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El caso contra Lázaro Báez sumó un nuevo capítulo. Bahía Blanca resultó un verdadero agujero negro para la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Allí se "durmieron" durante años las fiscalizaciones contra las sociedades que emitieron facturas truchas para el empresario y se intentaron acomodar los papeles para que esa operatoria multimillonaria nunca saliera a la luz, según surge de un informe de auditoría interna de la propia AFIP.

Ese informe detectó múltiples “irregularidades” en las fiscalizaciones, que registraron una “demora injustificada” que no fue casual. Sirvió para proteger durante años al presunto testaferro de la familia Kirchner.

Y evitó que la justicia de esa ciudad y los tribunales federales de Comodoro Py pudieran avanzar sobre el posible “delito precedente” para las supuestas maniobras de lavado.

Identificado como “informe preliminar de auditoría interna” y fechado a fines de octubre pasado, el informe se centró sobre lo ocurrido dentro de la División de Fiscalización N° 3 de la Regional Bahía Blanca de la AFIP desde mediados de 2011 en adelante, y provocó desde entonces un terremoto institucional dentro y fuera del organismo tributario.

Porque provocó el desplazamiento de los primeros sabuesos y el cierre temporario de esa regional, como también una ofensiva del kirchnerismo sobre el juzgado federal de esa ciudad, según surge de documentos oficiales y testimonios en expedientes judiciales.

El informe de la Subdirección General de Auditoría Interna de la AFIP se centra en particular en lo que hizo -o dejó de hacer- la “línea” sobre Grupo Penta SA y Calvento SA, dos sociedades de la familia bahiense Ficcadenti, que proveyeron facturas truchas a Austral Construcciones y a Constructora Patagónica Argentina, que a su vez también le facturó millones a la empresa de Báez.

Las conclusiones de los auditores son elocuentes: 

. La primera, la “excesiva dilación de los tiempos insumidos para analizar si la firma Calvento SA correspondía ser incluida en la Base E Apoc”, es decir, el listado oficial de usinas de facturas apócrifas de la AFIP.

. La segunda, “demora injustificada en la tramitación de la OI” sobre esa misma sociedad bajo sospecha, es decir, la “orden de intervención” de los nuevos sabuesos que asumieron el caso.

. La tercera conclusión “Irregularidades en las tareas de control diligenciadas para evaluar si la firma Grupo Penta & Cía. SA ameritaba ser considerada una usina dedicada a la venta de facturas apócrifas y, en consecuencia, la falta de definición respecto de su efectiva inclusión en la base [E Apoc] respectiva.”