El Senasa derogó más de 40 normativas que llevaban más de 60 años vigentes
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) derogó de forma definitiva un extenso listado de resoluciones y disposiciones históricas. La medida apuntó a simplificar los trámites del sector y eliminar las trabas operativas que dificultaban el desarrollo de los sectores productivos.
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La limpieza de las normativas se enmarca dentro de los lineamientos trazados por la Ley de Bases y el decreto desregulador impulsado a nivel nacional. Las autoridades del organismo sanitario detectaron que existían reglamentaciones vigentes desde el año 1964. El Gobierno consideró que resultaban totalmente obsoletas o que ya habían sido ampliamente superadas por legislaciones posteriores.
Entre los documentos derogados figuran antiguas obligaciones para el tratamiento de semillas de algodón, exigencias fitosanitarias y declaraciones de plagas para la agricultura nacional. Una de las normativas eliminadas fue la resolución dejó sin efecto una disposición del año 1972 que obligaba a los productores a realizar controles específicos contra la maleza conocida popularmente como cardo blanco. Además, se eliminaron diversas restricciones vinculadas a la exportación e importación.
La resolución advirtió sobre la urgencia de profundizar los cambios para lograr una mayor razonabilidad en los procesos estatales. “Corresponde la abrogación de la normativa detallada, a efectos de coadyuvar a un nuevo ordenamiento de la normativa reglamentaria atinente al comercio interior y exterior, eliminando instancias bajo un esquema más simple, menos burocrático y más transparente”, señaló la medida.
La resolución ratificó que se procedería con la más amplia desregulación del comercio, los servicios y la industria en todo el país. “Promoverá y asegurará la vigencia efectiva, en todo el Territorio Nacional, de un sistema económico basado en decisiones libres, adoptadas en un ámbito de libre concurrencia, con respeto a la propiedad privada y a los principios constitucionales de libre circulación de bienes, servicios y trabajo”, argumentó la resolución.
En este sentido, el organismo manifestó que resultaba imperioso contar con un marco actualizado. De esta manera, se garantizará la seguridad jurídica de todos los eslabones que integran la cadena agroalimentaria.
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