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La continuidad de obras públicas, para empresas con problemas judiciales, es un tema de notoriedad pública. Llamarse Lázaro Báez o Cristóbal López significa que la condena judicial y mediática es también la posibilidad de no realizar más obras. Sin embargo, hay una segunda línea que goza de una opacidad mediática -aunque no exenta de problemas judiciales- que le garantizó seguir haciendo obras en la Era Macri.

Un gran ejemplo de ello es Construcciones Málaga, del empresario Damián Papasodaro, tan platense que fue candidato a presidente en Gimnasia y Esgrima, se cree que fogoneado por Ofelia Whilheim, la madre de Cristina Fernández de Kirchner. En esa compulsa, Papasodaro salió cuarto. No le va mejor con la obra pública: desde enero no puede participar en nuevas licitaciones de Nación, además de estar está vetado en Ciudad y Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, se las “rebusca”para cobrar algún dinero por avances de obras ya concedidas, que no serían tales, y ya están bajo objeto de estudio en el Ministerio del Interior que conduce Rogelio Frigerio.

De las causas judiciales que enfrenta Papasodaro, la más resonante es por facturas truchas -técnicamente “asociación ilícita fiscal”-, que tramita en el juzgado Penal Económico 8, a cargo del magistrado Gustavo Meirovich. La causa lleva el número 7416, y se titula “Papasodaro, Damián, Miralles, Sandra, Construcciones Málaga y otros …”. Lo más increíble es que esta causa se abrió porque Juan Suris acusó a Papasodaro y su empresa de utilizar facturas truchas en un esquema pergeñado para fovorecer al entonces gobernador Daniel Scioli, y que junto a la causa de Papasodaro, las declaraciones de Suris abrieron otras causa contra el más conocido Juan Carlos Mancinelli.

El fallo que prorroga la prisión preventiva de Juan Suris, de marzo del 2016 (en septiembre de 2017 fue liberado, pero las causas siguen su curso) es muy claro con respecto a la operatoria de Málaga y otras empresas: se dice que Suris admitió “estar involucrado en un entramado de negocios espurios (…), constatándose así la evasión fiscal por el uso de facturación apócrifa, en la que participaron necesariamente quienes lo proveyeron de la facturación apócrifa, los integrantes de la asociación ilícita fiscal”.

A raíz de ello, Málaga enfrenta el citado proceso judicial en el fuero Penal Económico. Que roza, aunque sin tocar, los motivos de suspensión del registro de obras públicas en el Ministerio del Interior: denuncia de un funcionario, autoincriminación (caso Odebrecht) o rescisión culposa de obras. 

Málaga incurrió en este último caso, pero en Provincia de Buenos Aires, con un tramo del Arroyo el Gato, clave para evitar inundaciones en La Plata. En cuanto a la Justicia, no llega a la denuncia de un funcionario, pero haber sido señalada por Juan Suris sin dudas resulta emblemático.

 

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