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El dólar futuro llevó a juicio, en los tribunales federales de Comodoro Py, a Cristina Fernández de Kirchner. Fue sólo una política económica, acertada o no, pero eso al fin y al cabo. A tal punto, que en la actualidad el Banco Central que conduce Guido Sandleris la utiliza. 

Si la justicia de Tierra del Fuego utiliza el mismo rigor, o la mitad de él, con Rosana Bertone, con respecto a los u$s 200 millones que tomó a una tasa del 8,95% (en el mercado internacional) y prestó a una del 3% (al Estado Nacional), entonces la actual gobernadora de Tierra del Fuego, una vez que deje de serlo, enfrentará serios problemas judiciales. 

Esa deuda encadena una serie de decisiones que la volvió perjudicial para la única provincia insular del país. El ya mencionado “spread” en contra (8,95% versus 3%) es quizás la más obvia. Pero, además, es dinero por el cual ya se pagaron u$s 31,3 millones en intereses no fructificó en ninguna obra, a pesar que se prometieron tres importantes: tendido de fibra óptica en toda la provincia, ampliación del Puerto de Ushuaia y el llamado Corredor Costero del Beagle (que hasta ahora es sólo una ampliación del trazado existente).

Además de todo ello, hubo un informe del Tribunal de Cuentas (TDC) de Tierra del Fuego que, al decir de los opositores a Bertone, hizo “saltar por los aires” a ese organismo. Tras la publicación de este informe, publicado el 29 de enero de 2018, hubo dos renuncias resonantes en el TDC, especialmente la de Julio Del Val, que sigue siendo el contador personal de Bertone.

El informe, registrado bajo la Resolución 25 del 2018, habla de comisiones mal pagadas, advierte sobre los números de la polémica deuda y hasta acusa falta de documentación necesaria. El informe, firmado por los auditores Yesica Locker, Pablo Gennaro y Leonardo Barboza, señala específicamente la “falta de remisión de la documentación respaldatoria” que justifique la deuda de u$s 200 millones.

En una provincia donde casi todos los medios dependen de la pauta oficial, la difusión y lectura detallada de este informe no se hizo. Hasta ahora. Al final de esta nota aparece el documento completo en formato PDF, y las conclusiones más importantes del mismo se desarrollan a continuación:

-En su comienzo el informe sugiere que la tasa a la cual se tomó la deuda es cara, tomando como excusa “lo dificultoso del proceso de cálculo” de la tasa de interés considerando la referencia de Estados Unidos, el riesgo del país y de la provincia, “como así las propias cuentas fiscales que garantizan el repago”. 

-Por la tasa de interés aplicada, y el precio de emisión, los u$s 200 millones se transformaron rápidamente en u$s 197.220.000. Unos trámites, un abrir y cerrar de ojos, y la provincia ya había perdido u$s 2.780.000. 

-Después de ello vino el pago de comisiones, una de las razones por las cuales los llamados mercados empujan a los estados nacionales y provinciales a la toma de deuda. El Bank of New York Mellon se quedó con u$s 4.475.000. Por esto, el Tribunal de Cuentas pidió que “el Ministerio de Economía se expida y dé las justificaciones necesarias”.

-También cobró su jugosa comisión la financiera argentina Puente: u$s 2.404.655,25. 

-Pero el pago de comisiones no terminaría allí. Un conjunto de beneficiarios conocido como “The Local Placement Agreement” se llevaría otro millón de dólares. 

-Una cifra superior -u$s 1.298.438,18- se llevarían Holland & Knight; Bruchou, Fernández Madero y Lombardi; Linklaters; Cabanellas, Etchebarne, Kelly; más otros u$s 22.500 par el banco New York Mellon. Con una anomalía apuntada en el pago: en todos estos pagos, las facturas que usó la provincia para pagar venían “sin indicación de monto”. -Después hubo más pagos: u$s 74.500 a Hogan Lovells US LLP; u$s 9.075 a Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen y Martínez de Hoz; y otros u$s 22.046,20 para Tavarone, Rovelli, Salim y Miani. Como en los casos del párrafo anterior, todos pagos a facturas “sin indicación de monto”.

Al final de todo el proceso de comisiones e intermediarios, a la provincia le quedaron u$s 189.733.590,65. Es decir, había perdido casi u$s 10,3 millones, por los cuales de todas formas terminaría pagando capital e intereses.

Pagos sin explicación (¿futuro juicio político?) 

El informe apunta que, según la información provista por el propio Ministerio de Economía provincial, las comisiones pagadas registraron las siguientes irregularidades:

-“No se verifica la cancelación de la obligación asumida con la calificadora de riesgo”. En lenguaje más sencillo: es como si el pago se hubiera hecho pero no registrado.

-Bruchou y Holland aparecen cobrando 600.000 dólares, aunque se los contrató por menos de la mitad: 260.000 dólares.

-“La contratación de Puente Hermanos estipuló un monto que no coincide con lo finalmente abonado”. 

-“No es clara la razón por que se abonó al Bank of New York Mellon la suma de u$s 4.475.000”. 

-“Se desconoce la justificación del pago de u$s 22.500” al mismo banco, por la factura 3240.

-“No coincide la suma acreditada en cuenta en comparación con el monto indicado”.

Las condiciones en las cuales se toma esta deuda, además, reniegan de la soberanía provincial en dos puntos clave: la garantía de pago son la regalías petroleras, y la jurisdicción para dirimir conflictos son los tribunales de Nueva York (aunque esto es habitual en la emisión de deuda pública).

-Además, por el mantenimiento de cuenta se abonan 5.000 dólares “durante la vida del Fideicomiso, pagadero el último día hábil de cada mes”. 

-Casi al finalizar, el informe destaca la falta de transparencia y claridad en los pagos efectuados: “no todos los montos abonados surgen de los contratos suscritos, sino únicamente de la documentación que estipula el pago (factura)”. Una modalidad que viola las normas de contratación de cualquier provincia, no sólo de Tierra del Fuego.

El informe, presentado a comienzos del 2018, fue firmado el 20 de diciembre de 2017 por los auditores Yesica Locker, Leonardo Barboza y Esteban Genaro.

Entre la clase política fueguina, muchos se preguntan cómo es que todavía no apareció un arrepentido por el proceso de esta deuda con comisiones que no se justifican, facturas que se pagan sin un contrato que las respalde, y una diferencia entre tasa activa y pasiva que le hace perder millones de dólares a la provincia.

El arrepentido (o arrepentida) podría ser cuestión de tiempo y números. Cuánto más cerca la elección a gobernador (será el 16 de junio), y más se consolide la distancia que Gustavo Melella (intendente de Río Grande) le saca a Bertone en las encuestas, crecerán las posibilidades. El tiempo y los hechos darán su veredicto. El Tribunal de Cuentas ya lo hizo.