Inundaciones en la Provincia de Buenos Aires: el impacto económico en el agro y el reclamo por obras
La situación en la cuenca del río Salado, uno de los territorios productivos más extensos y estratégicos de la provincia de Buenos Aires, atraviesa uno de los períodos más críticos de las últimas décadas. De acuerdo con la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), más de 3,8 millones de hectáreas productivas están afectadas por una inundación de una magnitud excepcional, que no solo paraliza la actividad agropecuaria en buena parte de la región, sino que anticipa pérdidas económicas que podrían alcanzar los USD 2.000 millones.
El diagnóstico surge del análisis de imágenes satelitales tomadas entre el 11 y el 13 de noviembre, que permitieron a Carbap determinar con precisión la superficie comprometida. Según la entidad, alrededor de 2 millones de hectáreas permanecen bajo agua o directamente anegadas, mientras que el total del área afectada llega a casi 3,8 millones de hectáreas. En esta última categoría se incluyen campos donde el agua no es visible, pero donde el suelo quedó inutilizable por la saturación hídrica o por la falta de caminos transitables, dejando a miles de productores sin posibilidad de trabajar. Para el sector, es tierra que, en la práctica, quedó completamente fuera del sistema productivo.
La región más comprometida y los partidos que concentran el daño
El fenómeno se distribuye a lo largo de múltiples municipios bonaerenses, pero su impacto más severo se da en aquellos que conforman el corazón de la inundación cuenca Salado. En conjunto, suman más de 4,5 millones de hectáreas afectadas en distinto grado. Entre los distritos que aparecen como los más castigados figuran Bolívar (169.224 hectáreas), 9 de Julio (136.797), Pehuajó (109.366), 25 de Mayo (106.838), Lincoln (106.102) y Carlos Casares (105.008 hectáreas). En estas zonas, más de 1,1 millones de hectáreas siguen directamente bajo agua, pero el problema no termina ahí: en muchos otros partidos, aun donde la superficie inundada es menor, la falta de accesos y el mal estado de los caminos rurales imposibilitan el uso de maquinaria agrícola y frenan cualquier intento de continuar con las tareas de la campaña.
Este escenario coincide con el cierre de la ventana de siembra de los cultivos más relevantes del área, principalmente soja y maíz, que dependen de fechas muy precisas para iniciar su ciclo productivo. La organización rural alertó que más de 1,5 millones de hectáreas agrícolas están en riesgo extremo de quedar sin sembrar este año. Bajo la proporción habitual de uso —60% soja y 40% maíz—, la superficie perdida tendría un efecto directo en la economía del próximo año. Según la proyección de Carbap, la falta de actividad en estos campos equivaldría a dejar de generar alrededor de USD 2.000 millones en 2026. “Están en juego alrededor de 2.000 millones de dólares que dejarían de ingresar al circuito económico en 2026”, enfatizó la entidad.
Efecto dominó: el impacto económico local y provincial
La gravedad del cuadro no se limita a los productores agropecuarios. El entramado rural depende de múltiples actividades que también resultan afectadas por la parálisis de la producción. Los contratistas, las empresas de transporte, los proveedores de insumos, los talleres mecánicos, los comercios de cercanía y las pymes que operan en cada comunidad ven reducida su actividad de manera drástica. A esto se suma el impacto fiscal: los municipios pierden recursos por menor movimiento económico, la provincia enfrenta una caída en los aportes que provienen del sector y el Estado nacional también resentirá la recaudación por la baja en la producción de granos.
Carbap sintetizó este panorama con una frase contundente: “La conclusión es simple: todos perdemos, mientras las obras siguen sin aparecer”. La entidad insiste en que buena parte de los daños actuales podría haberse evitado si avanzaran los trabajos pendientes en la infraestructura hídrica de la provincia.
Obras pendientes y reclamos acumulados
La cuenca del río Salado, que abarca unas 17 millones de hectáreas, es una zona estratégica para el país: produce el 25% de los granos nacionales y concentra el 28% del stock bovino. Sin embargo, desde hace nueve meses lidia con un proceso de inundación persistente que expone el atraso de las obras hidráulicas previstas para mitigar este tipo de eventos, entre ellas el Plan Maestro del Río Salado, cuya ejecución acumula más de diez años de demora.
Para Carbap, la falta de avances estructurales es uno de los factores clave por los que millones de hectáreas continúan en estado crítico. Según la entidad, el gobierno provincial es responsable directo de la ejecución de las obras del Plan Maestro. Aunque el presupuesto 2026 prevé un incremento del 100% en el impuesto inmobiliario rural —lo que representaría ingresos superiores a USD 70 millones adicionales—, la asignación destinada al plan es de apenas poco más de USD 4 millones, un nivel de inversión que la organización rural considera desproporcionado e insuficiente.
El reclamo también alcanza a los gobiernos municipales. Carbap señala que los intendentes tienen la obligación de mantener la red vial rural mediante fondos provenientes de la tasa vial, las guías de traslado y parte del impuesto inmobiliario. Sin embargo, según la entidad, una parte considerable de esos recursos se deriva a otros destinos, lo que deriva en caminos intransitables y, en consecuencia, un encarecimiento de los costos logísticos para toda la cadena productiva.
En el plano nacional, la crítica se centra en la ausencia de partidas destinadas al río Salado en el Presupuesto 2026, pese a que el Estado recauda más de USD 1.000 millones al año en retenciones sobre la producción de esta región y cuenta con un fondo hídrico especial financiado por un impuesto sobre los combustibles.
Un pedido concreto: que las obras estén listas antes de 2030
Frente a este escenario, Carbap formula un pedido directo a los tres niveles del Estado. La organización plantea como meta que para 2030 el Plan Maestro del Río Salado esté concluido en su totalidad. Para la entidad, no se trata de un objetivo ambicioso, sino de una exigencia mínima en términos productivos y sociales. El planteo incluye la necesidad de un compromiso público, verificable y sostenido para garantizar que los trabajos pendientes avancen de manera efectiva y no sigan postergándose indefinidamente.
Con millones de hectáreas inutilizadas, una campaña agrícola comprometida y un impacto económico que podría sentirse durante al menos dos años, el sector rural insiste en que el tiempo de espera se agotó. La crisis de la cuenca Salado vuelve a poner en primer plano un reclamo histórico: que las obras de infraestructura se ejecuten a la escala que demanda una de las regiones agrícolas más importantes del país.
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