Audiencia por la domiciliaria de Cristina Kirchner: la Justicia revisará sus condiciones de detención, el uso de la tobillera electrónica y el régimen de visitas
Desde este mediodía, la Cámara Federal de Casación Penal debate las limitaciones impuestas a las visitas que puede recibir Cristina Fernández de Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria en su departamento del barrio porteño de Constitución, tras ser condenada en la causa Vialidad.
La defensa de la exmandataria impugnó la resolución del Tribunal Oral Federal N.º 2 (TOF 2), que restringe el ingreso al domicilio únicamente a familiares, abogados y médicos, sin requerir autorización judicial previa. A su vez, los letrados solicitaron que se revoque la colocación de la tobillera electrónica dispuesta para controlar su arresto domiciliario.
Durante la audiencia, exponen tanto la defensa de la expresidenta como el fiscal Mario Villar, en representación del Ministerio Público ante la Cámara de Casación.
Por su parte, los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy argumentaron que la resolución judicial no contempló la necesidad de Fernández de Kirchner de mantener reuniones frecuentes con sus asesores contables y con los apoderados encargados de realizar tareas administrativas cotidianas en su nombre. Según los defensores, la medida adoptada por el TOF 2 atenta contra el derecho de su representada a tener una vida familiar y social plena. Además, cuestionaron la legalidad de la tobillera electrónica como condición para garantizar el cumplimiento de la pena bajo la modalidad domiciliaria.
La apelación de los fiscales: pedido de prisión en cárcel
Mientras tanto, los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola apelaron la prisión domiciliaria otorgada a la exvicepresidenta tras la condena a seis años de prisión en la causa Vialidad, y solicitaron que se cumpla la pena en una unidad penitenciaria.
“La prisión domiciliaria es un privilegio”, afirmaron, y sostuvieron que existe “falta de igualdad ante la ley”. La Cámara de Casación será la encargada de resolver esta presentación.
En su escrito, los fiscales enfatizaron: “Este Ministerio Público, como titular de la acción pública, tiene un interés en que las penas dictadas por su impulso en casos graves de corrupción pública se cumplan como corresponde en los establecimientos carcelarios establecidos al efecto” . También advirtieron que la prisión domiciliaria genera “un gravamen concreto y actual que bien puede considerarse de imposible, insuficiente, muy dificultosa o tardía reparación ulterior”.
Luciani y Mola insistieron en que “no se verifican las causales” necesarias para justificar el arresto domiciliario de la expresidenta, quien actualmente se encuentra cumpliendo su condena en su domicilio de Constitución. “Jamás existieron motivos reales para apartarse de lo que constituye una clara regla del Código Penal y de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad: la pena de prisión debe cumplirse dentro de un establecimiento penitenciario” , expresaron.
En el análisis de la documentación incluida en el expediente, los fiscales determinaron que “no se advertían las razones humanitarias que justificaran conceder una medida excepcional como lo es la prisión domiciliaria” . Afirmaron además que “no se encontraban configuradas ni esgrimidas razones de salud o razones personales que, vinculadas a la edad” pudieran indicar que una reclusión en prisión comprometería “el derecho a un trato digno o humanitario reconocido a las personas privadas de su libertad” .
Como respaldo, citaron un informe socioambiental fechado el 12 de junio, donde se consigna que Cristina Kirchner declaró estar “en un buen estado de salud general” . A partir de esa declaración, concluyeron que “la defensa no había demostrado –ni se advertía– que la privación de libertad en el establecimiento carcelario supusiera, por sí misma, un menoscabo a la vida o a la integridad personal” de la dirigente.
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