El Gobierno desreguló las cuotas y matrículas de los colegios privados
El Gobierno oficializó este martes la desregulación de las cuotas de los colegios privados, permitiendo que los establecimientos fijen libremente sus aranceles sin autorización previa del Estado. La medida quedó establecida mediante el Decreto 787/2025, publicado en el Boletín Oficial, y supone la derogación del Decreto 2417/1993, que durante más de tres décadas reguló la relación entre las instituciones privadas y el Estado en materia de cuotas, matrículas y aumentos.
Con esta decisión, las escuelas privadas ya no estarán obligadas a informar anticipadamente los valores ni a solicitar autorización para modificarlos. En los considerandos, el Ejecutivo argumenta que la normativa derogada “presentaba limitaciones y requerimientos que dificultaban la adaptación de los institutos de enseñanza pública de gestión privada a las realidades educativas y económicas del país”.
A quiénes alcanza la medida
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, aclaró que el cambio solo aplica a los colegios de gestión privada sin aportes estatales, que representan alrededor del 6% del sistema educativo, es decir, unas 2.000 instituciones en todo el país.
El resto de los establecimientos —aquellos que reciben subsidios del Estado— continuará regido por el Decreto 2542/1991, que autoriza al Poder Ejecutivo a establecer aranceles máximos. En estos casos, si una escuela supera los topes fijados, podría perder el subsidio estatal.
Los fundamentos del Gobierno
Según el nuevo decreto, la intervención del Estado en la fijación de aranceles “ha generado efectos contraproducentes que afectan el funcionamiento y la viabilidad económica” de los colegios privados. En particular, el texto sostiene que la obligación de informar y solicitar autorización para los aumentos “limita la capacidad de adaptación a las fluctuaciones del mercado, impidiendo ajustar los precios según la realidad económica y los costos operativos”.
El Gobierno también plantea que el esquema anterior terminaba afectando a las familias, ya que, ante las restricciones, los colegios anticipaban aumentos más altos al inicio del ciclo lectivo por temor a no poder actualizarlos más adelante. Según el decreto, esta dinámica “reduce las posibilidades de elección de los padres y, en algunos casos, los obliga a trasladar a sus hijos a otras instituciones”.
Asimismo, el texto hace referencia al derecho de propiedad de los institutos privados, afirmando que “deberían tener la libertad de establecer sus condiciones de contratación y los salarios de su personal sin necesidad de aprobación estatal”. Desde la óptica oficial, la existencia de tarifas reguladas “puede derivar en una pérdida de calidad educativa, ya que los establecimientos no pueden responder a tiempo a variaciones en los costos de insumos, salarios y gastos operativos”.
Revisión del sistema de financiamiento
Como parte de la reforma, el Gobierno instruyó al Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, a revisar las disposiciones del Decreto 2542/1991, que constituye la base del actual sistema de financiamiento de la educación privada. La cartera deberá elaborar una propuesta de actualización normativa con el objetivo de adaptar el marco regulatorio a las nuevas condiciones del sector.
NOTAS RELACIONADAS
