Milei vetó las leyes sobre jubilaciones, moratoria previsional y emergencia en discapacidad
El Gobierno argumenta que las iniciativas del Congreso atentan contra el equilibrio fiscal y contradicen su mandato de erradicar la inflación.
El presidente Javier Milei vetó las leyes aprobadas recientemente por el Congreso que establecían una nueva fórmula de movilidad para los haberes jubilatorios, la reinstauración de la moratoria previsional y la declaración de la emergencia en discapacidad. Se trata de las leyes 27.791, 27.792 y 27.793, cuyos vetos fueron oficializados este lunes mediante el Decreto 534/2025, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del mandatario y de todo su Gabinete. A partir de ahora, el oficialismo deberá defender esta decisión en la Comisión Bicameral del Congreso.
Tras la publicación del decreto, la Oficina del Presidente difundió un comunicado en el que argumentó que la sanción de estas leyes implicaba “un grave riesgo para el equilibrio fiscal” y que, además, iba “en contra del mandato popular resultante de las elecciones presidenciales: erradicar definitivamente la inflación”. En esa línea, desde el Gobierno reiteraron su ya conocida consigna: “No hay plata”.
Las objeciones del Gobierno a cada una de las leyes
En relación a la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, el Ejecutivo señaló que la normativa contemplaba un aumento extraordinario del 7,2% en jubilaciones y pensiones, así como una ayuda económica de hasta $110.000 para ciertos beneficiarios, sin contar con una fuente de financiamiento clara. Según el texto del decreto, las medidas presentaban “graves deficiencias técnicas” y las supuestas fuentes de financiamiento —como la eliminación de exenciones impositivas— tendrían un “impacto recaudatorio marginal o limitado”.
Respecto a la ley que proponía restituir la moratoria previsional y ampliar el acceso a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el Gobierno sostuvo que estas medidas “socavan los incentivos a la formalidad laboral” y consolidan “un esquema paralelo al régimen contributivo”, lo que generaría una “desigualdad” frente a quienes realizaron sus aportes según lo establecido por la ley.
En cuanto a la declaración de la emergencia en discapacidad, el Poder Ejecutivo alertó que la normativa implicaría una ampliación masiva del universo de beneficiarios —alcanzando a 1,5 millones de personas con Certificado Único de Discapacidad— y demandaría un gasto superior a los $2 billones durante el primer año. Además, advirtieron que habría un impacto adicional sobre el sistema de salud y el “Programa Incluir Salud”.
El comunicado oficial: críticas al Congreso y advertencias hacia adelante
El texto difundido por la Oficina del Presidente sostiene que las leyes vetadas implicaban para el Estado un gasto adicional de más de $7 billones en lo que resta del año y cerca de $17 billones para 2026. “Estos importes equivalen a aumentar un 0,9% del Producto Bruto Interno (PBI) calculado para el año en curso, y del 1,68% del PBI estimado para el año entrante”, señala el documento.
Además, el Gobierno criticó con dureza el accionar del Congreso: “Determinados sectores han impulsado estos proyectos en pleno ciclo electoral con el evidente objetivo de hacer campaña, disfrazando con causas nobles su notable intención de provocar una fuerte ruptura del orden macroeconómico que tanto nos costó conseguir a los argentinos”.
En la misma línea, apuntaron contra la dirigencia política que gobernó en los últimos años: “La misma clase política que, durante su gestión, impulsó medidas que multiplicaron la inflación y la pobreza, pretende hoy revertir la tendencia de reducción inflacionaria y volver a llevar al pueblo argentino a la miseria, de la mano de proyectos como los hoy vetados”.
El comunicado también anticipa que en los próximos días se debatirán en el Congreso “nuevos proyectos del mismo calibre y con la misma intención”, a los que el Ejecutivo también se opone. “Pretenden forzar al Gobierno Nacional a gastar más sin decir de dónde sacar el dinero”, afirmaron.
Finalmente, el mensaje concluye reafirmando el rumbo del gobierno libertario: “Esta administración confía en que una parte del arco político comprenda la relevancia histórica de este momento y apoye la decisión de romper con una tendencia de más de 100 años que ha sumido a millones de argentinos en la pobreza”. Y agrega: “A diferencia de lo que hacen los políticos de la casta, este Presidente prefiere decir una verdad incómoda en lugar de repetir mentiras confortables. No hay plata, y la única forma de hacer a Argentina grande otra vez es con esfuerzo y honestidad, no con las mismas recetas de siempre”.
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