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El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 (TOF2) determinó este martes que Cristina Kirchner cumplirá su condena por la causa Vialidad — seis años de prisión y una inhabilitación permanente para ocupar cargos públicos — bajo la modalidad de prisión domiciliaria.

La decisión se fundamenta en dos motivos principales:

1. Edad y seguridad personal: con 72 años y tras el atentado de 2022, se consideró que el traslado a una prisión federal implicaría un riesgo excesivo. La no disponibilidad de una logística penitenciaria adecuada generaría “una afectación inadmisible a derechos constitucionales básicos” 

2. Cautela frente a movilización popular: la notificación vía Zoom, evitó que Kirchner se presentara en Comodoro Py, buscando prevenir una masiva concentración de simpatizantes

El TOF2 autorizó que cumpla la pena en su departamento de Constitución, ubicado en San José 1111, y entregó un plazo de 48 horas para presentar la nómina de personas habilitadas para ingresar sin autorización judicial: familiares, abogados, profesionales de la salud y agentes de custodia 

Prisión domiciliaria de Cristina Kirchner: reglas de conducta y mecanismo de supervisión

El fallo establece una serie de condiciones para la prisión domiciliaria:

• Permanencia en el domicilio salvo causas excepcionales debidamente justificadas y autorizadas previamente por el Tribunal

• No alterar la convivencia del vecindario ni generar movilizaciones o aglomeraciones

• Colocación de un dispositivo electrónico de vigilancia, tipo tobillera o similar, gestionado por la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios

• Presentación de la nómina de personas autorizadas en 48 horas, incluyendo médicos, juristas, familiares y seguridad. Las visitas no incluidas requerirán autorización judicial 

• Supervisión trimestral por parte de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal del Consejo de la Magistratura

El tribunal aclaró que incumplir estas condiciones puede llevar a la revocación del beneficio y el traslado inmediato de la expresidenta a un establecimiento penitenciario.

Este fallo marca un hecho histórico: es la primera vez que una expresidenta argentina empieza a cumplir una condena firme — ratificada por la Corte Suprema — en un contexto judicial y político altamente polarizado. La resolución refleja un equilibrio entre la protección de derechos individuales (edad y riesgo personal) y el control público y judicial de la medida, reflejando el principio de prisión domiciliaria condicionada.