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El texto en cuestió fue redactado por una comisión de 21 especialistas en Derecho Procesal y se plantean como objetivos: instalar la oralidad efectiva en los procesos de conocimiento; simplificar estructuras procesales; incorporar la obligación de decir verdad para las partes en el proceso; instalar el uso de tecnologías "modernas" en la justicia y procurar la conclusión del proceso en el menor tiempo posible.

Desde el oficialismo y la plataforma 2020 se entiende que el Código vigente, a partir de la época en que fue redactado "no tiene en cuenta las modernas tendencias sobre gestión de la oficina judicial y diseño de los procesos de trabajo, ni las innovaciones tecnológicas de las últimas décadas"

En esta línea consideran que como consecuencia de esto último, se generan procesos altamente burocráticos y diseñados sobre la base del uso del papel como soporte de las actuaciones judiciales, generando un efecto de inversión de medios y fines: en vez de utilizar el documento escrito como soporte de la actuación judicial, la actuación judicial termina siendo sólo lo que a través del papel se presenta y se incorpora al expediente: el expediente, así, se asimila al juicio. 

Entonces, el texto propone instalar la oralidad efectiva y el uso de tecnologías como la videograbación de audiencias, el expediente electrónico y la declaración vía videoconferencia; disminuir los tiempos de los procesos y disponer la obligación de decir la verdad para las partes.

Según los datos provistos por el Informe Nacional sobre la Implementación de la Oralidad Civil, ya son 15 las jurisdicciones y 404 los jueces civiles que aplican procesos orales en juicios de conocimiento civil y comercial, que equivale al 45,5% del total de magistrados con esa competencia en todo el país.

La implementación de la oralidad efectiva significó una contundente baja en la duración de los juicios, que ostentan ahora un promedio de 1 año y 5 meses, mientras que en los tradicionales procesos del sistema escrito duraban uno 5 años. La oralidad logró brindar una mejor respuesta a los ciudadanos y permitió que el 68% de las causas finalizaran en menos de 2 años y el 32% en menos de uno.

La Comisión está integrada por Roland Arazi, Patricia Bermejo, Rubén Calcaterra, Gustavo Calvinho, Hernán Calvo, Héctor M. Chayer, Mabel de los Santos, Agustina Díaz Cordero, María Lilia Gómez Alonso, Adrián Grassi, Pablo Grillo Ciocchini, Francisco Hankovits, Mario Kaminker, Ángela Ledesma, Juan Pablo Marcet, Eduardo Oteiza, Jorge Peyrano, Jorge Rojas, José María Salgado, Claudia Sbdar, y Andrés Soto. Cuatro de sus integrantes (Patricia Bermejo, María Lilia Gómez Alonso, Mario Kaminker y Eduardo Oteiza) formaron el equipo redactor y otros seis miembros (Roland Arazi, Mabel de los Santos, Angela Ledesma, Jorge Peyrano, Jorge Rojas, y Andrés Soto) formaron el equipo revisor. Santiago Pereira Campos, reconocido procesalista uruguayo, actuó como facilitador del proceso.

Esto último fue ratificado por Garavano, quien en la conferencia brindadad destacó que "desde el comienzo de la gestión Mauricio nos impulsó a llevar adelante una política judicial clara que ayude a llevar procesos más ágiles, más transparentes". 

"A los argentinos siempre nos pasó algo muy triste con la Justicia. Piensan que es lenta, llena de burocracia, de idas y vueltas y tal vez lo peor, que está lejos de la gente y no pone a las personas como prioridad", destacó Macri. En esta linea marcó que "estamos cambiando la realidad sobre la base a valores que son innegociables para nosotros, todos los argentinos, porque ya no nos da lo mismo que nos mientan o nos digan la verdad". 

"Me da mucho orgullo saber que hay tantos argentinos comprometidos a aportar sus ideas para una sociedad que quiere ser independiente. Así como decimos que si la justicia es lenta no es justicia, si la justicia no es independiente, no es justicia", cerró el mandatario.