25 de Mayo de 2017 - 16:21

El gobierno busca impulsar el tratamiento del proyecto que regula el "lobby"

La denominada "ley de lobby" o de "Gestión de Intereses", según su nombre formal, busca establecer mecanismos administrativos para lograr un mayor control de las reuniones o audiencias de los funcionarios públicos con representantes del sector privado para influir en la toma de decisiones de gobierno. El proyecto fue presentado por el Poder Ejecutivo y empezará a ser tratado la semana próxima.

El secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Adrián Pérez, explicará el martes próximo, ante un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, los alcances del proyecto de Gestión de Intereses, que busca regular la actividad de “lobby”.

La iniciativa fue presentada el 20 de abril por el Poder Ejecutivo y empezará a debatirse el martes 30 de mayo en la Comisión de Asuntos Constitucionales y en la de Legislación General, según consignó el sitio Parlamentario.com, presididas por los diputados del PRO Pablo Tonelli y Daniel Lipovetzky, respectivamente.

El proyecto busca regular y promover mecanismos para una mayor transparencia en la relación público-privada. Entre otros puntos, establece la obligatoriedad de los funcionarios de los tres poderes del Estado a llevar un registro público de sus audiencias, citando nombre, cargo y los temas tratados con empresas, cámaras empresarias o representantes políticos y/o sociales.

La iniciativa también prevé un mecanismo de difusión y examen de antecedentes para que los agentes gubernamentales y los ciudadanos en general tengan acceso a información relevante y necesaria sobre las decisiones del Estado, en los tres poderes.

El proyecto define a la "gestión de intereses" o "lobby" como “toda actividad destinada a influir sobre el proceso de toma de decisiones de quien ejerce una función pública”, a favor de “un interés propio o ajeno, sea de modo remunerado o gratuito, habitual u ocasional, planificado o incidental”.

De los nuevos requisitos de control establecidos por el proyecto quedan excluidas “las audiencias solicitadas por personas humanas por asuntos privados, excepto que involucre intereses económicos de importancia tal que pueda resultar de interés público; las entrevistas laborales y las de solicitud de asesoramiento técnico a personas humanas o jurídicas y las audiencias solicitadas por funcionarios públicos o por diplomáticos de Estados extranjeros en ejercicio de sus funciones oficiales; como así también enunciar los sujetos obligados por la medida dentro de cada uno de los poderes del Estado y de los Ministerios Públicos”.

Comentarios