21 de Octubre de 2017 - 18:35

Crece la polémica por el territorio "sagrado" mapuche en Argentina

La urgencia por conocer las causas del deceso de Santiago Maldonado imposibilita, en muchos casos, que se ofrezca un contexto que explique el escenario donde se produjo la tragedia. La cuestión mapuche ofrece varias aristas para analizar. Una de ellas pasa por intentar comprender porque el Estado nacional tuvo que negociar para ingresar a tierras consideradas "sagradas". Hasta un juez supremo de Chubut se entrevistó con un encapuchado. Otro de los puntos pasa por analizar las razones de la "guerra" mediática y judicial entre los mapuches y los Benetton.

Por Antonio D'Eramo

(Primera parte de dos notas)

Finalmente, se impuso el principio de parsimonia, mejor conocido como Navaja de Ockham. El principio metodológico atribuido al fraile franciscano, filósofo y escolástico, Guillermo de Ockham, tiene aplicaciones en muchas disciplinas, pero podría ser resumida en pocas palabras, a saber: "cuando la explicación más sencilla es probablemente la explicación correcta. O sea, la explicación más sencilla suele ser la más probable. Esto implica que, cuando dos teorías en igualdad de condiciones tienen las mismas consecuencias, la teoría más simple tiene más probabilidades de ser correcta que la compleja". 

Las innumerables hipótesis esbozadas en torno de la desaparición y posterior hallazgo de los restos mortales de Santiago Maldonado en el rio Chubut comienzan a desmoronarse ante las revelaciones de los peritos que realizan la autópsia cuyos fundamentos parecen dar la razón a aquellos investigadores que habían sostenido que lo razonable era buscar en la comunidad Lof Cushamen, de los indios mapuches, más allá del río Chubut, para seguir buscando a Santiago Maldonado, en la que los aborígenes consideran "tierra sagrada".

Hasta hoy, este cronista no conoce la explicación oficial de por qué motivo ni el juez Guido Otranto, el primero encargado de la búsqueda por el habeas corpus interpuesto por la familia y aquel que ordenara la liberación de la ruta nacional 40 el 1 de agosto día de la última vez que se lo vió con vida a Santiago Maldonado, ni el ministerio de Seguridad dispusieron el rastrillaje en el interior de esas 1500 hectáreas.

Existieron reportes periodísticos que afirmaron que los perros entrenados en seguir rastros, olfateaban que el del joven desaparecido, se perdía hacia esa zona, cruzando el río. No se explica qué poder tienen los mapuches para impedir el paso de la Justicia y el Estado a un territorio que, en principio se halla en disputa, y aunque así no lo estuviera, el designarlo como "sagrado" no entra en la letra de ninguna ley que impida su acceso por razones más que razonables. La desaparición de un ciudadano.

Dicho esto hay que añadir que el conflicto indígena con el pueblo mapuche viene de lejos. Y se remonta al reclamo judicial realizado por una pareja de mapuches por tierras que la firma Benetton reivinidica como de su propiedad. Pero de los grandes terratenientes del sur y que se hallan a la vera del río Chubut​​​​​ nos ocuparemos en otra entrega. No perdamos de vista el temor o el respeto enseñado por las autoridades del Estado nacional a la hora de investigar en el territorio conocido como Pu Lof de Cushamen. El cadáver estaba a 300 metros río arriba de la zona donde se vio,  por última vez, al joven tatuador. En la zona de la comunidad mapuche Pu Lof de Cushamen.  De hecho se ha explicado que un mapuche fue el que avisó sobre la presencia del cuerpo, que además de alertar sobre este dato indicó que debía "ser buscado ya mismo", al nuevo juez federal de la causa, Gustavo Lleral. 

El contexto de esta causa es visible. La cuestión de la tierra indígena en la República Argentina y un relevamiento de los reclamos y de la situación en todo el país que ha sido  prorrogado, una vez más, por la desidia de los gobiernos anteriores que demoraron un mandato constitucional. El Senado de la Nación aprobó, el pasado 28 de septiembre, una nueva prórroga, por cuatro años, de la Ley 26.160, que suspende los desalojos en tierras habitadas por comunidades originarias hasta tanto se termine el relevamiento catastral que ya debió haber completado el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.

En la provincia de Chubut y, en provincias vecinas del sur cordillerano, el reclamo principal es que el que lleva adelante la comunidad mapuche. En esa provincia, gobernada por el peronista Mario Das Neves, existe un organismo que trabaja con esta cuestión. Su nombre es paradojal.  Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural (IAC). Organismo provincial que según sus registros públicos indica que en Chubut hay 3 millones de hectáreas de tierra cuya titularidad está sin regularizar, y conforme se cumplan los trámites de rigor, se sumarán a las 400 mil que ya se han ordenado, a fin de otorgar a las comunidades originarias la tenencia de la tierra. Según los registros públicos de la provincia, hay más de 110 comunidades originarias. Pero la visibilidad mayor se la lleva el pueblo mapuche y, principalmente, por el activismo violento de una facción de esa comunidad, identificada bajo la denominación de RAM (resistencia ancestral mapuche).

Suelen cometer daños contra la propiedad en la República Argentina y, tras la cordillera, en territorio de Chile, donde son considerados una amenaza "terrorista" por ese estado, con análisis de hipótesis de conflicto, entre otras prevenciones. Acaso eso explique los remilgos y el intento de avanzar sin violencia de parte de las autoridades judiciales provinciales, en un primer momento, y federales, después. En la provincia de Chubut hubo fuertes críticas y polémicas por la foto que se publicó en el diario La Jornada, y que ilustra esta nota, donde se observa al juez Alejandro Panizzi, ministro del Superior Tribunal de Justicia de esa provincia, dar la mano a un mapuche encapuchado, supuesto activista del RAM, como si se tratara de una negociación que recuerda a lo visto en Chiapas, México, en épocas de auge del comandante Marcos. El encuentro del juez y el encapuchado fue el 17 de enero pasado. Cuando nadie pensaba que un hecho como el que terminó con la vida de Santiago Maldonado podría suceder.

El hecho desató la interna entre el poder ejecutivo y el judicial de la provincia patagónica. El gobernador Das Neves criticó a Panizzi al expresar, “no es un buen síntoma ver a un ministro del Superior dándole la mano a un encapuchado". Panizzi realizó su descargo expresando: “Lo comprendo, debe haber entendido que pretendí subrogarme a las funciones de la cartera política, pero no es así; simplemente fui a hacer una modesta exhortación de una posición que me parecía fructífera y en buena parte lo fue, los niveles de tensión se atenuaron”. Dijo que su visita a la Lof de Resistencia Mapuche fue para “exhortar a los interesados a concurrir a una mesa de diálogo”. Ofreció el Poder Judicial como espacio para el encuentro entre las partes. Y explicó que su llegada no condiciona posibles sentencias sobre el tema.

Consultado acerca de la razón de su entrevista por el reclamo de tierras y su reunión con dirigentes mapuches acusados de violentos, allegados al detenido Jones Huala, Alejandro Panizzi reclamó mayores incumbencias para su cargo de magistrado. "Nosotros no sólo tenemos la función de juzgar los crímenes, también tenemos una función de gobierno que va más allá de estar sentados en el estrado”, sostuvo el componedor Panizzi. Luego, al diario el patagónico, involucró a la Iglesia Católica Argentina. Dijo haber "ido porque me lo pidió la iglesia" y defendió su intervención en el conflicto desatado en Leleque, aclarando que solo tuvo como objetivo "buscar apaciguar los ánimos y evitar una tragedia mayor".

Demás está decir que tanto el juez Panizzi como el gobernador Das Neves mantuvieron un discreto segundo plano, tanto en el desalojo de la ruta nacional 40, del 1 de agosto, fecha de la desaparición de Santiago Maldonado, porque la traza es jurisdicción nacional, como en el resto de las polémicas por la investigación llevada adelante en primer lugar por el juez federal Guido Otranto, que nunca ingreso al Puf Lof, y el equipo del ministerio de seguridad nacional dirigido por la ministra de la administración de Mauricio Macri, Patricia Bullrich. 

El titular del IAC (instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural ), Máximo Pérez Catán, sostiene que "en Chubut, la mayoría de los trámites en ejecución, son títulos comunitarios. Estamos tratando de plantear al Ejecutivo provincial, una incentivación respecto a que cualquier título que tramite un poblador que tiene un ascendiente en una familia originaria, pueda iniciar el trámite como un título comunitario directo porque el título comunitario, es un título por el cual la tierra asignada no está en el comercio y por ende no puede ser embargada, ni vendida, ni transmitida. Queda para esa familia por todos los tiempos y no puede ser objeto de venta o intervenida por acción judicial en algún tipo de restricción”, explicó el funcionario. El funcionario señala que los conflictos por la tierra son de larga data y Chubut no es la excepción, puesto que hay comunidades que tienen trámites que se iniciaron cuando la provincia era territorio nacional, “por ejemplo, en Cushamen tenemos títulos otorgados en 1908 y hay toda una larga historia”. 

El juez Alejandro Panizzi y un encapuchado del RAM

Habrá una segunda parte

 

 

 

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