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Sin embargo, el organismo que conduce Laura Alonso ampliará su intervención, solicitará autorización para proceder a la apertura de los anexos reservados de las declaraciones juradas que presentó el funcionario, tanto durante su paso por Ciudad como a nivel nacional, y pedirá otras “medidas de prueba” adicionales, como el cruce de información a la Unidad de Información Financiera y detalles sobre la cuenta a la Banca Privada d´Andorra (BPA).

Para justificar su accionar, la OA recordó que “según la ley vigente, los funcionarios deben declarar el patrimonio que poseen al momento de asumir el cargo y sus antecedentes laborales de los últimos tres años”. Por otro lado, hará el requerimiento formal al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires “para que informe si, en ese ámbito, el funcionario estaba obligado a presentar declaraciones juradas y envíe copias de las mismas”.

Según reveló el diario "El País", la cuenta, a nombre de la firma Line Action, de la que Díaz Gilligan fue director, “se abrió en 2012, cuando era asesor” del Gobierno de la Ciudad, “y mantuvo su actividad, al menos, hasta diciembre de 2014, cuando el político llevaba un año como director general de Promoción Turística“. De acuerdo a los documentos encontrados, la cuenta tenía U$S 1,2 millones.