18 de Febrero de 2017 - 10:41

Millonario contrabando de los responsables de la Iglesia Adventista

La Aduana detectó en Zárate un envío de artículos electrónicos de alta gama enmascarado como “donación” para una universidad para evadir impuestos; el juez Adrián González Charvay procesó a la cúpula argentina del culto

El juez federal de Campana, Adrián González Charvay procesó por el delito de contrabando a dirigentes de la Asociación Argentina Adventista del Séptimo Día y a una despachante de Aduana por una importante cantidad de mercadería que llegó al país en dos contenedores provenientes de Estados Unidos, que figuraban como una supuesta donación. La irregularidad fue detectada por la AFIP en julio pasado.

Los acusados habrían cometido el delito de contrabando “al dificultar, mediante ardid y engaño, el adecuado ejercicio de las funciones que las leyes acuerdan al servicio aduanero para el control sobre las importaciones, realizando actos con el propósito de someter a la mercadería a un tratamiento aduanero y fiscal distinto al que corresponde a los fines de su importación, y haciendo uso de autorizaciones especiales y certificaciones expedidas contraviniendo las disposiciones legales y específicas que regulan su otorgamiento con el fin de obtener, respecto de la mercadería que se intentó importar, un tratamiento aduanero o fiscal más favorable al que correspondiere y mediante la presentación ante el servicio aduanero de documentos adulterados necesarios para cumplimentar la operación”, indica la resolución judicial.

Los procesados fueron: el presidente de la Asociación Argentina Adventista del Séptimo Día (Aaasd), Carlos Gill Krug; el tesorero de la Aaasd, Carlos Giménez Graf, ; Roberto Giaccarini, quien trabaja en la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales (ADRA) desde 2002; Oscar Ramos, rector de la UAP; Jorge de Sousa Matías, vicerrector de la UPA, y la despachante de aduana Nilda Saira, agrega el medio mencionado.

A Gill Krug, Giménez Graf, Giaccarini, Ramos y de Sousa Matías se les trabó un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 2.000.000 de pesos, mientras que para Saira fue de 600.000 pesos.

En julio de 2016 la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Dirección General de Aduanas informaron que al realizar una verificación “se pudo constatar la existencia de mercadería sin declarar que viola el régimen de donación. Surgió además, la existencia, prima facie, de una operación de contrabando documental y físico”.

Los organismos informaron que, entre otros artículos, se descubrieron televisores de pantalla curva de 65 pulgadas; otros de 75 pulgadas, de tecnología Android TV; aparatos Samsung Smart TV de 46 pulgadas; computadoras, drones profesionales con filmación, tablets, telefonía celular de alta gama, una consola de sonido digital y una filmadora de cine.

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