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El juez federal Sebastián Casanello dispuso que el Ministerio de Seguridad de la Nación, que conduce Patricia Bullrich, sea el  "depositario judicial" del yate (Altamar 64) propiedad del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, secuestrado en el marco de la causa que se le sigue al funcionario kirchnerista por enriquecimiento ilícito.

El expediente fue elevado a juicio oral y está a la espera de la realización del proceso. 

El magistrado invocó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la normativa local para disponer la medida cautelar y asignarle una "finalidad pública, social y reparadora" a la embarcación.

Casanello citó el antecedente de la causa conocida como la "ruta del dinero K", en la que Lázaro Báez es el principal procesado por "lavado de activos".  En ese caso, el magistrado otorgó un "rol social" a los inmuebles, campos, maquinarias y vehículos embargados a la familia Báez y sus empresas. El criterio fue ratificado por la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional.

En esta causa, Jaime está acusado de poseer un patrimonio de $12 millones, entre 2003 y 2009, cuando fue secretario de Transporte, que su nivel de ingresos no podría justificar. Entre los bienes que integraban su patrimonio estaba el  lujoso yate, que, no obstante, el ex funcionario negó que fuera de su propiedad. Jaime es acusado, entre otras cosas, de haber recibido dádivas de empresas a las que su área debía controlar.

El Ministerio de Seguridad sostuvo que el aporte de la embarcación al Estado Nacional le permitirá "contar con una nave de avanzada tecnología, que posibilitará el desplazamiento eficiente y rápido a los diferentes escenarios de la hidrovía donde se desarrollen operaciones de lucha contra el crimen organizado, el delito complejo o donde se requiera la presencia de la Nación".