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Desde el domingo por la mañana quedó habilitada la adhesión al nuevo Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias, impulsado por el Gobierno nacional. La herramienta, presentada formalmente en el Boletín Oficial el viernes pasado, apunta a reducir las exigencias fiscales para pequeños contribuyentes y forma parte de un paquete más amplio de reformas tributarias que el Ejecutivo busca consolidar mediante un proyecto de ley que ingresaría al Congreso esta semana.

Mientras tanto, la Agencia de Recaudación (ARCA) activó el aplicativo para que los contribuyentes interesados puedan incorporarse al régimen. Aunque la opción ya está disponible, regirá para las declaraciones juradas del ejercicio fiscal 2025, que se presentarán en 2026.

Apoyo político: los primeros acuerdos provinciales

Con el objetivo de garantizar la implementación efectiva de esta simplificación fiscal, la Casa Rosada avanza en la búsqueda de consensos con los gobernadores. Durante la última semana, Catamarca y Tucumán fueron las primeras provincias en firmar un compromiso de adhesión. Los gobernadores Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo, ambos de extracción peronista pero con buen vínculo con la gestión libertaria, formalizaron su respaldo al nuevo sistema, que también incluye la promesa de no sumar nuevos controles impositivos a nivel local.

Se espera que este lunes se sumen otros mandatarios, como Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut), quienes podrían pasar por Casa de Gobierno para firmar acuerdos similares.

Qué implica el nuevo régimen

El Régimen Simplificado reemplaza ciertas obligaciones fiscales complejas por un sistema más ágil, y está dirigido principalmente a sectores de menor facturación. Según ARCA, la medida forma parte de una estrategia integral para facilitar la formalización de la economía y promover la repatriación de ahorros no declarados, especialmente los conocidos como “dólares del colchón”.

En paralelo, el Ejecutivo alista un proyecto de ley que incluirá modificaciones a la ley penal tributaria y a las normas de procedimiento fiscal. El objetivo es actualizar montos y plazos que, desde hace años, no se adecuaban al contexto inflacionario.

Por ejemplo, el umbral actual para considerar delito una evasión simple es de $1,5 millones, cifra que se mantiene sin cambios desde 2017. Según fuentes oficiales, ese piso se elevaría de forma considerable para adecuarse al nuevo sistema de información automática. Si se ajustara por inflación, debería rondar los $100 millones. También se proyecta reducir el plazo de prescripción de cinco a dos años, un cambio clave para acelerar la resolución de causas tributarias.

Condicionalidades para las provincias

Uno de los puntos más sensibles del nuevo esquema es el convenio de intercambio de información tributaria que ARCA propone firmar con las provincias. En ese marco, se establece que las jurisdicciones que no adhieran perderán acceso a datos fiscales clave que hoy les proporciona Nación.

“Las provincias que no firmen el convenio dejarán de recibir información sobre facturación de personas físicas o jurídicas, así como sobre consumos superiores a los $50 millones”, advirtieron desde el organismo recaudador. De esta manera, el Gobierno busca evitar la coexistencia de regímenes paralelos y garantizar una coordinación más eficiente entre niveles del Estado.

Negociaciones con CABA y Provincia de Buenos Aires

La semana pasada, ARCA también intensificó el diálogo con las administraciones de la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, dos distritos fundamentales para el éxito de la reforma fiscal.

El titular de la agencia, Juan Pazo, se reunió con el ministro de Hacienda porteño, Gustavo Arengo, quien se mostró receptivo a la propuesta, pero planteó la necesidad de analizarla en profundidad. “Propusimos conformar una mesa de trabajo para evaluar la implementación de las medidas y avanzar en otros temas pendientes que podrían beneficiar a los vecinos de la Ciudad”, señaló Arengo tras el encuentro.

En cambio, desde la Provincia adoptaron una postura más cautelosa. Funcionarios bonaerenses remarcaron que ya tienen un convenio vigente con el fisco nacional, por lo que cualquier modificación debería contemplar una adenda específica. También señalaron que antes de avanzar, se necesita mayor claridad normativa sobre los alcances del nuevo régimen y su impacto sobre los controles tributarios provinciales.

El plan detrás de la reforma

Con esta serie de medidas, el Gobierno nacional apunta a reordenar el sistema tributario, eliminar duplicidades entre Nación y provincias, y brindar mayor previsibilidad a los contribuyentes. Además, la flexibilización de normas busca generar condiciones para la repatriación de capitales, en un contexto en el que buena parte de los ahorros de los argentinos siguen fuera del sistema financiero formal.

El paquete fiscal se enmarca dentro de una estrategia más amplia que incluye la reforma laboral, la Ley Bases y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con la que el Ejecutivo busca recuperar dinamismo económico sin recurrir a una presión impositiva creciente.

Si el proyecto obtiene respaldo en el Congreso y las provincias suscriben a los convenios propuestos, el Gobierno contará con una base legal más sólida para avanzar con su plan económico. Caso contrario, podría enfrentar resistencias que compliquen la ejecución de sus reformas estructurales.