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Tras el reciente fallo de la Corte Suprema, los abogados de Cristina Fernández de Kirchner solicitaron al Tribunal Oral Federal 2 que se le conceda arresto domiciliario para cumplir su condena de seis años de prisión, sin pasar por una alcaidía, y que pueda permanecer en el departamento que comparte con su hija Florencia, en San José 1111. Además, pidieron que no se le coloque tobillera electrónica y que continúe bajo la custodia habitual.

El planteo fue presentado en un escrito de 13 páginas por sus defensores Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, quienes argumentaron que no hay necesidad de aplicar medidas adicionales de control electrónico debido a que la exmandataria cuenta con seguridad permanente. La defensa hizo hincapié en su edad –72 años–, el intento de asesinato ocurrido en 2022 y su rol como expresidenta para fundamentar la solicitud.

“En el caso de Cristina Fernández de Kirchner, el cumplimiento de una pena privativa de libertad sólo puede ser llevado a cabo bajo la modalidad de detención domiciliaria”, expresaron los abogados en la presentación, según fuentes judiciales.

Por su parte, el juez Jorge Gorini, integrante del TOF 2, resolvió que todos los condenados en la causa tienen cinco días hábiles para presentarse en los tribunales de Comodoro Py y quedar detenidos. Además, solicitó al Ministerio de Seguridad de la Nación que informe sobre posibles lugares de alojamiento mientras se resuelven los planteos presentados por las partes.

En paralelo, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola elevaron un pedido formal para que se proceda a la “inmediata detención” de la ex vicepresidenta. Argumentaron que el plazo otorgado por el Tribunal resulta excesivo, especialmente considerando que en el medio hay un fin de semana y un feriado nacional.

La defensa también remarcó que llevar a la ex presidenta a una cárcel común pondría en riesgo su seguridad y no sería compatible con su condición. “Dejarla presa en una cárcel común de manera alguna es compatible con los recaudos de seguridad que deben serle garantizados a una persona que se encuentra en la situación de nuestra asistida”, sostuvieron Beraldi y Llernovoy.

Asimismo, los letrados advirtieron que alojarla en un penal implicaría inevitablemente un régimen de aislamiento total y vigilancia constante, condiciones que, según plantearon, “resultan incompatibles con los estándares constitucionales y convencionales que rigen en materia de ejecución penal”.

Por ese motivo, insistieron en que la modalidad de prisión domiciliaria se disponga sin monitoreo electrónico, considerando innecesaria la tobillera dado el esquema de custodia actual. Si bien el uso de este dispositivo está previsto por la Ley de Ejecución Penal, los abogados señalaron que en este caso particular no aportaría valor adicional en términos de seguridad o control.