Tweet 0 COMENTARIOS

Marcelo Zbikoski, el más poderoso de los empresarios misioneros, que tras haber comprado Grupo Plaza se proyecta a nivel nacional, le debe alrededor de $ 15 millones a la Administración Nacional de Aduanas. Y aunque una decisión judicial de octubre de 2016 le ordena pagar, se resiste a cumplir con la misma.

El conflicto es por el puente Posadas-Encarnación, que Minuto de Cierre denunció en contadas notas como un paraíso del contrabando. Estas notas originaron una denuncia, luego desestimada en la Justicia Federal de Comodoro Py; y la detención de algunos aduaneros por parte de la jueza federal de Posadas, María Verónica Skanata.

Zbikoski, dueño del monopolio del transporte público de Posadas, además de micros de larga distancia y ahora del poderoso Grupo Plaza (que le compró a los hermanos Cirigliano), funciona como una especie de “dueño” del importante paso fronterizo entre la Argentina y Paraguay. Allí, Zbikoski es el dueño del Tren Binacional Posadas-Encarnación, que cruza a través del puente que une ambas ciudades, donde el control aduanero es nulo o escaso. Además, tiene muy  buenos vínculos (por decirlo de una forma elegante) con la delegación local de la Aduana.

A pesar de los enormes beneficios económicos que obtiene por esto, se resiste a pagar las horas extras de los aduaneros fuera de su horario regular de 7 a 19. Estos son como una especie de adicionales policiales. Así como un club de fútbol le paga al efectivo policial que cubre un partido (porque no es su trabajo habitual), el tren de Zbikoski debería abonarle esas horas a los empleados aduaneros correspondientes.  

El reclamo de la Aduana viene desde 2015, efectivizado a través de la Resolución 966/15, y de las disposiciones 150 y 166 de la Aduana de Posadas. Mediante estas tres normas, el organismo le ordenó a la firma Casimiro Zbikoski S.A., dueña del tren binacional, que pague las horas extras de los trabajadores aduaneros afectados al servicio.

Para no cumplir con estas tres normas, y  evitar un pago que ronda los $ 5 millones anuales, el abogado Enrique Alberto Diehl presentó una medida de no innovar ante el juez federal José Luis Casals. La causa lleva el número de expediente 527/2016/1, y su carátula es “Casimiro Zbikoski S.A. contra AFIP y DGA”.

El 19 de mayo de 2016, el juez Casals decidió “no hacer lugar a la medida cautelar interpuesta por la firma Casimiro Zbikoski S.A.”, y además obligarla a pagar los honorarios de las abogadas de la AFIP, Adelfa Beatriz Candia y Andrea Paola Cassoni.

Los argumentos del fallo destrozan la presentación de Zbikoski. Por ejemplo, señala que “si bien el servicio prestado cumple una finalidad pública, se trata de una actividad comercial lucrativa que en definitiva beneficia pecuniariamente a la prestataria y al encontrarse garantizada la permanente presencia aduanera en el puente internacional, resulta razonable que sea la interesada quien asuma el costo del servicio por la habilitación en días y horarios inhábiles”.

Como la decisión de la Aduana es de 2015, a un costo estimado de $ 5 millones por año, la deuda de Zbikoski con el organismo (dependiente de la AFIP) se acerca a los $ 15 millones. Sin embargo, nunca quiso pagar lo que ordenó el juez Casals. Algunas fuentes señalan que el empresario se siente tan poderoso e impune, que nunca apeló el fallo de Casals, aunque decidió desconocerlo y no ajustarse a derecho.

Sin embargo, otras fuentes señalan que el fallo adverso fue apelado ante la Cámara Nacional de Casación Penal. Si así fuera, Zbikoski estaría ajustado a derecho, pues no hay sentencia firme. Pero habría usado este mecanismo para financiar su expansión empresaria nacional a costa del erario público. En términos cuantitativos, no es el caso de Cristóbal López con la AFIP, quedándose con $ 8.000 millones del impuesto a los combustibles para expandir su imperio. En términos cualitativos, aunque usando la justicia y no la AFIP, Zbikoski opera con la misma lógica que López. Ambos coinciden en algo: sentirse al amparo del poder político de turno.