La Corte Suprema declaró constitucional el impuesto a los cigarrillos y el Señor del tabaco deberá pagar al Estado una suma millonaria
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró constitucional el impuesto mínimo al tabaco y resolvió que Tabacalera Sarandí, propiedad de Pablo Otero, deberá abonar más de mil millones de dólares al Estado.
El máximo tribunal dejó sin efecto el fallo de la Cámara Contencioso Administrativo Federal que había declarado inconstitucionales los artículos 103, 104 y 106 de la Ley 27.430.
El fallo de la Corte que obliga al Señor del tabaco a pagar más de mil millones de dólares al Estado
Con las firmas de Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Mariano Llorens, Patricia Moltini y Mario Boldú, la sentencia indicó que la empresa de Otero no logró demostrar que la norma afectara su derecho de propiedad ni que fuera irrazonable. La Ley de Impuestos al Tabaco, sancionada durante el gobierno de Mauricio Macri, fue el centro de una extensa disputa judicial.
Según el fallo, Tabacalera Sarandí no presentó “comprobante alguno de la supuesta adhesión”. Además, los jueces sostuvieron que los tributos son un “valioso instrumento de regulación, complemento necesario del principio constitucional que prevé atender al bien general” y que es válido que ciertas actividades cuenten con un gravamen diferenciado.
En el caso del tabaco, la sentencia recordó que organismos como la Organización Mundial de la Salud avalaron la suba del precio de los cigarrillos como una medida efectiva para reducir su consumo. Los magistrados agregaron que este tipo de impuestos forman parte de una política fiscal que corresponde definir al Congreso, sin intervención del Poder Judicial.
En síntesis, la Corte concluyó que Otero no consiguió probar de qué manera el cobro diferenciado del impuesto perjudicaba a su compañía.
Las causas judiciales del Señor del tabaco
Otero mantiene con el fisco una deuda de $419.398.257.693. El monto surge de sumar $305.239.257.693 correspondientes al capital adeudado entre agosto de 2018 y junio de 2024, más $114.159.000.000 en intereses resarcitorios calculados al 12 de diciembre de 2023.
Además, el organismo recaudador lo denunció por presunto lavado de activos. Un informe de la División de Fiscalización Externa de Grandes Contribuyentes señala que la firma habría movido más de $33.000 millones entre 2021 y 2023 a través de 23 distribuidores mayoristas que, según los inspectores, no tenían respaldo fiscal ni operativo para manejar ese volumen de ventas.
Las marcas vinculadas a estas maniobras serían Red Point, West, Kiel y Master.
Tabacalera Sarandí logró expandirse en el mercado tras resistir judicialmente el pago del impuesto mínimo, lo que le permitió ofrecer precios muy por debajo de las marcas líderes. Otero argumentó que su empresa era una pyme y que el gravamen era confiscatorio, obteniendo medidas cautelares que postergaron el pago de sus obligaciones.
La acusación por lavado no es el único frente judicial que enfrenta el empresario. En Mar del Plata sigue abierta una causa por presunta falsificación de estampillas fiscales y venta de cigarrillos con documentación apócrifa. El expediente, impulsado por una investigación de la ex AFIP, está a cargo del juez federal Santiago Inchausti y comenzó en 2019.
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