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Por Antonio D'Eramo

Integra la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. De avanzar las modificaciones a la ley 26.440 solicitada por el ministerio de seguridad de Patricia Bullrich y trabajada por el Senado de la Nación el miércoles 26, con nuevos agregados que obligará que los diputados vuelvan a analizar los cambios introducidos por los senadores, el expediente parlamentario encontrará en el diputado nacional ( UCR) por la provincia de Méndoza, Luis Alfonso Petri, a uno de sus principales defensores. De hecho es un proyecto de su autoría.

"Los cambios son necesarios",  dice Petri y espera que el juez Rossi que dejó libre al violador y asesino de Micaela, sea destituido pronto y advierte que" no es el único magistrado que deja salir presos de manera liviana".

Petri escuchando al titular de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti,  mantiene fluidos contactos con los integrantes de la justicia penal argentina y remarca "que es hora de cambiar de rumbo en un claro alegato contra el garantismo".

El Poder Ejecutivo ha logrado que el Parlamento debata el régimen laxo de salidas transitorias de condenados por el sistema penal. ¿Cuál es su reflexión de los momentos  que se están viviendo?

"Un paso trascendental se dio en el Parlamento el miércoles porque la idea es acompañar las reformas que han sido puestas a consideración de los senadores. Ya están reunidos están debatiéndola y sería tratada la semana que viene. A nosotros nos parece imprescindible dar la discusión, dar el debate, y provocar una modificación de un régimen de la ejecución de la pena que ya tiene veinte años y que ha fracasado y que necesita establecer un régimen de ejecución diferencial de las penas, fundamentalmente, de los delitos graves. Ya existe un régimen de ejecución diferencial para los delitos mas leves. Le doy un ejemplo, cuando una persona es condenada en la República Argentina por un delito con pena menor a tres años no va a prisión porque existe lo que se conoce como la condena de ejecución condicional. De la misma manera, nosotros creemos que tenemos que establecer el cumplimiento integro de las condenas cuando estamos en presencia de delitos graves. Homicidios; violaciones; secuestros extorsivos; casos de trata de personas y de violación de la ley de estupefacientes. En estos supuestos creemos que la resocialización debe darse puertas adentro. Esto es tienen que aprender oficios, educación y deben tener la obligación de trabajar pero esto debe hacerse puertas adentro mientras se extienda la condena. Porque de lo contrario suceden hechos como los de Micaela. Jueces que, livianamente, otorgan salidas anticipadas desoyendo los informes de los peritos y luego tenemos que lamentar vidas humanas que se pierden. Y, no es solamente Rossi, hay otros jueces que siguen con la matriz ideológica impuesta por Eugenio Raúl Zaffaroni".

Los reos que están con condena y sin ella empezaron una huelga de hambre, cometieron disturbios por esta propuesta que está siendo analizada. ¿Que opina de estas manifestaciones?

"En Devoto lo que ocurrió, habla a las claras, que la ley sirve porque fijése que los que están actualmente condenados y procesados en Devoto no van a ser alcanzados por esta reforma. Porque la ley penal que los rige es la del momento de ejecución del hecho y la ley procesal que rige es la del momento en que se produjo el delito. Quiere decir que cuando esta ley entre en vigencia va a regir para todos y cada uno de los delitos que se cometan durante la entrada en vigencia. Lo llamativo es que están protestando antes quiere decir que la ley es buena".

El tema tremendo de las violaciones seguidas de muerte ¿merece un tratamiento especial. Hay legisladores que hasta hablan de castración?

Hay una alta tasa de reincidencia. Pensemos que la violación agravada ya tiene en el derecho penal argentino una condena de veinte años. Lo que sucedió con Wagner es que tenía nueve años de prisión y había cometido dos violaciones y una tercera no se pudo determinar por la negligencia de la justicia provincial que no había corroborado el ADN del presunto autor. En los casos de delitos contra la integridad sexual, independientemente, que se debe cumplir con la totalidad de la condena hay que evaluar otras medidas post cárcel. La ministra de seguridad Patricia Bullrich habló de la posibilidad de internación, yo, estoy presentando en el Congreso de la Nación, un proyecto de ley que establece un régimen para violadores. Cuando se cumpla la pena privativa de la libertad, debe haber una pena accesoria que establezca, por ejemplo, la utilización de un dispositivo de monitoreo por el doble del tiempo de la condena. Un ejemplo hipotético. Si una persona es condenada a quince años de prisión, una vez cumplidos, los próximos quince años en libertad, deberá portar una tobillera que indique la geolocalización de esa persona. Para poder ubicarla en espacio y tiempo y realizar un control efectivo. No alcanza con el control en el domicilio, el control de la tobillera, mas el ADN en un banco de datos de violadores, pueden ser herramientas trascendentales para evitar que esa persona continúe cometiendo delitos una vez que recupera la libertad.

El servicio penitenciario es blanco de críticas constantes ¿están pensando en reformarlo desde el oficialismo parlamentario?

Hay que reformar todo el sistema penitenciario dando posibilidades ciertas para que las personas que estén en reclusión se eduquen, aprendan oficios, trabajen y, fundamentalmente, hay que poner el ojo en los organismos post penitenciarios. Hay que ver que sucede en la dirección de promoción de liberados, en los patronatos de liberados, que funcionan en las provincias. El sistema penitenciario es muy complejo. Tenemos 72.000 personas privadas de la libertad donde 10.000 son presos federales. Pero el resto son presos provinciales. Por lo cual los esfuerzos tienen que ser compartidos entre la Nación y las provincias para permitir que las condiciones correctas de detención se den en todo el país.