Gobierno y universidades alcanzaron un acuerdo salarial y presupuestario, pero continúa la disputa judicial
El Gobierno nacional y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) firmaron este martes al mediodía un acuerdo salarial y presupuestario destinado a descomprimir el conflicto por el financiamiento de las universidades públicas.
Sin embargo, el entendimiento no puso fin a la controversia judicial. Las casas de estudio confirmaron que mantendrán la demanda ante la Corte Suprema para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada y ratificada por el Congreso, pero que todavía no se encuentra en vigencia.
La propuesta acordada contempla una recomposición salarial del 24,33% distribuida en dos etapas: una actualización del 21,33% en julio y otra del 3% en octubre. Según lo establecido, el incremento incluye 7 puntos correspondientes a 2024, 12,33 puntos de 2025 y una compensación adicional destinada a recuperar parte de la pérdida acumulada hasta mayo de 2026. Además, se prevé la realización de una reunión paritaria con los gremios del sector.
Los puntos centrales del acuerdo entre el Gobierno y las universidades
Pese al acercamiento alcanzado, el convenio económico no implica el cierre del conflicto judicial. Los rectores ratificaron que “no retirarán la demanda judicial” vinculada a los recursos para el sistema universitario que actualmente analiza la Corte Suprema de Justicia.
Junto con la mejora salarial, el Ejecutivo asumió el compromiso de evitar que los ingresos de los trabajadores universitarios vuelvan a quedar rezagados frente a la inflación durante 2026.
El acta firmada también incorpora una actualización del 50% en el Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano, destinado a fomentar el ingreso, la permanencia y la graduación de estudiantes de carreras consideradas estratégicas para el desarrollo nacional.
A su vez, se acordó una partida de $50 mil millones destinada al financiamiento de hospitales universitarios.
Otro de los temas abordados fue la situación del personal docente de los establecimientos preuniversitarios. En estos colegios secundarios dependientes de universidades nacionales, los salarios se vieron particularmente afectados por la eliminación del Fondo de Incentivo Docente (FONID), lo que profundizó la pérdida de poder adquisitivo.
La discusión continúa abierta e involucra tanto a docentes como a trabajadores no docentes. Los rectores sostienen que cualquier solución definitiva debe incluir una negociación paritaria efectiva y consensuada con las organizaciones sindicales.
La demanda ante la Corte Suprema sigue vigente
La disputa judicial por la Ley de Financiamiento Universitario continúa su curso. Actualmente existe una medida cautelar favorable a las universidades que fue ratificada en dos oportunidades, aunque su aplicación permanece suspendida debido a un recurso extraordinario presentado por el Poder Ejecutivo.
La resolución definitiva quedó ahora en manos de la Corte Suprema, que no tiene plazos establecidos para emitir un fallo.
Desde el Gobierno sostienen que la ley aprobada por el Congreso es “ilegal” porque, según su interpretación, incumple las normas de administración financiera al no especificar el origen de los recursos necesarios para financiarla. Bajo ese argumento, consideran incompatible sostener una demanda judicial mientras se desarrolla una negociación económica entre las partes.
Continúan las protestas en el ámbito universitario
A pesar del acuerdo alcanzado, las universidades permanecen en estado de alerta. El martes 26 de mayo, centros de estudiantes de la UBA, gremios docentes y distintos sectores de la comunidad universitaria realizaron clases públicas frente al Palacio de Justicia para reclamar una definición de los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz sobre la medida cautelar.
Las protestas también se extendieron a los colegios preuniversitarios. En ese marco, estudiantes del Nacional Buenos Aires y del Carlos Pellegrini llevaron adelante tomas de los establecimientos como parte de las medidas de reclamo.
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