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A raíz de un recurso presentado por la Unidad de Información Financiera (UIF), los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, de la Sala II de la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional, aprovecharon para volver a encomendar que el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuán "procedan a encaminar seriamente la investigación en el sentido indicado". El Tribunal volvió a pedir al magistrado que vincule la causa denominada "la ruta del dinero" con los expedientes "Los Sauces" y "Hotesur" y que profundice la investigación contra  ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros funcionarios de su gestión por "asociación ilícita" y "lavado de activos".

La UIF había apelado la resolución Casanello que no hizo lugar al pedido de indagatorias a la ex mandataria, Julio De Vido, José López, Nelson Periotti, Carlos Santiago Kirchner y Jorge Ernesto Bringas en la causa en la que el magistrado investiga al dueño de Austral Construcciones y otros por conformar una red de lavado de dinero que terminaba en la financiera conocida como "La Rosadita" y en cuentas en Suiza. La causa se inició a raíz de la denuncia que hicieron en un programa de televisión, en 2013, Leonardo Fariña y Federico Elaskar, que formarían parte de la red.   

"La querella propicia el llamado a indagatoria por el delito de asociación ilícita porque las maniobras de lavado de activos no habrían sido realizadas por Lázaro Baéz de manera autónoma ni únicamente en su provecho personal, sino que las habría realizado a los efectos de dar apariencia de licitud a activos desviados mediante la estructura montada por esta organización criminal, conformada conjuntamente con los coimputados y con las autoridades del entonces gobierno nacional, entre quienes incluye a Cristina Fernández, Julio De Vido, José López, Nelson Periotti y Carlos Kirchner", apunta la resolución de la Cámara Federal.

Aunque la ex mandataria y el ex ministro de Planificación están imputados en el expediente, Casanello nunca los citó a declarar hasta ahora. Para rechazar el requerimiento de la UIF, que pidió ampliar la imputación y las indagatorias de la causa, que tiene como principal procesado a Báez, el magistrado alegó que el pedido "no describía conductas ni pruebas" y que el delito de asociación ilícita ya está siendo investigado por el juez Julián Ercolini, en otra causa.

"El último 10 de marzo, esta Sala señaló nuevamente el desbalanceo existente en el avance de la investigación, en la que restan definir gran cantidad de aspectos e hipótesis que fueron abiertas desde el inicio de la causa", agregó la Sala. "Es la concepción del propio Juez la que lo lleva a persistir en su posición de ignorar el contexto, en tanto omite toda mención y valoración de los avances logrados en las otras investigaciones con las que ésta resulta vinculada, que dan marco al análisis de la cuestión de la que ahora se trata. Nótese en tal sentido que mientras unas dan cuenta del origen del dinero involucrado, otras pesquisan la vuelta de esos fondos a las empresas de la familia por entonces presidencial", advirtió.

La Cámara Federal consideró que "no puede aceptarse que sea solo Lázaro Báez y su entorno particular sobre quienes se cargue la responsabilidad del inusitado capital ilícito y su circulación, desatendiendo la necesidad de realizar una investigación completa que abarque a los restantes integrantes de esa asociación ilícita". "Resulta altamente improbable que esas ganancias ilícitas pertenezcan exclusivamente al patrimonio de la familia Báez; las hipótesis pesquisadas en las causas, conocidas como la denuncia original por el delito de “asociación ilícita” promovida por la diputada Elisa Carrió, la denuncia de Vialidad Nacional, Los Sauces y Hotesur, respectivamente, claramente así lo indican".

En este sentido, el Tribunal resolvió conceder el recurso de apelación de la UIF y "encomendar nuevamente, se proceda a encaminar seriamente la investigación en el sentido indicado".