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Por Antonio D' Eramo

La cuenta regresiva al 1 de junio ya comenzó. Esa jornada, diez países comenzarán a recibir información de la Procuraduría General de la República de Brasil (PGR) sobre crímenes cometidos por ejecutivos y ex ejecutivos de la empresa Odebrecht en el exterior. Entre ellos, la Argentina, donde el gigante de la construcción brasileña ha realizado obras durante la gestión del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, y que planea continuar con los contratos millonarios de obra pública que tiene otorgados en el país, junto a otras empresas. Un proyecto en particular es el que anima a la empresa que pagaba sobornos en Brasil y, en casi toda Latinoamérica, para ganar licitaciones: el soterramiento de la línea de ferrocarril Sarmiento.

Para ello, sus "valijeros" y "coimeadores" han decidido acogerse a una ley de arrepentidos, que les permite acordar con la justicia de Brasil una reducción de sus penas a cambio de información. A su vez, la empresa Odebrecht, con su nuevo directorio, deberá pagar multas a los estados involucrados.

La información aportada por el arrepentido Leonardo Meirelles, uno de los operadores de Odebrecht, sirvió para develar la trama oculta de la corrupción de la política en Brasil, a la vez que iluminó lo que sucedió en la Argentina, donde fuentes bien informadas sostienen que la constructora bresileña utilizó coimas, al igual que lo hizo en todos los países donde actuó.

En los últimos días, el presidente, Mauricio Macri, habla directamente con su ministro de Justicia, Germán Garavano, sin ningún tipo de intermediarios, léase los ministros coordinadores Mario Quintana y Gustavo Lopetegui. ¿La razón? Quiere que la información que llegará desde el exterior no lo sorprenda. Por otro lado, lo irritan las constantes alusiones de la declaración de Meirelles acerca de su relación con el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, y la poca difusión sobre los casos millonarios de licitaciones de obras públicas otorgadas a Odebrecht sin pasar por un proceso licitatorio, como el caso de obras para la empresa AySA, durante la administración de Cristina Fernández de Kirchner.

En los Estados Unidos, Marcelo Odebrecht, el arrepentido CEO de la constructora que lleva el apellido de la empresa que fundó su abuelo, declaró que, en total, pagaron cerca de u$s 1.038 millones de coimas en 24 países para obtener licitaciones públicas. Alrededor de u$s 35 millones se habrían pagado a políticos de la Argentina. Esa información es la que comenzará a develarse el 1 de junio, en el marco de la megacausa de corrupción denominada "Lava Jato", de la cual Odebrecht es sólo una de sus ramificaciones y que tiene en vilo a la clase política local.

"Quiero que rápidamente llegue toda la información al país para saber quiénes son los funcionarios que recibieron coimas que ese grupo empresario afirma haber pagado", dijo Garavano a Minuto de Cierre, en la reunión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se reune hasta el 26 de mayo en Buenos Aires.

El ministro apuntó a la titular de la Procuración General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, para acelerar los tiempos y conocer la información, hasta hoy secreta, de la forma más rápida y transparente. "El Gobierno no es el que lleva adelante estas negociaciones, sino que debiera ser la Procuración General", advirtió. "El gobierno manifiesta su interés para que rápidamente llegue toda la información al país, para saber quiénes fueron los funcionarios que durante todos estos años recibieron al menos u$s 35 millones en coimas que la empresa reconoció haber pagado. El presidente Macri me ha pedido especialmente que colabore para que se pueda generar esta información y saber quiénes recibieron los u$s 35 millones", agregó.