Diputados dio media sanción al Super Rigi
La Cámara de Diputados aprobó este miércoles y giró al Senado el proyecto conocido como Super RIGI, una iniciativa impulsada por el oficialismo destinada a promover inversiones superiores a los USD 1.000 millones en sectores considerados como las “industrias del futuro”, actividades que aún no cuentan con un desarrollo significativo en la Argentina.
La propuesta obtuvo media sanción con un respaldo menor al esperado por La Libertad Avanza. El resultado final fue de 130 votos a favor y 106 en contra. El oficialismo logró reunir el acompañamiento del PRO, la UCR, el MID, Producción y Trabajo de San Juan, Independencia de Tucumán e Innovación Federal.
Qué contempla el Super RIGI para atraer inversiones
El nuevo régimen apunta a impulsar desembolsos superiores a los USD 1.000 millones en proyectos vinculados a tecnologías e industrias de frontera. Dentro de ese universo se incluyen iniciativas relacionadas con la producción de baterías de litio, vehículos eléctricos, desarrollos de Inteligencia Artificial, centros de datos, paneles solares, turbinas eólicas y emprendimientos asociados a la cadena de valor del uranio.
Entre los beneficios previstos figuran incentivos tributarios, aduaneros y cambiarios. El esquema establece una alícuota diferencial del 15% en el Impuesto a las Ganancias, un sistema de amortización acelerada para inversiones en bienes muebles y obras de infraestructura, la posibilidad de deducir quebrantos sin límite temporal y una tasa reducida del 3,5% sobre dividendos y utilidades.
Asimismo, contempla arancel cero para las importaciones y retenciones del 0% para las exportaciones. También fija un límite máximo del 0,5% para Ingresos Brutos en las provincias que adhieran al régimen y prohíbe el cobro de tasas municipales calculadas directamente sobre las ventas. Al igual que el RIGI vigente, garantiza una estabilidad regulatoria por un período de 30 años.
Los cambios incorporados para conseguir apoyos
Con el objetivo de alcanzar los consensos necesarios para obtener dictamen, el oficialismo aceptó durante la semana pasada una serie de modificaciones reclamadas por bloques aliados.
Entre ellas, se incorporó una cláusula que permite computar al doble de su valor las inversiones en investigación y desarrollo (I+D) vinculadas a cada proyecto al momento de calcular el monto mínimo exigido. Sin embargo, este beneficio tendrá un límite: la ponderación especial no podrá superar el 20% del monto mínimo de inversión requerido. Todo monto excedente será contabilizado a valor nominal.
Por otra parte, el texto establece la obligación de presentar un plan de desarrollo de proveedores locales. Las empresas deberán comprometer un porcentaje no inferior al 20% del total de las adquisiciones de bienes y servicios durante la ejecución del proyecto, siempre que “la oferta de proveedores locales se encuentre disponible y en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad”.
Además, los emprendimientos deberán contar con un informe técnico que certifique que las inversiones no ponen en riesgo la sustentabilidad de los recursos naturales ni la capacidad de la infraestructura existente en la zona de influencia, teniendo en cuenta tanto el impacto ambiental como el social.
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