y sus dueños, o también a funcionarios de la Aduana. En estricto off the record, apuntan que la dirección de Aduana responsable por semejante delito es Valoración y Comprobación Documental, cuya titular desde febrero de 2020 es Andrea Muñoz, teniendo como lugarteniente clave -director adjunto- a Mariano Camarero.

Por supuesto que también hay responsabilidades en los responsables de la primera línea de control, la llamada zona primaria aduanera, los guardas y verificadores. También en el máximo responsable del Área Aduanero Especial de Tierra del Fuego, que curiosamente -o casualmente- fue desplazado hace algunos meses. Y más arriba, en un funcionario que era el enlace entre la Aduana y la Secretaría de Comercio, cuando Sergio Massa era ministro de Economía y jefe político de ese armado.