El trío que manejó la estratégica área Legal de la Aduana, durante la presidencia de Alberto Fernández, se propone para volver

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Hasta ahora, tanto el director general de Aduanas, Andrés Velis, como el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, mantuvieron la guardia alta para evitar que funcionarios de pasado cuestionable se reciclen en puestos clave. Así, bajaron en dos ocasiones a Claudio “Chucky” Di Giannantonio (primero de la subdirección Metropolitana, luego de una dirección) y en una a Pablo Cordiglia. Sin embargo, el desfile de pícaros -especialmente por la Casa Rosada- que piden áreas importantes no se detiene.

En este caso, el trío que manejó la Dirección de Legales, durante la segunda mitad del mandato de Alberto Fernández, estuvo haciendo lobby en la Casa Rosada para volver a tener semejante responsabilidad. Mariano Sejem se propone como director, Facundo Machesich como jefe de departamento (un virtual número 2) y Sebastián Pantuso como tercera figura.

En la actualidad, los tres ocupan cargos de menor relevancia. Desde julio del año pasado, Sejem pasó de director a “asesor mayor” de la Dirección de Legal. Facundo Machesich, por su parte, se desempeña como abogado querellante de la Aduana. En tanto que Sebastián Héctor Pantuso tiene un cargo de importancia menor.

A diferencia de lo que ocurrió en 2022 y 2023, cuando los tres manejaba la Dirección Legal de la Aduana con mano de hierro. Según distintas fuentes, con respecto al sistema de importaciones al tipo de cambio oficial, sobre algunos importadores ponían la lupa, y con otros se hacían los distraídos. Todos coinciden, también, que actuaban como un equipo compacto, liderado por Sejem, a quien lo secundaban Machesich y Pantuso.

 

“Traición” a sus compañeros y ahorro para un empresario macrista

 

Entre las decisiones pasadas que se les cuestiona, la que más impactó en la interna aduanera fue la Disposición 131/2023. Antes de la misma, decenas de aduaneros procesados iban a ponerle un punto final a la famosa causa “Mafia de los Contenedores”, pagando la penalidad económica y extinguiendo así la acción penal. Una figura que en muchos casos la Justicia acepta con las empresas, como una solución más práctica que ética.

Sin embargo, las altas jerarquías de la Aduana, aunque con la firma fue del entonces administrador federal -Carlos Castagneto-, eligieron que no se extinga la acción penal para los empleados del organismo involucrados en esa causa. La Disposición 131/2023 permite la extinción de la acción penal, pero “siempre y cuando la afectación al bien jurídico protegido sea de índole patrimonial” y no incurra en contrabando calificado.

Según las opiniones más entendidas, esta disposición, que perjudicó a decenas de aduaneros, fue un acuerdo político entre el juez de la causa -Marcelo Aguinsky- y las máximas autoridades de la Aduana en ese momento. Además, nadie duda que el ideólogo y “escriba” de la Disposición 131 fue Mariano Sejem.

Por otra parte, al trío Sejem-Machesich-Pantuso se le atribuye un error u omisión que le hace gastar más dinero a la Aduana, favoreciendo a Casimiro Zbikoski S.A., empresa concesionaria del tren que cruza desde Posadas hasta Encarnación, uniendo a la Argentina con Paraguay. Desde la presidencia de Mauricio Macri, la empresa pidió que las horas extras -servicios extraordinarios- de lunes a viernes, y los fines de semana, sean pagados por la Aduana.

En 2019, ratificando la “vigencia del régimen de servicios extraordinarios establecido por la Resolución General AFIP No. 665”, la Aduana le contestó que ese pago corresponde a la empresa. Después siguió el litigio, consiguiendo Marcelo Zbikoski (apuntado en Misiones como testaferro de Macri) que el pago quede a cargo de la Aduana.

Cuando la Aduana, como querellante, debería haber apelado la resolución judicial que salió a favor de la empresa, no lo hizo. Fue durante la dirección legal de Sejem, con la asistencia de Machesich y Pantuso. Justo el trío que hoy se autoproclama para volver a la Dirección Legal.