Ley de financiamiento universitario: el Gobierno lleva el conflicto a la Corte Suprema para sostener la suspensión
El conflicto por la ley de financiamiento universitario sumará un nuevo capítulo en el plano judicial. Este viernes, el Gobierno nacional decidió presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema con el objetivo de mantener suspendida la normativa sancionada en octubre.
La decisión se tomó en el último día del plazo fijado por la medida cautelar de segunda instancia. En lugar de avanzar con la actualización de salarios y becas aprobada por el Congreso, el Poder Ejecutivo optó por escalar el caso al máximo tribunal. Ese ajuste había sido avalado previamente por un fallo de diciembre y una resolución posterior firmada el 31 de marzo.
La aplicación de los artículos 5 y 6 de la ley 27.795 implicaría un costo cercano a los 2,5 billones de pesos. Frente a los reclamos de rectores, estudiantes y distintos sectores políticos, el Gobierno busca sostener la suspensión del aumento con el argumento de preservar el equilibrio fiscal.
Presentación judicial y estrategia del Ejecutivo
Durante la madrugada, la Procuración del Tesoro de la Nación, encabezada por Sebastián Amerio, formalizó un Recurso Extraordinario Federal ante la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. El objetivo es frenar la aplicación de los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario.
En la presentación, el Ejecutivo cuestiona el fallo de la Cámara que había ratificado la medida cautelar ordenando la implementación de esos artículos y dejando sin efecto el artículo 1 del Decreto N° 759/2025, vinculado al financiamiento y la recomposición salarial en el ámbito universitario.
El recurso fue presentado con efecto suspensivo para evitar el inicio de los pagos a las universidades. Según consta en el expediente, el plazo límite para cumplir con la transferencia de fondos vencía a las 9.30 de la jornada, por lo que la obligación ya se encontraba vigente al momento de la presentación.
En paralelo, el Gobierno solicitó que los tres jueces de la Corte Suprema se excusen de intervenir en el caso por su condición de docentes universitarios y propuso la designación de conjueces para tratar el expediente.
Argumentos por el equilibrio fiscal y la división de poderes
Desde el Poder Ejecutivo sostienen que la intervención de la Corte es necesaria por tratarse de una cuestión federal. Además, argumentan que la medida cautelar vigente es equiparable a una sentencia definitiva, ya que genera un “grave e irreparable perjuicio al Estado” al ordenar gastos sin una fuente de financiamiento definida.
Según la postura oficial, esta situación podría afectar el equilibrio fiscal y comprometer la sostenibilidad de las funciones estatales. En ese sentido, remarcan que, aunque la ley fue ratificada en dos oportunidades por el Congreso —tanto en su sanción original como tras el rechazo al veto del presidente Javier Milei—, su implementación resulta inviable.
Desde el Gobierno afirman que “el estado actual sigue de imposible aplicación porque no prevé una fuente de financiamiento”. En esa línea, insisten en que la ley 27.795 no establece mecanismos claros para solventar los gastos que dispone.
Asimismo, señalan que, de acuerdo con las normas presupuestarias vigentes —Ley 24.629, Ley 24.156 y Ley de presupuesto 27.798—, toda erogación debe contar con previsión y partidas específicas aprobadas por el Congreso.
El Ejecutivo también apunta contra el Poder Judicial por considerar que avanzó sobre competencias propias del Legislativo y del Ejecutivo al intervenir en cuestiones de asignación y ejecución presupuestaria, lo que, según sostienen, vulnera el principio de división de poderes.
“En ningún momento se previó donde obtener esas partidas. De manera posterior se trató el Presupuesto 2026 y quienes impulsaron esta ley podrían haber dicho de dónde tenían que salir las partidas y tampoco lo hicieron. Frente a esta situación y al agotamiento de los plazos, estamos presentando el recurso hasta que se pueda definir la forma de financiamiento”, concluyeron desde el Gobierno.
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