Protestas en Irán, ejecuciones y tensión con Estados Unidos: el riesgo de una escalada militar en Medio Oriente
Irán se encuentra en uno de los momentos más convulsos de los últimos años. En medio de protestas masivas contra el Gobierno, el Poder Judicial tenía previsto ejecutar este miércoles a un manifestante de 26 años que fue condenado a muerte apenas días después de su detención. Organizaciones de derechos humanos y familiares del joven denunciaron la rapidez del proceso y la falta de garantías legales. Al mismo tiempo, el expresidente estadounidense Donald Trump advirtió que su país podría adoptar “medidas contundentes” si la sentencia se concreta, lo que reavivó temores de una intervención militar directa.
Las movilizaciones antigubernamentales comenzaron hace más de dos semanas y continúan extendiéndose por distintas ciudades del país. Frente a este escenario, las autoridades iraníes endurecieron su postura. El jefe del Poder Judicial, Gholam-Hossein Mohseni-Ejei, llamó públicamente a acelerar los juicios y las ejecuciones contra los manifestantes, a quienes el régimen califica como “alborotadores”. Sus declaraciones fueron difundidas por Tasnim, agencia semioficial iraní, en un video publicado el miércoles.
En ese mensaje, Mohseni-Ejei defendió abiertamente la necesidad de castigos rápidos y ejemplares. “Aquellos elementos que decapitaron a personas en las calles o quemaron vivas a personas deben ser juzgados y castigados lo antes posible”, afirmó. Y agregó: “Si no lo hacemos rápido, no tendrá el mismo impacto”.
El joven cuya ejecución estaba programada fue identificado como Erfan Soltani. Según organizaciones internacionales, sería el primer manifestante condenado a muerte en el marco de la actual ola de protestas, que comenzó el 28 de diciembre. Su caso se convirtió en un símbolo de la represión estatal y de la rapidez con la que el sistema judicial iraní está actuando contra los detenidos.
Soltani fue arrestado el 8 de enero en su casa, ubicada en una zona al oeste de Teherán. De acuerdo con la Organización Hengaw para los Derechos Humanos, con sede en Noruega, se le negó el acceso a un abogado y no pudo preparar su defensa de manera adecuada. Tampoco tuvo contacto regular con su familia ni con representantes legales independientes.
Un comunicado de Hengaw señaló que los familiares del joven no recibieron información clara sobre el proceso judicial. Solo se les permitió una breve visita final antes de la ejecución prevista para el miércoles. Cuatro días después de su detención, la familia se enteró de que ya había una fecha fijada para su ahorcamiento.
El martes, sus allegados insistieron en que Soltani no había participado en actos violentos. Aseguraron que su única motivación era reclamar libertades básicas para los ciudadanos iraníes y cuestionar el sistema político vigente.
Desde finales del mes pasado, Irán vive las protestas más grandes contra su régimen en años. Lo que comenzó como reclamos por la crisis económica rápidamente se transformó en un movimiento más amplio contra la élite clerical que gobierna el país desde la Revolución Islámica de 1979.
En este contexto, Donald Trump intensificó su retórica contra Teherán. En múltiples declaraciones públicas, expresó apoyo a los manifestantes y advirtió que Estados Unidos podría atacar instalaciones iraníes si el Gobierno continúa matando civiles.
Durante la noche del martes, mientras circulaban reportes sobre la inminente ejecución de Soltani, Trump volvió a elevar el tono de sus amenazas. En una entrevista con CBS Evening News, fue directo y desafiante:
“Tomaremos decisiones muy contundentes si hacen algo así”, sostuvo. Y añadió: “Cuando empiecen a matar a miles de personas, y ahora me hablas de ahorcamientos, veremos cómo les funciona eso. No va a salir bien”.
Paralelamente, el ejército estadounidense comenzó a evacuar personal no esencial de la base aérea de Al Udeid, en Catar, una de las principales instalaciones militares de Washington en Medio Oriente. Dos funcionarios militares confirmaron esta medida de precaución bajo condición de anonimato, dado el carácter sensible de las operaciones.
Esta base ya había sido blanco de ataques iraníes en junio, cuando Teherán lanzó misiles en represalia por bombardeos estadounidenses contra sitios nucleares estratégicos dentro de su territorio. Ese antecedente alimenta el temor de que un nuevo enfrentamiento directo pueda estar cerca.
Los movimientos militares recientes reforzaron la percepción de que la región podría estar al borde de una nueva escalada bélica. Altos funcionarios iraníes respondieron con fuertes declaraciones contra Estados Unidos, combinando advertencias y retórica agresiva.
Uno de ellos fue Ali Shamkhani, asesor del líder supremo Ayatolá Ali Jamenei, quien escribió el miércoles en X:
“El presidente de Estados Unidos, que habla repetidamente sobre el ataque fallido a las instalaciones nucleares de Irán, haría bien en mencionar también los misiles iraníes que atacaron la base estadounidense de Al Udeid”. Y agregó que esto “ayudaría sin duda a crear una comprensión más realista de la voluntad y la capacidad de Irán para responder a cualquier agresión”.
Las protestas en Irán no surgieron de la nada. Inicialmente fueron impulsadas por el descontento social frente a una economía debilitada tras años de corrupción, mala gestión gubernamental y sanciones occidentales cada vez más severas. Sin embargo, rápidamente evolucionaron hacia un levantamiento político más amplio contra el sistema clerical.
Las cifras de muertos varían según la fuente, pero todas coinciden en que la represión ha sido extremadamente violenta. La organización Human Rights Activists in Iran (HRANA), con sede en Washington, estimó que más de 2400 personas han perdido la vida desde el inicio de las protestas. Por su parte, Iran Human Rights, con sede en Noruega, afirmó que la cifra supera los 3400 fallecidos, con miles de heridos.
Incluso funcionarios del propio Gobierno iraní reconocieron que el número de muertos podría llegar a 3000 personas, aunque pusieron el foco principalmente en los miembros de las fuerzas de seguridad asesinados durante los enfrentamientos.
Testigos y organizaciones internacionales denunciaron que las fuerzas gubernamentales dispararon contra manifestantes desarmados en varias ciudades. El saldo incluye tanto civiles como integrantes de cuerpos de seguridad.
A la violencia estatal se suma un factor clave: el apagón de internet impuesto por el Gobierno. Desde hace casi una semana, el acceso a redes sociales y plataformas digitales está severamente restringido, lo que dificulta verificar la magnitud real de las protestas y la cantidad de víctimas.
Las movilizaciones suelen intensificarse al caer la tarde y durante la noche, pero la falta de información en tiempo real hace que sea difícil determinar dónde se producen los choques más graves y cuántas personas participan.
En los primeros días de las protestas, las autoridades adoptaron un tono relativamente conciliador. Funcionarios dijeron estar abiertos al diálogo con los manifestantes y admitieron que había reclamos legítimos. Sin embargo, cuando las marchas crecieron y comenzaron a pedir abiertamente la caída del régimen, la respuesta cambió por completo.
El Gobierno endureció su discurso, cortó internet y ordenó una represión más dura, incluyendo el uso de fuerza letal. Los medios oficiales pasaron a calificar a los manifestantes como “saboteadores” y vándalos manipulados por potencias extranjeras, especialmente por Trump.
También advirtieron que cualquier persona que participara en disturbios o enfrentamientos podría enfrentar castigos extremos, incluida la pena de muerte por ahorcamiento.
Irán ya tiene antecedentes de ejecutar manifestantes, como ocurrió durante las protestas de 2022, lo que generó condenas internacionales y fuertes críticas de organismos de derechos humanos.
Según HRANA, desde que comenzaron las movilizaciones actuales se difundieron cerca de 100 confesiones forzadas en la televisión estatal. En esos videos, los detenidos aparecen con sus rostros difuminados, admitiendo supuestos delitos, mientras se intercalan imágenes de enfrentamientos con fuerzas de seguridad acompañadas de música dramática.
Organizaciones internacionales sostienen que estas confesiones suelen obtenerse bajo presión, intimidación o tortura, y que forman parte de una estrategia del régimen para justificar la represión ante la opinión pública interna.
En síntesis, Irán atraviesa una crisis política, social y económica profunda. Las protestas masivas, la posible ejecución de un manifestante, las amenazas de Trump y los movimientos militares de Estados Unidos conforman un escenario de alta tensión que podría derivar en un conflicto mayor en Medio Oriente.
El desenlace dependerá de varios factores: la decisión final sobre la ejecución de Soltani, la respuesta de Washington, la postura de las potencias internacionales y la capacidad del régimen iraní para contener o negociar con su propia población.
Por ahora, el país permanece en un estado de agitación constante, con incertidumbre sobre el futuro inmediato y un riesgo latente de violencia aún mayor.
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